La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema impuesta por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo abrió el viernes por la noche las puertas a una reelección presidencial de Nayib Bukele para el período 2024-2029.
Dicha resolución fue emitida en torno a una demanda que presentó el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya contra Nancy Díaz de Martínez por presuntamente haber violado la Constitución, que establece que las personas que promuevan o suscriban actas para apoyar la reelección o continuación del presidente pierden sus derechos ciudadanos.
Los integrantes de la Sala exoneraron a Díaz de Martínez, alegando que la demanda no tiene efecto por estar basada en una “interpretación errónea” de la Constitución por parte de Anaya.
Aunque no fue eso lo que Anaya solicitó, los abogados fueron más allá y ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) “dar cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado a permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal 1° que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
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Este texto, según el abogado y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC), Wilson Sandoval, significa que Nayib Bukele podrá reelegirse en 2024, aunque la resolución sea contraria a la Constitución misma.
"Es un cambio jurisprudencial", añade Sandoval, quien además afirma que es contraria a la Constitución porque ahí ya "se establecen los dos períodos de espera para la reelección, y de hecho, la Sala ya había emitido en 2014 jurisprudencia que dejaba claro ese mecanismo", cuando Elías Antonio Saca se presentó a la candidatura.
Con respecto a la resolución, el abogado afirma que "ya se sabe por qué la Sala lo está haciendo, y es curioso que haya aprovechado este momento simbólico", como lo es la pérdida de derechos ciudadanos de Díaz de Martínez para poder lanzar este anuncio importante.
Estructura de golpe en secuencia
El constitucionalista Francisco Bertrand Galindo agrega que la resolución es una "confirmación de una estructura de golpe en secuencia" que se ha venido configurando en el presente gobierno, y hace énfasis a distintas etapas y fases que se han venido realizando para establecer una dictadura o un régimen autoritario.
Galindo también considera que la interpretación que se ha realizado de la Constitución en la resolución emitida es "retorcida" y menciona que habrá que revisar cómo se contrastará con otros artículos de la Carta Magna que hablan de la no reelección presidencial, entre los cuales hay uno que obliga a una rebelión si el presidente continúa un día más en el cargo luego de finalizar su período presidencial.
Este artículo es, específicamente, el 88 y, según el juez Juan Antonio Durán, la resolución riñe directamente con lo que establece dicho artículo, mismo que habla sobre la alternabilidad de los períodos presidenciales. "Esta violación obliga la insurrección", señaló durante una foro virtual desarrollado minutos después de la resolución en la plataforma de Twitter.
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Por su parte, el abogado Enrique Anaya, quien originalmente interpuso la demanda contra Díaz de Martínez y cuyo sobreseimiento dio paso a la resolución en cuestión, afirmó en el mismo foro que la intención que buscan los magistrados impuestos es "permitir la reelección inmediata al menos por un período más".
Sin embargo, también añade que será necesario revisar a profundidad cada apartado de la resolución para encontrar las partes que puedan "negar esta aberración", algo que califica como una "vergüenza absoluta" en términos constitucionales.
Bertrand Galindo, además, agrega que la resolución emitida por la Sala impuesta "no soporta el análisis lógico la interpretación de la Sala, pero es lo que ya veíamos venir."
Mientras los abogados constitucionalistas y expertos en leyes discuten sobre lo "oscuro y confuso" de la resolución, como lo calificó la abogada Marcela Galeas, el aparato oficialista, entre diputados y activistas afines a Bukele, han comenzado una campaña en redes sociales con fotografías del actual presidente y con los años 2024-2029 acompañando las imágenes.
Abogados cuestionan resolución
"La elección 2024 será una gran farsa", afirma de forma contundente el abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien subraya que con anterioridad ya se había advertido que existía la vía de la Sala impuesta para "romper la alternancia y permitir la reelección, pese a que está prohibido".
Similar opinión tiene el abogado Javier Castro, quien además agrega que el actuar del Gobierno, a través de la Sala impuesta, es similar al proceder de otros países con regímenes consolidados, como lo son Nicaragua y Venezuela, por lo que señala que en estos países son los tribunales constitucionales, "cooptados por el régimen quienes violan la Constitución y alteran las reglas de reelección y con ello destruyen la democracia" en esos países.
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Por ello, Anaya considera que los únicos que pueden detener este tipo de acciones de consolidación de la dictadura son los jueces y las juezas del país, no obstante, considera que la reforma a la Carrera Judicial aprobada por la Asamblea oficialista esta semana, y que obligarían a los jueces mayores de 60 años a abandonar sus cargos, ha sido con el propósito de que los funcionarios judiciales frenen este tipo de acciones.
Asimismo, afirma que en la última semana se ha visto un aumento en las acciones autoritarias de parte del Gobierno, por lo que cree que el acuerdo que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional "ya no prosperó" y por eso se ha acelerado el proceso hacia una dictadura. "Los jueces son el último refugio de la democracia en este país", concluye.