El juzgado Segundo de Instrucción le revocó este viernes la detención preventiva al exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde y le otorgó medidas sustitutivas.
Las medidas son presentarse al juzgado, no salir del país, no cambiar de domicilio, fianza de $10,000 y no acercarse personas que están vinculadas al proceso, según el fiscal del caso. Con dichas medidas también fue beneficiado el comisionado de la policía, Fernando Roque Mártir.
La jueza ordenó que les colocarán brazaletes electrónicos a los dos acusados, pero en caso de que no hayan disponibles, entonces la fianza se aumenta a $15,000 ó de lo contrario que permanecieran en arresto domiciliar en su lugar de trabajo.
Ramírez Landaverde y Roque Mártir son acusados junto a otros 16 exfuncionarios y exempleados del Ministerio de Seguridad Pública, Dirección de Centros Penales y de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarrillados (ANDA) de desviar $14 millones de fondos de las tiendas penitenciarias a través de la organización no gubernamental Asocambio.
El exministro Ramírez enfrenta la acusación por complicidad en esos supuestos actos de corrupción.
La Fiscalía General adelantó que acudirá a un tribunal superior para que las medidas les sean anuladas y que vuelvan a ser detenidos.
"No se está de acuerdo con este tipo de resolución en el hecho de que la honorable jueza no ha tomado a bien que por la calidad que tenían los imputados en su momento y por encontrarse actualmente trabajando en una institución pública, la cual es la encargada de la investigación de un delito, éstos pueden llegar a interferir con actos de investigación, contaminarlos y afectando con esto el objetivo principal del proceso penal como es encontrar la verdad real", dijo el fiscal del caso.
Ramírez Landaverde y Roque Mártir se encuentran recluidos en el centro penal La Esperanza conocido como Mariona por orden de la Cámara Tercera de lo Penal que le revocó en diciembre pasado la libertad condicional que les había otorgado un juzgado de Paz.
Los dos exfuncionarios se presentaron voluntariamente al juzgado Segundo de Instrucción para cumplir con la detención preventiva.
Pedro Cruz, defensor de Ramírez Landaverde, argumentó que no existe peligro de fuga por parte de los dos exfuncionarios porque "incluso cuando la captura estaba ordenada por la Cámara, ellos se presentaron voluntariamente más de una vez para enfrentar esa detención. Se ha establecido que no hay indicio alguno que pueda obstruir la investigación y tienen arraigos suficientes familiares y laborales".
Agregó que "los indicios con los que se cuentan para la acusación son insuficientes como para creer que esto va a terminar en una condena".
Los defensores presentaron testigos a favor de los acusados para demostrar los arraigos familiares y laborales.
En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación formal contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y otros exfuncionarios acusados de actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad; delitos supuestamente cometidos a través de Asocambio, organización que administraba las tiendas carcelarias.
“Esto ha sido innecesario, si nos hubiesen llamado de parte del tribunal aquí estuviésemos. Sin embargo, nos sometemos porque todavía creemos en un sistema justo e igualitario”, dijo Ramírez Landaverde al momento en que bajaba del microbús de la Policía que los trasladó hasta el centro judicial.
Ramírez Landaverde asegura que lleva dos años y medio pidiéndole a la Fiscalía que los convoque. “Desde un inicio nos pusimos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que realizase todas diligencias que creyera convenientes. Pedimos ser llamados, entregamos documentación abundante sobre el proceso; pedimos que nos llamaran para explicar nuestra versión de los hechos denunciados”, agregó.