La Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo contra el Ministro de Salud y los directores de los hospitales Rosales y San Rafael por denunciadas omisiones para el tratamiento de una paciente de cáncer.
Paciente con cáncer de hígado demanda a directores del Rosales y San Rafael por falta de atención
Se trata de doña Adilia del Carmen Barraza, quien fue diagnosticada con cáncer hepático grado “A” en el Hospital San Rafael de Santa Tecla y a pesar de que su mal tiene posibilidades de ser sanado, su hijo Jorge Barraza, manifiesta que, en vez de darle atención, lo que han hecho en el Hospital Rosales es darle el alta.
El caso fue ampliamente difundido por El Diario de Hoy y elsalvador.com la semana anterior.
Este lunes, la Sala anunció que abre un proceso formal por la presunta omisión atribuida al Director del Hospital Nacional San Rafael por no haber informado en forma oportuna a la demandante, a la que sólo identifica como B, sobre el diagnóstico de su enfermedad.
Asimismo juzgará la aparente omisión del Director del Hospital Nacional Rosales de brindar el tratamiento médico idóneo para que tratar el cáncer que padece la señora B.
En ese sentido, también determinará si hubo omisión del Ministro de Salud –como titular del Ministerio de Salud que es el encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud– de brindar “… los elementos humanos necesarios y capacitados, así como los medicamentos y herramientas necesarias…” para que la paciente reciba el tratamiento adecuado para su enfermedad.
A juicio del tribunal, estas omisiones en virtud de las cuales se habrían vulnerado los derechos a la vida, a la salud y a la información en materia de salud de la afectada.
Según el proceso, el 31 de marzo de 2020 la señora llegó al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla por presentar fuertes dolores abdominales, que luego de varios exámenes se le diagnosticaron cálculos en la vesícula y, por lo mismo, fue intervenida quirúrgicamente para extirpársela por completo.
Posteriormente, refiere que el 6 de abril de 2020 fue dada de alta sin que se le informara de los resultados de la operación pese a que lo solicitó, así como tampoco se le hizo saber que requeriría una nueva intervención.
Asimismo, precisa que en el Hospital Nacional San Rafael nunca se le hizo saber que su diagnóstico era cáncer de vesícula invasivo, que había sido operada por ese motivo, que el cáncer había comenzado a invadir el hígado y que por ese motivo necesita otra operación, situación que no se le comunicó pese a que sí constaba en su expediente clínico.
Seis meses después de la referida operación la paciente empezó a sentir dolores abdominales y otros síntomas, por lo que luego de algunos exámenes particulares se enteró de su padecimiento de cáncer, razón por la cual fue remitida al Hospital Nacional Rosales. De ese modo, señala que el 21 de octubre de 2020 fue ingresada al área de quirófanos del Hospital Rosales para ser intervenida; sin embargo, dicha cirugía fue suspendida por considerarse de alto riesgo aduciendo que implicaría una extirpación mayor al 50% del hígado, pese a que en otros casos ya se han hecho intervenciones con porcentajes mayores.
Aunado a ello, expone que médicos del Hospital Nacional Rosales han manifestado que no tienen los medios para someterla una cirugía de la complejidad que esta necesita y que podría ser la efectiva para tratar el cáncer que padece. También que el 24 de octubre de 2020 fue dada de alta del citado nosocomio “… recibiendo como medicamento pastillas de acetaminofén y pastillas de tramal para el dolor, y ninguna clase de medicamento o tratamiento para contrarrestar el cáncer de hígado que padece, con la única indicación de que saque cita con el oncólogo”.
La Sala recalca que se estima vulnerados los derechos a la salud y a la vida de la demandantes, pues el Director del Hospital Nacional San Rafael omitió informarle que padecía cáncer hepático, lo que tuvo como consecuencia la falta de tratamiento por 6 meses contra esa enfermedad. El Director del Hospital Nacional Rosales ha negado brindar el tratamiento efectivo para el tratamiento del mencionado padecimiento y el Ministro de Salud no ha brindado los insumos médicos necesarios para que se brinde el tratamiento adecuado para el cáncer hepático de la pretensora.
Por lo anterior, ordena la Sala, mientras dure la tramitación de este proceso de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo, las autoridades demandadas deberán asegurar que de manera inmediata se le brinde a la señora B el tratamiento terapéutico y los medicamentos adecuados para su enfermedad –entre el que podría llegar a encontrarse la realización de una cirugía, trasplante de hígado o cualquier otro que se estimara como médicamente efectivo–, de conformidad con el respectivo análisis médico de la evolución de su padecimiento y el resultado obtenido con los tratamientos anteriores que le han sido ordenados.
Las autoridades señaladas deben documentar las actuaciones realizadas y presentarle un informe por escrito también a la paciente sobre su estado de salud, el cual deberá contener su diagnóstico, el tratamiento que se le ha dado a su padecimiento desde el inicio, el tratamiento a seguir, las diferentes alternativas, riesgo, evolución y pronóstico respectivo de su enfermedad.
Asimismo, su médico tratante deberá explicarle de forma sencilla y comprensible tal información. Además, deberá tenerse en cuenta que el hecho de haberse decretado emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19 no puede ser utilizado como excusa para que los referidos hospitales no cuenten con los insumos médicos suficientes para brindar el tratamiento médico que la paciente requiere para tratar el cáncer que padece.