Roberto Silva: "No he hablado con mis abogados, se me ha coartado ese derecho"

La vista pública contra Roberto Silva Pereira fue reprogramada debido a que los defensores del imputado no se presentaron.

descripción de la imagen

Por Lissette Lemus

2022-01-17 2:48:08

El Tribunal Cuarto de Sentencia reprogramó la vista pública contra Roberto Silva Pereira, de los delitos de cohecho activo y lavado de dinero, debido a que los abogados defensores no se presentaron.

De manera virtual Silva fue notificado por el Tribunal que la defensa no se había presentado, por lo que se le consultó si tenía cómo comunicarse con ellos, nombrar otro defensor o si se aceptaba que se le asignara un defensor público.

Podría interesarle: Fiscalía: pruebas tecnológicas incriminan a Roberto Silva

Silva comentó ante las juezas que desde el penal de Zacatraz no tiene los medios para comunicarse con sus defensores y confirmó que deseaba que fueran los mismos abogados que lo representaran en la vista pública, la cual ha sido reprogramada para mañana.

El acusado explicó de manera virtual que en todo este tiempo no ha podido comunicarse con sus abogados y que ese derecho le ha sido coartado, mientras permanece recluido en el penal de Zacatecoluca. En la audiencia preliminar realizada en febrero de 2021, el exdiputado fue representado por los abogados Nelson García y Rey Nochez Peña.

También: Roberto Silva, activista pro Bukele, seguirá detenido por agredir a excandidatas del FMLN

El 17 de diciembre de 2021 se había programado una audiencia especial para verificación de pruebas, pero los abogados tampoco comparecieron en esa ocasión, ni han realizado ninguna petición en ninguna de las 54 piezas que conforman el expediente contra Silva.

Por tanto, la jueza declaró "abandonada la defensa" y les dio un ultimatúm de 48 horas para que presenten un motivo que sea justificable la inasistencia a la vista pública.

El exdiputado suplente Roberto Silva es señalado por la Fiscalía de sobornar alcaldes para obtener fondos públicos de manera ilegal e introducir al sistema financiero aproximadamente $14 millones.

Según la acusación, entre 2003 y 2006 Silva realizó negociaciones con diferentes alcaldes por medio de una sociedad constructora de su propiedad, en las que ofrecía realizar proyectos y obras en los municipios sin pasar por el procedimiento que establece la ley Lacap.