Abogados: Cambio en restricciones confirma que gobierno solo quiere impedir protestas sociales

El gobierno de Bukele anunció que permitirán el ingreso de salvadoreños vacunados a los escenarios deportivos, pero las restricciones siguen vigentes para otras concentraciones

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Las personas que tengan la doble vacunación anti Covid19 están habilitados para ingresar a los estados, según anunciaron el presidente del Indes y el ministro de salud. Imagen de carácter ilustrativo y no comercial

Por Mario González

2021-07-17 10:21:07

La decisión del gobierno Bukele de permitir el ingreso a los escenarios deportivos de personas con dosis completa de vacunación sólo demuestra que el propósito de emitir un decreto para restringir las concentraciones públicas realmente es impedir las protestas sociales contra las políticas gubernamentales.

A esta conclusión llegan abogados constitucionalistas salvadoreños, después que el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, y el ministro de salud, Francisco Alabí, anunciaron la decisión en conferencia de prensa.

Por iniciativa del Ministerio de Salud que advirtió sobre un repunte importante de casos de covid, la Asamblea Legislativa emitió la semana anterior un decreto que prohíbe “toda concentración de personas en actos de carácter público o privado referidos a conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público o festejos de fiestas patronales”.

“Lo que están haciendo es cerrando la oportunidad de que haya protestas colectivas ante las medidas que ya se están dando y que ya está produciendo efectos negativo”

RENÉ HERNÁNDEZ V, EXMAGISTRADO.

Incluso las personas naturales o jurídicas que organicen actividades de este tipo o convoquen a personas para algún tipo de concentración, violando las disposiciones del decreto transitorio, podrían incurrir en responsabilidad penal y serán sancionadas con una pena de entre 20 y100 salarios mínimos del sector comercio.

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Sin embargo, el presidente del INDES declaró ayer que “luego de realizar una mesa de trabajo ahora podemos mencionar que se va a permitir el ingreso a todas las actividades deportivas del país”.

En los días previos, el mismo presidente Nayib Bukele advirtió que los alcaldes que realicen cualquier tipo de actividad que concentre amuchas personas, incluyendo mítines o carnavales, serán procesados por el delito de desobediencia de particulares, además de la sanción económica antes mencionada (100 salarios mínimos del sector comercio).

A este respecto, el exmagistrado constitucionalista René Hernández Valiente no duda en decir que “es inconstitucional lo que está haciendo” el gobierno y en seguida explica que, en primer lugar, un decreto legislativo no se puede cambiar sólo con la palabra de un funcionario, sino que la Asamblea misma es la que tendría que efectuar una reforma.

Además, el decreto tiene otro vicio de origen: se restringen derechos constitucionales por90 días, cuando la Asamblea sólo puede hacerlo por un máximo de 30 días. Pero lo que está dejando en evidencia es que se está usando el decreto y el contagio con un “pretexto” para frenar la protesta social por decisiones que han generado descontento entre los salvadoreños, como la ley del Bitcoin, la ley del agua y una eventual estatización de las pensiones.

“Lo que están haciendo es cerrando la oportunidad de que haya protestas colectivas... El reclamo social que puede venir antelas medidas que ya se están dando y que ya está produciendo efectos negativo”, enfatizó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

El también abogado constitucionalista Enrique Anaya también lo había advertido días atrás: “En el fondo quieren evitar manifestaciones contra el Bitcoin, la presentación de reformas constitucionales y la estatización de las pensiones y nadie va a poder salir a protestar”.

“En los términos en los que está redactada la ley, en lenguaje tan ambiguo, se trata de una prohibición de ejercicio de un derecho y, por lo tanto, de una restricción y/o limitación de derechos constitucionales y, en consecuencia, se trata de una suspensión de derechos constitucionales”, dijo Anaya, quien fue Secretario de Actuaciones de la Sala delo Constitucional, asesor de los sindicatos en la defensa de los ahorros de pensiones y ahora es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Entretanto, el abogado Francisco Díaz Rodríguez, miembro del Centro de Estudios Jurídicos, dice que “es evidente” la intención del gobierno con el decreto. “Es una autorización ejecutiva que va por encima del decreto que han emitido”, observó el abogado, quien fue miembro del Consejo Nacional de la Judicatura y Superintendente de
Competencia en diferentes periodos.

Pero en este punto se detiene para reflexionar que un cambio de este tipo requiere una reforma o una interpretación auténtica de la Asamblea, no la sola palabra de dos funcionarios.

No aplicarán la ley en el caso de las concentraciones deportivas, pero sí lo van a hacer en las protestas sociales, enfatizó. Recordó que las autoridades y los médicos han recalcado que la vacuna no significada inmunidad total, por lo cual no se garantiza que en los encuentros deportivos no haya contagios por la concentración de personas, la emoción, el griterío, pero eso no parece importar en este momento porque queda claro que no es el propósito.