El Órgano Ejecutivo había adelantado un lanzamiento a lo grande para este nuevo proceso de Constitución en el marco del bicentenario. La simbología daba para presentarlo como una herramienta más dentro de la construcción de esa "nueva República".
Se esperaba un evento solemne, y en cambio los salvadoreños presenciaron simplemente un tuit.
Sí, en un tuit cerca de la medianoche del 16 de septiembre, reveló una deslucida entrega del documento de parte de Félix Ulloa, quien encabezó a comisión que evaluó los cambios, a Nayib Bukele, quien le encargó estos cambios en septiembre de 2020.
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No obstante la nula pompa detrás de la entrega, este proyecto contiene diversas amenazas al sistema democrático y republicano del país. Estos son algunos, mas no todos, de los riesgos que contiene:
Origen ilegítimo del proyecto
Según abogados, es ilegítimo el proceso de reforma constitucional, del cual ha derivado una “nueva” ley máxima complaciente con abusos de poder. Esto, pues el proceso nació de la Presidencia, algo que riñe con la ley. Además un gobierno irrespetuoso de la Constitución busca una nueva.
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Proceso debilita filtros constitucionales
Las constituciones deben ser estables, no sujetas a vaivenes coyunturales. El proyecto de Ulloa modifica el mecanismo de reformar la Constitución y lo vuelve laxo y manipulable al establecer la ratificación por referéndum y no requerir que una segunda legislatura ratifique con mayoría calificada.
En términos prácticos, la Constitución podría cambiarse en tiempo récord, dado que solo requeriría que 10 diputados presenten una iniciativa, que se apruebe con 43 votos (algo que los legisladores oficialistas suelen hacer sin mayor discusión cuando se trata de iniciativas del Ejecutivo) y se convoque a un referéndum poco tiempo después para ratificarlo.
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Quita filtros para elegir magistrados
Se elimina el filtro del Consejo Nacional de la Judicatura en nombramientos de magistrados. En su lugar, deja que la preselección de candidatos se haga solo por elección popular. Esto abre la puerta a que quienes tengan capacidad de movilizar votos y financiar eventos ganen ventaja de cara a elección.
Además, hay estudios internacionales que no recomiendan dejar nombramientos tan importantes sujetas al arbitrio de una elección popular, puesto que una magistratura debe tener parámetros cualitativos. El sistema actual permite que la mitad de los preseleccionados lleguen por elección popular (de los abogados agremiados) y la otra mitad sea propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura, que aplica algunos filtros.
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Colegio de Abogados
Esta preselección la hará un colegio de abogados que podrá convocar y regular los procesos de preselección. Esto le da un poder enorme a una institución que no se termina de definir, pero que puede llegar a ser manipulada para garantizar al régimen funcionarios afines.