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En sistemas autoritarios los referéndum sirven para "manipular al pueblo", advierte experta de Fusades

Marjorie de Trigueros, directora de Estudios Legales del tanque de pensamiento, también afirmó que estas propuestas no pueden ser aplicadas en la legislatura actual, pues la ley aún manda a que sea la siguiente legislatura la que las ratifique.

Por Ricardo Avelar | Jul 26, 2021- 09:26

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Foto EDH / Menly Cortez

El equipo del vicepresidente Félix Ulloa adelantó algunas de las propuestas de reforma a la Constitución que presentarán oficialmente el próximo 15 de septiembre.

Entre ellas, está modificar el proceso de ratificar cambios a la ley máxima. Actualmente, se hace en dos legislaturas, pero el equipo sugiere que sea vía referéndum que se ratifique reformas a la Constitución.

Al respecto, la directora de Estudios Legales de Fusades, Marjorie Chorro de Trigueros, afirmó que “una reforma de este tipo puede afectar este sistema en su carácter representativo, que además es parte de las cláusulas que no está permitido modificar”.

Advierten juristas: “Cualquier reforma que se haga desconociendo la Constitución vigente es nula”

Esto, pues la Constitución configura una democracia representativa. La experta de FUSADES advierte que “no es lo mismo aplicar mecanismos de democracia directa en un país donde existe una democracia más madura que crearlos en un país como el nuestro donde la democracia está en riesgo y donde se está consolidando un sistema autoritario”.

En este último caso, donde el gobierno da golpes constantes a la separación de poderes y elimina instituciones que vigilen o controlen sus acciones, Marjorie de Trigueros considera que estos mecanismos pueden estar dirigidos a “manipular al pueblo”.

En este mismo sentido se pronunció el jurista Humberto Sáenz, quien el fin de semana dijo a este medio que estos mecanismos de democracia directa pueden ser usados de forma maliciosa, especialmente considerando la constante desinformación a la que está sujeto el salvadoreño constantemente.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, manifestó que la idea de la democracia representativa es que los funcionarios electos “modulen” el deseo de las mayorías y apliquen parámetros técnicos a las discusiones importantes en el país.

Esto no aplicaría al proceso de reformas actuales

Las reformas a la Constitución que el gobierno está proponiendo deben respetar lo que la Constitución ordena en su artículo 248, es decir que deben ser aprobadas por los diputados actuales y ratificadas por la Asamblea electa en 2024.

Marjorie de Trigueros subraya que ninguno de estos cambios podría ratificarse vía referéndum, pues la Constitución es clara en su proceso que sigue vigente.

Este contempla que se presente una iniciativa por al menos 10 diputados, que se apruebe con al menos 43 votos de los legisladores actuales y que sea conocida y ratificada por los siguientes, quienes tomarían posesión el 1 de mayo de 2024.

Lee también: Equipo del vicepresidente propone que reformas a la Constitución se ratifiquen por referéndum

“Las reglas constitucionales no se pueden cambiar con un plumazo, se deben hacer de forma responsable y técnica”, dijo.

“Aun en contra de los principios de democracia representativa se pretendiera cambiar el mecanismo de reforma a la Constitución, este no podría aplicar bajo ninguna circunstancia al proceso que actualmente se está impulsando”, sentenció la directora de Estudios Legales de Fusades.

Tribunal Constitucional

Otra propuesta del equipo que lidera Félix Ulloa contempla establecer un Tribunal Constitucional fuera de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución a la Sala de lo Constitucional cuyos magistrados están dentro del pleno de la Corte.

Para Marjorie de Trigueros, “de nada sirve que se cree un Tribunal Constitucional si no se respeta su independencia”.

A su juicio, la “Sala de lo Constitucional actual carece de independencia porque ha ocurrido un golpe de Estado destituyéndose inconstitucionalmente a los magistrados legítimos, no porque su diseño sea equivocado”.

Por ello, llama a no desviar la atención de la discusión importante, que no es la modificación del diseño institucional de la Sala de lo Constitucional, sino el respeto a la independencia de esta entidad.

El 1 de junio, los diputados recién inaugurados de la mayoría oficialista dieron un golpe al Poder Judicial al remover de forma ilegal y por la fuerza a los magistrados de esta Sala, quienes habían incomodado al presidente Nayib Bukele con sus sentencias que prevenían abusos de poder.

En su lugar, impusieron de facto a cinco abogados afines al Ejecutivo y eliminaron todo prospecto de justicia constitucional independiente y abrieron la puerta a que el poder se ejecute sin filtros.

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