Relatora de la ONU cuestiona medidas extraordinarias y tilda de espantosa situación de cárceles

Afirmó que ha recomendado que cesen estas medidas y advirtió al Gobierno que, de mantenerlas, puede ser denunciado internacionalmente.

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La relatora de la ONU, Agnes Callamard.

Por Gadiel Castillo/ Mirella Cáceres

2018-02-05 11:43:36

Las medidas extraordinarias de seguridad tienen que cesar. Esa fue la conclusión de Agnes Callamard, relatora especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas, al rendir su informe sobre el país ayer.

“Las medidas extraordinarias no estoy convencida de que hayan sido muy útiles, es una combinación de medidas, algunas son ilegales, violan derechos”, ahondó la relatora.

Para la delegada de la ONU, la aplicación de estas medidas, vigentes desde abril de 2016, han dejado más de 39 mil personas detenidas y que están bajo condiciones crueles e inhumanas. En ese sentido, cuestionó la situación en que están los presos y que las razones de seguridad no la justifica.

“Las condiciones espantosas que he observado no pueden explicarse solo por condiciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión principal que su finalidad es la deshumanización de los detenidos”, calificó la relatora.

Las medidas extraordinarias se comenzaron a implementar en abril de 2016 a raíz de un decreto legislativo apoyado por diputados de todos los partidos. En febrero de 2017 fueron prorrogadas por un año y ya en la Asamblea está en estudio la petición del Gobierno para extenderlas por otro año más.

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El Gobierno ha justificado estas medidas como necesarias para reducir los crímenes y ha centrado parte de los esfuerzos en limitar el accionar de cabecillas de pandillas en las prisiones pues, según las autoridades, desde allí se ordenaban los crímenes. De hecho parte del discurso oficial es que se ha reducido los homicidios en más de la mitad, según sus balances en el último año.

Entre otras acciones que contemplan las medidas están la interrupción de la señal de telefonía e Internet dentro de las cárceles y alrededor de estas, traslado de cabecillas y otros pandilleros peligrosos a la cárcel de máxima seguridad como parte del aislamiento, y se les prohíbe visitas.

A esto se suma la habilitación de celdas especiales y el refuerzo de 1,000 reservistas de la Fuerza Armada para las tareas de seguridad pública que comanda la Policía.

Todo este plan se financia en gran parte con los impuestos que pagan todos aquellos que compran servicios de telefonía. Hasta el año pasado se había recolectado cerca de $75 millones por ese tributo.

Pero parte de la distribución que el Gobierno ha venido anunciando va a bonos para policías, compra de helicópteros para el Ejército y aportes a la Presidencia y reparación de mobiliario escolar.

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El Gobierno ha dicho que las medidas extraordinarias se realizan en apego y respeto a los Derechos Humanos, pero la relatora Callamard piensa todo lo contrario cuando habla de parte de su aplicación.

“Estas medidas pisotean las normas internacionales. He recomendado, no sé si se vayan a tomar en cuenta, si se siguen imponiendo el Gobierno se va a enfrentar a denuncias y presión internacional”, advirtió Callamard.

Y es que para ella, “no se puede combatir la violencia con más violencia” y que en este caso es necesario entender la naturaleza de los detenidos, ya que no tienen la misma condición.

En ese contexto, la relatora considera que “el trato cruel e inhumano” observado a los detenidos en el país “debe cesar inmediatamente”.