El sacerdote guatemalteco, José Venancio Boror Uz, de 63 años, seguirá detenido, luego de que el Juzgado Quinto de Instrucción le denegara la libertad condicional que habían solicitado sus abogados defensores en una audiencia de revisión de medidas.
La defensa del sacerdote argumentó que su cliente se encuentra enfermo por lo que era necesario que siguiera siendo procesado en libertad.
Su abogada Delma Rivas dijo antes de entrar a la diligencia judicial que pediría que el sacerdote Boror Uz sea procesado en libertad, pero cumpliendo con medidas alternas a la detención porque se le sube la presión arterial a raíz de que padece de una enfermedad que no reveló.
Agregó que presentarían la documentación migratoria que supuestamente demuestra que el sacerdote Boror Uz estaba en Guatemala, en las fechas en las que una de las víctimas aseguró que abusó sexualmente de ella. Sin embargo, la referida documentación no fue tomada en cuenta por el juez porque está vinculada a otro proceso judicial que el sacerdote tiene en el Tribunal Quinto de Sentencia.
En el proceso judicial que lleva el Juzgado Quinto de Instrucción, la Fiscalía General acusa al sacerdote guatemalteco de haber agredido sexualmente a una niña que pertenecía al coro parroquial.
Los familiares de la menor aseguraron a la Fiscalía que Boror Uz habría cometido los vejámenes contra la niña, cuando ella asistía a la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en San Salvador, a ensayar los cantos para la misa dominical.
La segunda audiencia fue programada por el tribunal Quinto de Sentencia en un intento de sus defensores para lograr la libertad condicional del sacerdote, quien guarda prisión en un centro penal desde abril del año pasado.
En este proceso, la Fiscalía lo acusa de agredir sexualmente a dos menores que también eran parte del coro parroquial. La audiencia conocida como de revisión de medidas está prevista para después de la diligencia del Quinto de Instrucción.
Otra audiencia programada por el Juzgado Quinto de Instrucción contra un oficial de la Policía, un agente y dos civiles; acusados de asesinar al investigador de la División élite contra el Crimen Organizado (DECO), Francisco Noel Herrera Merlos, ocurrido la noche del 19 de octubre pasado en El Carmen, colonia Escalón de San Salvador.
En este caso están acusados el inspector de la Policía, Elio Francisco López Aguilar, quien goza de libertad condicional; el agente, Manuel de Jesús Valenzuela Lima y los civiles, Daniel Isaac Castillo Recinos y Carlos Eliézar Ramírez Aguilar.
Los defensores de éstos últimos pidieron que fueran procesados en libertad, pero el referido juzgado también les denegó ese beneficio por considerar que no cumplen con los requisitos de ley para acceder a medidas alternas a la detención, según la oficina de prensa del centro judicial.
En la audiencia se conoció que la ropa que vestía Ramírez Aguilar resultó con rastros de sangre que se presume era del agente asesinado. La Fiscalía General señala al agente Valenzuela Lima de haberle disparado a su compañero de la corporación policial, luego de sostener una acalorada discusión y porque supuestamente la víctima, Herrera Merlos, los amenazaba con una granada que resultó ser de humo.
Ayer, el Tribunal de Sentencia resolvió dar arresto domiciliar en una parroquía y fianza de $500 a Boror Uz, sin embargo, la orden no puede ejecutarse, ya que el sacerdote tiene otro proceso abierto donde se mantiene preso.