Decreto contra abusos en la cuarentena frenado por Bukele va a estudio de Sala de lo Constitucional

El decreto fue emitido el pasado 16 de abril por la vulneración de la Constitución de la República, en lo relativo a la libertad de circulación y otros derechos, pero fue vetado por el Ejecutivo y ratificado posteriormente por la Asamblea.

En una imagen del 22 de marzo, policías cuestionan la salida de las personas que circulan en vehículos, como parte de la cuarentena impuesta por el Gobierno. Foto: Jessica Orellana

Por Mario González

Jul 01, 2020- 11:47

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió abrir un proceso de controversia promovido por el presidente Nayib Bukele contra la Asamblea Legislativa por la emisión y ratificación del decreto Legislativo 632, que contiene una ley especial para proteger los derechos humanos de los salvadoreños durante el Estado de Emergencia establecido en marzo.

El decreto fue aprobado por los diputados después que la Sala de lo Constitucional ordenó que cesara la serie de “arbitrariedades y abusos” en la implementación de la cuarentena domiciliar que el Gobierno puso en marcha desde marzo.

El Tribunal Constitucional se pronunció ante una serie de recursos que tramitó porque efectivos de la Policía y el Ejército estaban cometiendo una serie de detenciones arbitrarias de personas que andaban las calles, las cuales eran enviadas sin ningún criterio sanitario a centros de retención. Más de 2,000 personas corrieron esta suerte, según se denunció.

La Asamblea emitió el decreto 632 el pasado 16 de de abril, pero fue vetado por el Ejecutivo. La Asamblea entonces lo ratificó.

Al ver que la Asamblea ratificó el decreto, Bukele impidió su vigencia promoviendo el proceso de controversia el 6 de mayo pasado, bajo el argumento de que dicha normativa vulneraría el principio de seguridad jurídica porque establece disposiciones ya previstas en otros cuerpos normativos.

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La Sala ha dado ahora diez días hábiles, a partir del siguiente a la notificación, para oír los alegatos del presidente Bukele, así como el mismo plazo para la Asamblea Legislativa para que se pronuncie posteriormente.

El proceso de controversia es una especie de “juicio” que surge con motivo de la superación que la Asamblea Legislativa hace de un veto presidencial basado en motivos de inconstitucionalidad. Es decir, la Sala determina si una legislación vetada está apegada a la Constitución o no.

El decreto que frenó Bukele establece que las personas conservarán sus derechos y garantías fundamentales, especialmente, el derecho al libre tránsito para ir al trabajo, abastecerse de alimentos, agua potable, compra de medicamentos, tratamientos médicos, operaciones bancarias o asistencia a un familiar en caso de urgencia, enfermedad grave o fallecimiento.

Además, prohibía a los funcionarios del Gobierno o cuerpos de seguridad detener a las personas y llevarlas a centros de contención, bartolinas, centros penales o delegaciones policiales como “castigo o sanción” por incumplir la cuarentena.

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Tampoco podían decomisar vehículos ni establecer estados de sitio, toques de queda o restricciones no contempladas en la ley.

Además, confirma que la morada será inviolable dentro del marco de lo que establecido en la Constitución de la República.

Según el decreto, las personas solo podrían ser retenidas en cuarentena o internamiento sanitario forzoso en centros de contención u hospitales cuando se comprobara que presentaran síntomas del COVID-19.

El decreto le daba a los retenidos el derecho a ser informados sobre su estado de salud, procedimientos médicos realizados y resultados, así como a recibir un trato digno y adecuado y atención especial si padecían de una enfermedad crónica.

En el caso de los varados en el exterior, establecía que es su derecho ingresar al territorio nacional y someterse a los protocolos sanitarios establecidos.

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