El abogado Milton Portillo explica qué pueden hacer las personas que estén enfrentando violaciones a sus derechos laborales. No es raro escuchar sobre casos donde hubo intimidaciones de parte de patronos para obligar a firmar a sus trabajadores una carta de renuncia, en lugar de otorgar una indemnización por despido. Portillo señala que, lamentablemente, muchos profesionales han aceptado firmar este tipo de cartas, incluso abogados, lo que luego complica cualquier proceso que quieran llevar contra los patronos.
“Lo mejor es que la gente no firme carta de renuncia, o lo que están haciendo en algunos casos es obligarlos a bajarse salario, en realidad eso es una desmejora y puede considerarse hasta un despido. A la gente hay que orientarla a que no firme nada”, dice Portillo.
En el momento en el que trabajador se niega a firmar una carta de renuncia, se obliga al patrono, sea de la empresa privada o pública, a que siga con el despido y que tenga que justificarlo.
“Eso sí da posibilidades en procesos laborales de poder reivindicar el derecho de la persona, pero de lo contrario es bien difícil. Si firmo por presión o lo que sea eso ya probarlo después es bien complicado”, explica.
Añade que en algunos casos lo que hacen los patronos es disfrazarlo como una indemnización de fin de año y la gente firma, pero lo que están haciendo es firmando una indemnización total. “Después te das cuenta en enero que ya no tenés trabajo porque firmaste un finiquito”.
El abogado señala que hay diferencias en los procesos a realizar en el ámbito público y privado. Las instancias y los caminos que hay que seguir son diferentes. En el caso de la empresa privada estos casos se rigen por el Código de Trabajo.
En el ámbito público hay que hacer un procedimiento en el Tribunal de Servicio Civil para pedir la nulidad del despido y si ellos ratifican que el despido fue legal, esto habilita para acudir a la Sala de lo Constitucional. “Pero si la gente firma, ¿cómo probar en cualquier instancia de lo civil o la Sala de lo Constitucional que realmente te obligaron? Eso pasa muy privado, a veces te llaman a un cuarto solo y a veces con los abogados, a veces con buffet privado, le dicen ‘queremos que renuncie o que rebaje el salario para poder seguir trabajando’”, añade.
El abogado señala que las empresas y entidades del Estado están obligadas a pagar la indemnización ante un despido: “No te pueden despedir sin ampararte”.
Portillo recomienda a los trabajadores dirigirse al Ministerio de Trabajo, en donde le ayudan a identificar a qué tiene derecho y a calcular cuánto le deben pagar. En el caso del acompañamiento legal puede buscar apoyo en la Procuraduría General de la República (PGR), pero debe hacerlo en un límite de tiempo de 15 días hábiles ya que hay presunciones a favor del trabajador.
Portillo reitera que es importante que los trabajadores no acepten firmar la carta de renuncia.
“Si le cierran las puertas, no lo dejan entrar, se considera despido, si le quitan las llaves, le quitan su computadora, también se considera un despido de hecho. Tiene la ventaja que no ha puesto de su parte para salir afectado”.
El abogado dijo que en la Sala de lo Constitucional ya existen muchos antecedentes de procesos por despidos injustificados. “Hay bastantes casos de amparos por despidos injustificados”. Pero en caso en que ya haya firmado la carta de renuncia, todo el proceso se complica mucho porque el trabajador debe probar que realmente fue obligado a renunciar: “Los jueces no le van a resolver favorablemente si no lo prueba”.