La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) no descartó este viernes que con las últimas reformas a leyes que ha promovido el Ejecutivo ante el legislativo se estaría buscando tener más control sobre el ejercicio periodístico, situación que señaló "viene en proceso" desde que asumió la Presidencia Nayib Bukele.
La propuesta de enmiendas al Código Procesal Penal acordada esta semana por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa forma parte de las advertencias que hace la gremial que podrían afectar al periodismo en el país.
Las modificaciones que podrían ser votadas durante la próxima plenaria están enfocadas en la creación de la figura del agente encubierto digital y la evidencia digital como prueba en procesos judiciales, aspectos que ya han sido cuestionados por abogados y diputados de oposición, quienes también han coincidido en alertar que se estaría intentando limitar la labor de investigación periodística.
Dichas enmiendas complementarían las hechas, en diciembre pasado, por el oficialismo y sus aliados a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos y que también han sido señaladas por expertos de poner en riesgo la libertad de prensa, pues su artículo 25 abriría la puerta a criminalizar la manera de obtener o transferir la información declarada confidencial.
"(Reformas al Código Procesal Penal) son un complemento bien discutible a la reforma de delitos informáticos, porque está poniendo sobre el mapa jurídico una forma de investigar y vigilar al ejercicio del periodismo, como si fuera conducta sospechosa, donde no existe una libertad constitucional y una presunción de inocencia ni respeto mínimo en las condiciones en las que se trabaja", expuso Roberto Burgos, asesor jurídico de la APES.
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Burgos consideró la posibilidad de que con las reformas que se impulsan se pretendería llegar hasta invalidar la Ley de Acceso a la Información Pública, pues mencionó que desde el inicio de esta administración gubernamental se implementaron enmiendas con las que se pusieron reservas a información pública, entre estas la impuesta a la del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE) y se tomó el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) "con comisionados sujetos al poder".
"Lo que queda es un espacio amplio para la arbitrariedad estatal que no solo oculta información sino que ahora va por una tercera etapa, que después de tomarse el IAIP, después de ocultar información ahora ir individualmente contra los periodistas que intenten publicar información que pueda considerarse sensible o crítica", alertó.
Continúan agresiones contra periodistas
En este marco, la APES lamentó que las agresiones contra periodistas continúen en este 2022 y a través de su Centro de Monitoreo ya registra nueve casos, entre estos reportó los hackeos al servicio de mensajería de WhatsApp y espionaje del que han sido víctimas algunos comunicadores y que la gremial ha denunciado, incluso, ante la Fiscalía General de la República sin que a la fecha hayan recibido una respuesta al respecto.
Ante la situación que enfrentan los periodistas salvadoreños, la APES comenzó este viernes con la distribución de cartillas jurídicas en las que destacan los derechos vigentes con los que cuenta el gremio.
"Es preocupante que se mantienen las restricciones a periodistas y queremos aprovechar las herramientas jurídicas que pueden tener a la mano los periodistas de El Salvador", dijo Susana Peñate, síndica de la APES.
El actual panorama que afronta el periodismo en el país fue abordado por la gremial durante una charla sobre el estado actual del Derecho a la Libertad de Prensa en El Salvador.
"Actualmente hemos pasado de una libertad de prensa bastante completa, a una situación en la cual el periodista se mueve entre la precariedad de sus difíciles condiciones de trabajo y el miedo ante posible vigilancia o agresiones estatales", añadió Burgos.