Jonatan Sisco, abogado anticorrupción de Cristosal, tiene claro que la reforma al Código penal que permite perseguir delitos ya fenecidos podrá ser usada con fines de persecución política contra los opositores y, ante los golpes a la independencia judicial propinados por los diputados de la bancada del Presidente Bukele, las garantías de un debido proceso son mínimas.
¿Qué pasará con la reforma denunciada inconstitucional de perseguir los delitos de corrupción ya prescritos?
La reforma va a surtir efectos generales, hasta que no sea declarada inconstitucional, en algunos casos en concreto es posible que jueces independientes intenten inaplicar la reforma (por ser contraria a la Constitución) pero las Cámaras de lo Penal ya están bajo el control del Gobierno, por lo tanto cualquier resolución de jueces en primera instancia será revertida por magistrados de las cámaras de segunda instancia que ya demostraron su afinidad al Ejecutivo.
¿Qué cree que ocurrirá si la Fiscalía decide procesar casos ya fenecidos?
La FGR ha demostrado que actúa de forma parcializada y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales ha judicializado casos en contra de la oposición política, al mismo tiempo que canceló el acuerdo con CICIES y prácticamente ha paralizado las investigaciones sobre posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios del actual Gobierno.
Ante este escenario es muy probable que la Fiscalía intente judicializar casos emblemáticos en contra de líderes de la oposición política. ¿Aplicarán esta nueva norma los jueces?
Los jueces independientes van a declarar la inaplicabilidad de la reforma, pero según el artículo 77-E de la ley de procedimientos constitucionales deben remitir la resolución donde inaplican la reforma a la Sala de lo Constitucional y dicha Sala, que responde al Gobierno, va a darle validez a la reforma.
La Sala de lo Constitucional ha actuado en contra del texto de la Constitución al permitir la reelección, en este caso lo más probable es que declaren constitucional la reforma (hagan interpretación conforme a la Constitución) y podrían ordenarle a los jueces de la República que procedan a aplicar la reforma. Si un juez vuelve a inaplicar por algún otro motivo podrían trasladarlo o destituirlo, como medida coercitiva.
¿Qué garantías tendrán los imputados?
La no retroactividad en materia penal es una garantía establecida de forma expresa en el artículo 21 inciso 1° de la Constitución. Al adquirir la calidad de imputado se estaría violando la Constitución, por esta razón consideramos que es posible que no se respeten los derechos de los imputados, tal como ha sucedido en otros casos, en donde prácticamente se presume la culpabilidad de los investigados.
¿Qué peligros ve de persecución política si los jueces son afines al Ejecutivo?
Existe una alta probabilidad de que se utilice la institucionalidad para perseguir a opositores y al mismo tiempo no se investiguen a funcionarios y ex funcionarios afines al Ejecutivo.
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