El decreto 32, mediante el cual se retrasa la fase dos para el 20 de agosto, fue considerado “improvisado” por el sector económico y “con vicios de ilegalidad” por abogados consultados.
En la fase 3, que va desde el 4 de septiembre a viernes 18 de ese mes se habilita el Aeropuerto limitado a viajeros en tránsito, comercio formal e informal, iglesias y actividades de fase dos sin cita previa, como peluquerías entre otros.
En todas las fases se mencionan los protocolos sanitarios y de distanciamiento definidos entre las áreas y el Gobierno.
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En la fase 4, del 19 de septiembre al 3 de octubre, destacan la apertura de estadios y espectáculos públicos con una distancia entre personas de dos metros, viajes a la playa en horarios restringidos, museos, cines y salas de recepciones con aforo reducido al 50%. También regresa a laborar el sector público en general.
La fase 5 o nueva normalidad inicia el 4 de octubre tomando todas las medidas de prevención del COVID-19.
Para el vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores (ADES), José Mayorga, el nuevo decreto emitido por el Ejecutivo es una improvisación para la reactivación económica.
“La verdad que me parece que siguen improvisando. Me preocupa de sobremanera el nivel de desempleo que se viene y por ende una posible crisis social, es decir no veo un plan y eso es lo que preocupa”, mencionó el empresario.
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El abogado constitucionalista Enrique Anaya, dijo que aunque no conocía el texto del decreto, presumía que puede contar con los mismos vicios de otros que no contaron con amparo legislativo como ordenó la Sala de lo Constitucional: “En todo caso, si este decreto 32, como presumo, continúa conteniendo restricciones a derechos constitucionales el decreto también es inconstitucional y además viola la sentencia del 8 de junio de la Sala de lo Constitucional”, dijo.
Además criticó la improvisación: “Si emiten el decreto 32 hasta ahora quiere decir que desde el 8 de julio (un día después de que iba a iniciar la segunda fase) hemos estado en una situación de ilegalidad. Esto refleja que hemos estado estos 22 días en un vacío jurídico absoluto por culpa del Ejecutivo, simple y sencillamente se les había olvidado que para poder cambiar las fechas tenían que emitir nuevos decretos ejecutivos”.
Sobre la legalidad del decreto, Javier Castro, director del departamento de Estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, el decreto mantiene los vicios de otros que han sido invalidados por la Sala de lo Constitucional.
“Con el nuevo DE 32 se siguen haciendo las cosas mal, pues se reproducen los mismos vicios del DE 31, incumpliéndose la jurisprudencia constitucional, y se sigue creando incertidumbre. Lo que se necesita es una adecuada legislación para atender la emergencia y proteger la salud”, tuiteó anoche.
Al respecto, Víctor Rodríguez, de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) manifestó que “todos hemos estado esperando que eso hubiera sido lo antes posible. La situación se está poniendo cada vez más critica y colapsaron, no es posible mantenerse sin operar o estar operando a medias con esas reapertruras que no hay posibilidades que se pueda laborar en un 100 %”.
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El decreto 32 también establece que los varados que vayan regresando deberán ser evaluados y si resultan negativo sus test serán enviados a sus residencias, caso contrario se evaluará dónde deberán guardar sus cuarentenas.
También detalla que las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas o que pertenezcan a cualquier grupo de riesgo podrán mantenerse en sus casas.
A pesar de este nuevo decreto, la economía ha ido comenzando a operar de forma desorganizada por la falta de leyes claras.
Un movimiento comercial, similar al de un tiempo sin pandemia, congestionamientos vehiculares en horas pico, y hasta personas transportándose en pick ups, a falta de transporte público, es el panorama que se observa en muchas zonas del país, sin importar que la reapertura de la fase dos de la economía aún no esté vigente.
Entre algunos negocios que han comenzado a operar están: pupuserías, comedores, talleres, restaurantes, bares y hasta moteles, según comentarios en redes sociales.
El movimiento comercial se acrecentó después de que el presidente Nayib Bukele canceló el inicio de la segunda fase de reapertura económico, que él mismo había anunciado arrancaría el 21 de julio.
Carmen Aída Muñoz, Directora Ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AMCHAM), confirmó que muchos empresarios han decidido abrir, pues, no se sabían a ciencia cierta cuándo arrancaría la fase dos. “Los empresarios están bastante preocupados porque desde que se canceló la fase dos no se ha tenido conocimiento de una nueva fecha. Las empresas necesitan operar, y volver a generar empleos, ya que durante el confinamiento la pobreza se ha incrementado de un 30% a un 51 %, y 1.3 millones de familias han entrado en pobreza”, aseguró.
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Sin bases legales
De acuerdo al abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, muchos sectores están ya trabajando porque no hay base legal para mantenerlos cerrados.
“En este momento el Ejecutivo no tiene fuerza legal para tener cerrado ningún negocio. El gobierno no puede ordenar cerrar por decisión de un decreto, ninguna rama de negocios ni el transporte”, aclaró.
“Hay negocios que son más peligrosos para el contagio, pero técnicamente pudieran abrir, y si mantienen cerrado lo hacen por los acuerdos entre las gremiales y el Ejecutivo, para que no se contagien más personas” reiteró.
En su opinión, todo estaba sujeto a funcionar de acuerdo a la programación de las distintas etapas.
Sin embargo, aclaró que ante faltas específicas, el gobierno, a través de los ministerios de Salud, Trabajo y Medio Ambiente si puede cerrar negocios, para lo cual se requiere seguir el debido proceso administrativo, y algunos se deben hacer por vía judicial.