Organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, así como habitantes de las poblaciones afectadas en suelo guatemalteco, sostuvieron este lunes una reunión urgente con representantes del gobierno del vecino país, para exigir que se ponga freno al avance de la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, a unos 14 kilómetros del Lago de Güija en Metapán, El Salvador.
La reunión fue organizada por el diputado guatemalteco Aldo Dávila, del partido Winaq, y en la misma participaron representantes guatemaltecos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
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También concurrieron miembros de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMES), Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), Colectivo Madre Selva, Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa y Consejos Comunitarios de Desarrollo de Asunción Mita.
Las entidades salvadoreñas expresaron en un comunicado público que "el pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources, desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana".
Lo que procede según los ambientalistas no es una actualización, sino un verdadero e integral estudio de impacto ambiental, pues el proyecto ha cambiado de forma dramática al plantearse con extracción a cielo abierto, un método mucho más contaminante. Los representantes del Gobierno chapín dijeron que tardarán unos dos meses en dar una respuesta técnica a la petición de la compañía Elevar Resources.
El diputado Dávila expresó que, como secretario de la comisión de integración regional en el parlamento de Guatemala, hará gestión para citar al corto plazo al seno de dicha comisión a los ministros o viceministros que corresponda, para que den explicaciones.
Dávila publicó en Twitter que "este proyecto contaminó el Río Lempa, que es la fuente más grande de agua para El Salvador, y Guatemala autoriza la explotación sin respetar a la población que sufre el costo ambiental y daña, tanto en Guatemala como a El Salvador, con desechos tóxicos en el río y arsénico en las quebradas. Existe respaldo científico del grado de químico en el agua, pero las autoridades piensan en intereses personales dejando a millones de personas en riesgo de muerte y enfermedades crónicas y la tierra destruida".
El comunicado de los ambientalistas denunció también ante las autoridades de Guatemala que hubo "poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone (canadiense) y su subsidiaria Elevar Resources. En sus comunicados de prensa, Bluestone Resources manifiesta que ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer tres millones de onzas de oro y diez millones de onzas de plata".
Documento diplomático
Ingrid Hausinger, como representante del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, consultó a las autoridades chapinas presentes en la reunión sobre el memorándum del 22 de diciembre de 2021, enviado por el embajador guatemalteco en El Salvador, Hugo Rodríguez Cardoza, a la doctora Ana Elizabeth Villalta, directora general de soberanía e integridad territorial de la administración Bukele; en dicho documento, se plantea que la mina no está utilizando ni utilizará a futuro el Río Ostúa para drenar el agua de la mina. Sin embargo, los mismos estudios de la empresa minera en 2007, así como la actualización de 2021, reflejan justamente lo contrario: que el Ostúa sí será utilizado para dreno de la mina.
Hidróloga de profesión, Hausinger también les hizo ver que la mina Cerro Blanco implicará la deforestación de 461 hectáreas, y que el proyecto no incluye el monitoreo de gases tóxicos ni metales pesados.
En la reunión también participó Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana frente a la Minería, quien recordó que "desde hace más de 15 años, como salvadoreños hemos presentado estas preocupaciones ante las autoridades guatemaltecas. Hemos mantenido que esta mina es un peligro para las cuencas binacionales. Tenemos evidencia y hay opinión experta que la contaminación de la mina, como se planteaba originalmente que era una mina a túneles, podría contaminar la cuenca Ostúa-Güija-Lempa, que es la fuente de agua más grande que tenemos, lo que afectaría a millones de personas. El Lempa provee agua a dos tercios de la población del Gran San Salvador".
Foto EDH/ Francisco Rubio
Si se da luz verde a la empresa Elevar Resources para que opere la mina Cerro Blanco a cielo abierto, Cabezas advirtió que será "un proyecto mucho más agresivo, que están planteando sacar el triple de la cantidad de oro y plata que originalmente habían determinado. Van a multiplicar más de 10 veces la cantidad de desechos tóxicos que esta mina va a dejar en el territorio. Según el estudio de impacto ambiental, son más de 144 millones de toneladas de desechos tóxicos que van a quedar en Asunción Mita. Hay comunidades canadienses que todavía se están recuperando del daño ambiental por ese tipo de minería, 50 o 60 años después".
Por su parte, Nelly Rivera, de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, explicó que desde 2008 han monitoreado el nivel y calidad del agua en la zona de Metapán, tanto en el Río Ostúa como en el Lago de Güija, y describió que la cantidad de agua disponible para las comunidades ha disminuido; así mismo, explicó que con han enviado muestras a laboratorios privados certificados, que han concluido que "el nivel de arsénico en el agua va en aumento cada vez más", como consecuencia directa del vaciado de dicho metal en el agua del Ostúa por parte de la mina Cerro Blanco.
Habitantes de las comunidades afectadas en Asunción Mita lamentaron que no haya funcionado la comisión binacional, conformada en teoría con representación de expertos y profesionales de ambos países; y expresaron que se ha ignorado las observaciones anteriores hechas al primer estudio de impacto ambiental de la mina, que data de 2007.
"A través de un reglamento se quiere actualizar un estudio de impacto ambiental que no funcionó, y que ha afectado la zona por 14 a 15 años", remarcó uno de los pobladores afectados, quien insistió en que "lo que corresponde es hacer un estudio ambiental nuevo, y que quienes han comprado el derecho minero se hagan responsables de los daños que pueda causar este proyecto a largo plazo".
Un proyecto más agresivo con el medio ambiente
- Iba a procesar 1,000 toneladas de tierra diarias y ahora busca procesar 10,952 toneladas diarias.
- Iba a extraer 3.31 millones de toneladas en un un túnel de 73.4 Kms.; ahora busca extraer 144.8 millones de toneladas en tajos, con profundidad de hasta 370 metros, material que se convertirá en desechos que se depositarán en cerros. Resultado: drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
- En 12 años, la mina extraerá 38.4 millones de metros cúbicos de agua, lo que afectará por más de 32 años el manto acuífero local.
- Habrá una reducción entre 10% al 70% del caudal de los ríos Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el Ostúa; este último alimenta el Lago de Güija y este al Río Lempa.
El permiso ya debió caducar
Los pobladores de Asunción Mita explicaron que uno de los requisitos para que la mina funcionara, era que generara extracción efectiva en un plazo de 12 meses, pero esto no ocurrió. Por tanto, desde ese momento se debió poner fin a su permiso para operar; sin embargo, esto no se hizo efectivo, ante la permisividad del gobierno de Guatemala.
Las organizaciones ambientalistas salvadoreñas añadieron que "en 14 años Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata. Evidencia del fracaso de la mina es que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007 (proyecto original de extracción de 2007), solamente 19 se han construido. Sin embargo, desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción".