“Todo parece indicar que la demanda va encaminada a retirar otro obstáculo al ejercicio del poder autoritario de este gobierno”, dijo el presidente de la Fundación DTJ, José Marinero en relación al proceso de inconstitucionalidad admitido este lunes por cuatro magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional.
El escrito va en contra de la elección de los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR): el presidente Roberto Anzora, la primera magistrada María del Carmen Martínez y el segundo magistrado Julio Guillermo Bendek.
La admisión no fue firmada por el magistrado Óscar López Jerez.
“La Corte de Cuentas ejerce algunos de los pocos controles restantes luego del desmantelamiento de la justicia independiente y la toma de la Fiscalía General de la República por parte del Ejecutivo”, dijo Marinero, quien recordó que “esta ‘Sala de Bukele’ es un tribunal ilegítimo desde toda perspectiva y todas sus ‘decisiones’ son ilegítimas”.
De igual manera lo enfatizó el coordinador de ALAC, Wilson Sandoval: “cualquier admisión, resolución o sentencia que emita esta Sala debe ser desconocida porque es ilegal”, dijo.
La CCR se ha mostrado independiente del Ejecutivo. De hecho, tiene investigaciones abiertas sobre irregularidades en compras durante la pandemia.
El constitucionalista Francisco Bertrand Galindo señaló “siempre pensé que quien seguía en el proceso de las destituciones era la Corte de Cuentas”. Además, indicó que el objetivo de esta operación es “tomar el control de dicha institución”.
“Mi impresión es que la elección de los magistrados fue hecha correctamente”, concluyó Bertrand Galindo.
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