“La reforma que implicaría que toda la información oficiosa se puede reservar mata a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), porque esa es la información mínima que los funcionarios y las instituciones de Estado deben de poner a disposición de la ciudadanía sin que ella se la pida”, advirtió Eduardo Escobar de Acción Ciudadana.
Esto, en conferencia de prensa sobre la propuesta de reforma a la LAIP impulsada por Bukele, que fue incluida en la agenda de la plenaria de ayer, con un cambio: ya no se declara bajo reserva las declaraciones de probidad de funcionarios.
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La semana pasada, esta polémica propuesta que socava duramente la transparencia fue retirada sin mayor explicación de la agenda legislativa. Ayer, sin embargo, volvió a aparecer como pieza de correspondencia, que al final de la plenaria solo fue remitida a estudio de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Horas atrás, Escobar cuestionó en la conferencia qué información quedará disponible para los ciudadanos, y añadió: “solo la información que quieran los gobernantes”. Explicó que estas reformas terminan de darle un golpe de gracia a la LAIP.
Diego Jacobo, vicepresidente de Tracoda, retó a Nuevas Ideas a explicar el beneficio que trae a la ciudadanía estas reformas y detalló también que al aprobarse esta iniciativa se reservaría información sobre los viajes de los funcionarios al extranjero, listado de asesores, actas, contrataciones, entre otros.
La Directora del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Marjorie Trigueros, dijo que las reformas equivalen a no tener una Ley. “Preocupa muchísimo el hecho de que se está poniendo la posibilidad de que la información que hoy es oficiosa sea reservada y que se está poniendo candados y camisas de fuerza a la ciudadanía”, señaló.
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También destacó que al aprobarse las reformas se está aprobando un artículo que habla sobre sanciones a los particulares y que no se está delimitando cuáles son las infracciones ni las conductas acreedoras del castigo.
A juicio de Trigueros, se estaría anulando los aportes que el periodismo de investigación ha venido haciendo sobre la corrupción.
Xenia Hernández, de la Fundación DTJ, cuestionó: “¿Qué llegaría a pasar al aprobar reformas para favorecer la opacidad? Mayor corrupción”.
En la conferencia se anunció que enviarán una comunicación al relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalando estos retrocesos ya que se está vulnerando la libertad de expresión con esta reformas.
Por su parte, Otto Manrique Flores de la Asociación Azul Originario (AZO) indicó que El Salvador podría ser sancionado por la CIDH si se reforma la LAIP, por lo que exhortó a los diputados de la bancada cyan a no aprobar las reformas.
Esto, sin embargo, luce complicado pues esta bancada ha demostrado que aprueba sin mayor cuestionamiento las iniciativas del Ejecutivo.
Los representantes de organizaciones civiles también explicaron que se le están dando ciertas facultades adicionales al presidente del IAIP, Ricardo Gómez, y con eso se está creando un instituto presidencialista y antidemocrático.
Finalmente manifestaron que las reformas a la LAIP también incluyen alargar plazos para entrega de información, lo que va en contra del principio de prontitud y aceleridad en una ley de este tipo.
6 razones por las cuáles las reformas a la LAIP equivalen a su derogatoria, según Fusades
1. Se posibilita la reserva de información cuya divulgación debe ser proactiva, es decir sin necesidad de que alguien la pida. Con esto se impide saber qué hacen los funcionarios con fondos públicos.
2. En la primera propuesta de reforma se había considerado clasificar como reservadas las declaraciones patrimoniales de funcionarios. Estas son claves para identificar posible enriquecimiento ilícito.
3. El procedimiento de elección de comisionados del IAIP se deja a discreción del presidente de la República, quien ya ha sido clave para capturar al Instituto y restarle independencia.
4. Muchas decisiones del IAIP que eran conjuntas ahora corresponderían solo al presidente del Instituto.
5. Se atrasa la entrega de información pública, volviendo a la ley engorrosa y poco operante.
6. Se posibilita imponer sanciones arbitrarias a particulares sin especificar las infracciones.