“Reformas a la LAIP facilitan el oscurantismo y la corrupción”: Óscar Pineda, investigador de estudios legales de Fusades

Especialistas en temas de transparencia consideran que con las propuestas de reforma a la LAIP y a la Constitución "se está jugando con la seguridad jurídica".

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Foto EDH / Archivo

Por Juan Carlos Mejía

2021-07-27 9:48:31

La propuesta de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) enviada por el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, y la discusión sobre reformas a la Constitución fueron los temas sobre los que opinaron los expertos en temas jurídicos Óscar Pineda, investigador del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, durante el programa de Diálogo con Ernesto López.

De acuerdo con los especialistas, con respecto al análisis de reformas a la Constitución no ha habido claridad entorno a lo que se busca lograr pues, según Pineda, hasta el momento lo poco que se conoce ha sido por pequeños comunicados de prensa que no han profundizado en las áreas que quieren reformarse, algo que generó confusión entre la población durante el fin de semana debido a que se entendió que una posible reforma constitucional podría ser ratificada por medio de un referéndum en el período legislativo actual.

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No obstante, Eduardo Escobar agrega que, aunque se haya querido aclarar que la propuesta de referéndum tendría que ser aprobado en la legislatura siguiente, el proceso aún así ha sido cuestionado "por su origen", debido a que ha sido propuesto por Nayib Bukele, y señala: "El presidente no puede tener iniciativa en temas de reformas constitucionales".

Además, el investigador de estudios legales de Fusades añade que "no nos están diciendo todo", sobre todo, porque no explican qué garantías de independencia habrá en caso de que se cree un Tribunal Constitucional, tal como ha dejado entrever el equipo Ad Hoc que estudia las propuestas a las reformas.

Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana cree que podría estarse manipulando a la población para lograr reformas por la vía del referéndum, algo que Escobar aclara que no garantiza que la sociedad mejore aunque se trate de un mecanismo de participación ciudadana, y apunta: "Las propuestas de reformas a la Constitución, más que por necesidad, son para consolidar el régimen".

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señaló que las propuestas de reformas constitucionales pretenden "consolidar el régimen". Imagen de carácter ilustrativo y no comercial /

Debilitamiento de la transparencia

En referencia a la propuesta de reforma de varios artículos de la LAIP, los especialistas creen van en contra de la imagen de "combate a la corrupción" que intenta transmitir el Gobierno, pues según Escobar, dichas propuestas "se suman al debilitamiento sistemático al que ha sido sometido el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el último año.

Por ello, Escobar afirma que tampoco hay claridad en los procesos al interior de la Asamblea Legislativa, sobre todo, porque la propuesta que recibieron los diputados no es la misma que la Asamblea colocó en su sitio web, es decir, se omitió una de las propuestas de reforma que contemplaba la reserva sobre la declaración patrimonial de los funcionarios tanto al inicio como al finalizar su gestión. "Están jugando con la seguridad jurídica", subraya.

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Además. el titular de Acción Ciudadana destaca que es preocupante que uno de los aspectos que pretenden reformarse es que la información de carácter oficiosa pueda ser puesta bajo reserva según el criterio de cada funcionario al frente de una institución pública.

Por su parte, Pineda agrega que las propuestas hechas por el presidente Bukele son "peor que anular la Ley", debido a que decretar bajo reserva información importante sobre la administración pública "facilita el oscurantismo y la corrupción", y señala: "Es inconsistente hablar de corrupción cuando no se combate a la propia".

Por ello, Escobar concluye que con estas posibles reformas "se le estaría quitando a la población la herramienta para conocer porqué un funcionario no ejecutó algún proyecto prometido en campaña".