Sala de lo Constitucional ordena al ministro de Hacienda pagar el FODES “de manera inmediata”

La Sala admitió un recurso de amparo promovido por el alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián Ramírez.

Por Mario González | Feb 04, 2021- 20:48

Foto EDH/ Jonatan Funes

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que lleve a cabo “de manera inmediata” las gestiones administrativas y financieras para que se paguen los fondos de desarrollo de las diferentes municipalidades del país, conocidos como FODES.

El máximo tribunal le ordena que haga un calendario de transferencias para que “no se repita” el atraso en el pago, que lleva ocho meses pese a ser de obligatorio cumplimiento porque es ley de la República.

La decisión fue notificada a los ediles este jueves tras admitir la Sala un recurso de amparo promovido por el alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinián Ramírez.

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Según la Corporación de Municipalidades (COMURES), el gobierno de Bukele ha alegado una serie de excusas para no pagar el FODES desde junio pasado, mismas que los alcaldes le han desmentido, entre ellas que Hacienda ya no tenía dinero pues ya se había utilizado, pero cuando se les dijo que eso sería constitutivo del delito de malversación, desistieron de ese argumento.

Luego argumentaron que el dinero se utilizaría para la compra de vacunas, pero no había ni gestiones para ello, y después alegaron que no tenían dinero para pagar el FODES, pero el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, reveló que una auditoría estableció que el gobierno tenía el dinero para esa partida.

Ante eso, en la última resolución, la Sala le ordena al Instituto de Desarrollo Municipal (ISDEM) presente un informe mensual sobre si ha recibido las transferencias del Ministerio de Hacienda para las diferentes comunas.

El Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien preside el ISDEM, ha denunciado que el atraso del gobierno de Bukele en el pago del FODES y la deuda política de los partidos es parte de un “fraude electoral” para favorecer al oficialismo utilizando a las instituciones y recursos del Estado contra adversarios políticos.

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