Rodolfo González: “Violar la Constitución con la excusa de la pandemia resultará muy caro”

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional reconoce que la crisis debe ser manejada por el Ejecutivo, pero aclara que esto no lo faculta a romper la legalidad.

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El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional explica que no debe sorprender que esta institución reciba ataques del poder por ser la entidad que establece límites y le dice “no” a quien gobierna . Foto EDH / Archivo

Por Ricardo Avelar

2020-07-09 8:23:33

Más allá de la crisis sanitaria en el país, hay temor de que la democracia esté en riesgo. El Diario de Hoy conversó con Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, para entender qué implica defender la legalidad en una pandemia. Además, se le consultó por qué cree que hay tanta agresividad del Ejecutivo (no este, sino en todas las gestiones) hacia los jueces constitucionales, y su respuesta es simple: “Porque son quienes controlan y le dicen al poder que hay cosas que ‘no se puede hacer’”.

¿Cómo interpretar la aparente batalla jurídica en el país?
Yo parto de dos premisas: La Constitución hace un reparto de competencias entre órganos y la potestad de emitir reglas y normas que regulan la conducta de los ciudadanos, como decir que no puede salir o viajar entre municipios, es materia exclusiva de la Asamblea Legislativa. También las cosas más graves como el régimen de excepción, encerrar a la gente o paralizar actividades normales, es competencia de la Asamblea por causas preestablecidas en la Constitución.

¿Y la segunda premisa?
Un sesgo o error que ha tenido el presidente de la República desde que la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia, es haber dicho que tiene la facultad de proteger a la población, su salud y salvar vidas, pero malentendiento los funcionamientos normales del régimen republicano, entiende la intervención de la Corte y la Asamblea como obstáculos para su misión salvadora de vida y salud.

La Constitución da la competencia de regular conductas ciudadanas a la Asamblea, donde hay 84 diputados que cuesta poner de acuerdo versus dársela al Ejecutivo que funciona con verticalidad. Esto, por la pluralidad, las distintas corrientes de pensamiento, el debate, la deliberación y publicidad que no se da en el Ejecutivo donde los ministros son subordinados del presidente. Y más en el contexto actual, donde el mandatario cree tener la razón en todo y que difícilmente acepta una posición contraria.

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La democracia es lenta pero el virus no. Siendo abogado del diablo, queremos mantener a la legalidad vida, ¿pero esta nos mantiene vivos a nosotros?
La Sala lo dijo en una sentencia en junio: es atribución del Consejo de Ministros (Ejecutivo) pedir a la Asamblea reunirse de manera urgente para abordar la petición de un régimen de excepción y es obligación de la Asamblea reunirse con rapidez para analizarlo, porque la pandemia no espera. La Sala incluso dijo que procedimientos normales para que entre en vigencia una ley se acorten por la urgencia.

Una cosa es responder con celeridad y otra es lo que nos ha pasado, un intento clarísimo del Ejecutivo de usurpar atribuciones de la Asamblea, como cuando a las 11 p. m. el Ejecutivo convocó a conferencia de prensa y estableció el Estado de Emergencia. La Corte dijo que era una invasión de competencias del Ejecutivo a la Asamblea.

Tenemos tres temas clave: una crisis de salud que hay que afrontar, un problema de la economía, y la democracia. Violar el régimen constitucional con la excusa de la epidemia resultará muy caro a futuro.

¿Qué tan en riesgo está la democracia en términos reales?
Hay un problema doble: un Ejecutivo que antes del régimen de excepción daba señales problemáticas. El 9 de febrero, el presidente llegó al Salón Azul a querer forzar que los diputados deliberaran y le aprobaran un préstamo para seguridad. Y en la crisis ha sido señalado por organismos como Human Rights Watch, la comisionada de la ONU para Derechos Humanos o Amnistía Internacional que los centros de contención, el tratamiento a los varados y la invasión de competencias del Ejecutivo han sido comportamientos erráticos y ponen en riesgo la democracia. Llegó al punto de decir que no cumpliría fallos de la Sala de lo Constitucional, algo intolerable.

¿Y del otro lado?
Hemos visto un comportamiento de la Asamblea no obstruccionista pero con una tendencia de no asumir responsabilidades. Pero el Ejecutivo también se atribuyó la responsabilidad total excluyendo a otras entidades. Hace apenas unos días hemos visto una reacción fuerte e impropia del presidente sobre los planes municipales para colaborar con el control de la crisis. Hay un nivel de autonomía municipal pero los municipios no son 262 principados que puedan ir a contracorriente ignorando las potestades del Gobierno Central. Hemos visto jaloneos, más de parte del Ejecutivo a mi juicio.

¿Qué tan responsable es el Ejecutivo de tanta incertidumbre que vemos?
Los jueces controlan el respeto de la legalidad. La Asamblea aprueba presupuesto, crea plazas y aprueba leyes. El diseño, implementación, ejecución y control de las políticas públicas es atribución del Ejecutivo y eso lo sabe alguien desde que asume el cargo. Usted se postula para ser presidente y no puede tomar la actitud casi infantil de pasar culpando a otros de que algo no sale bien.

La teoría da la razón a la Constitución, pero el Ejecutivo tiene la fuerza. ¿Estamos desprotegidos ante abusos?
Hace 28 años se reformó profundamente el sistema al redefinir el rol de la Fuerza Armada y quitarle funciones de seguridad pública e intervención en asuntos políticos y civiles, además de establecer que no obedece a un caudillo, sino un respeto institucional.

Cuando ve los tuits del ministro de Defensa mostrando lealtad no institucional, sino a la persona que utiliza el cargo temporal, uno se pregunta si cuando dice que cumplirá órdenes, va a hacerlo incluso si le pide violar derechos humanos. La misma Sala, ante abusos de poder, dijo que estos traerán responsabilidades civiles y penales y no puede eximirse de la responsabilidad diciendo un funcionario que cumplía órdenes. La obediencia debida no vale cuando se trata de violaciones a derechos humanos.