Lizbeth cumple ocho años de condena por robo y ya casi la termina. En una granja de El Salvador, aprende a producir verduras y criar conejos para alimento, una labor que, dice, continuará cuando recupere su libertad.
Son 59 reclusas bajo “fase de confianza”, fuera de una celda, y que duermen en cuartos instalados en la Granja Izalco, un particular centro penitenciario a 60 km al occidente de San Salvador.
Al amanecer, se despliegan en el campo. Unas crían y cuidan de animales y otras se dedican a la producción agrícola a “cielo abierto” y en donde, además del cielo, también ganan su redención. Por cada día en la granja, las internas acumulan dos días en la reducción de su pena.
Que los reclusos trabajen en granjas no es algo nuevo, pero según el director de Centros Penales, Osiris Luna, ellas forman parte de un nuevo programa del gobierno que tiene como objetivo que “los privados de libertad cultiven, cocinen y consuman sus propios alimentos”.
“Podemos llegar a ahorrar unos 10 millones de dólares, esa es la meta que se tiene de los casi 39 millones de dólares” que se invierte en alimentación al año en los presidios, explica Luna.
En el presente, una empresa privada sirve los alimentos a las cárceles, por lo que la meta al inicio del próximo año, es tener 4,100 personas trabajando en el área de cocina y 3,000 en diferentes granjas.
“Me esperan mis hijos y mi madre. Primero Dios, pronto voy a recuperar mi libertad”, cuenta Lizbeth Velado, de 33 años, mientras toma con sus manos uno de los conejos que cuida y que son parte de la dieta de los internos.
“Cuando tenga mi libertad pienso ir a poner una granja de conejos (...) es un trabajo no tan difícil”, asegura la mujer.
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Estímulo y autosostenibilidad
El penal se sitúa en un área de 35 hectáreas, donde están los cuartos de las reclusas, oficinas administrativas, zonas de crianza de cerdos y conejos, así como cuidado de las verduras y espacios de cultivo. El penal también tiene guardería con casi medio centenar de menores, para las internas con niños pequeños.
De pantalón azul y suéter amarillo, salen a trabajar en el campo con un gorro o un pañuelo en la cabeza para protegerse del abrasador sol de la época. Cosechan pimientos, tomates, repollos, pepinos, lechugas, maíz, frijol y hierbas aromáticas cultivadas al aire libre.
La labor diaria les permite a varias de ellas, con hijos mayores, distraerse de la nostalgia de tener lejos a la familia.
“Yo tengo tres hijos y me duele en mi corazón no estar con ellos, pero es lo que motiva día con día para salir adelante en este lugar”, comenta en la granja Alma Yanira Rodas, de 31 años, quien ya cumplió siete de una condena de 10 años por extorsión.
“Cuando salga de acá espero ser una mejor mujer, una mejor madre, pero también regenerarme (...) que no me vayan a ver mal”, expresa.
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Con una población de 6,5 millones de personas, El Salvador tiene 621.8 presos por cada 100,000 habitantes, según cifras de la la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Eso lo coloca como segundo país del mundo por población penitenciaria, en cifras relativas, según el informe World Prison Population List de 2018, de la University of London.
De los casi 36,000 reclusos, 2,602 son mujeres y 15,949 pertenecen a violentas pandillas, que cometen homicidios y extorsionan, entre otros delitos.
Para hacer autosostenible parte de una veintena de cárceles, la Dirección de Penales dice disponer, además de la granja en Izalco, de otra en la que participan hombres en Santa Ana, 65 km al occidente de San Salvador, y la del Centro de Detención de Menor Peligrosidad en Zacatecoluca, en el centro del país.
Otra oportunidad
La experiencia de Izalco busca que las mujeres privadas de libertad “aprendan técnicas (y) que al salir puedan ponerlas en práctica”, comenta Norma Osorio, una ingeniera agrónoma, que coordina el trabajo.
De acuerdo con la especialista, El Salvador trata de “ser un buen referente” para que otros países puedan aplicar este programa en sus ciudadanos que se hallan en prisión.
“Nosotras buscamos ser reconocidas en Latinoamérica por la sostenibilidad que se tiene, desde que se produce hasta que se consume”, subraya Osorio.
Jazmín Rivera, de 26 años, lleva tres años y ocho meses privada de libertad, con una condena total de 10 años por “extorsión agravada”. Pero con este mecanismo de beneficios, tiene previsto salir en 2024.
“Una oportunidad sí nos merecemos porque hemos recapacitado. Si antes pensábamos cosas malas, ahora ya no. Desde que ponemos un pie en prisión la vida de uno le cambia”, afirma.
“Uno aprende aquí a valorar. Esto es como una escuela, se sufre, en verdad se sufre, pero es como una escuela. Uno es dueño de sus propios actos y uno mismo se busca las cosas, pero una oportunidad sí, nos merecemos una oportunidad”.