Las empresas farmacéuticas ya cuentan con el aval para importar y comercializar las pruebas de antígenos para detectar COVID-19, según dio a conocer el domingo anterior la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), dependencia del Ministerio de Salud.
La DNM explicó en un comunicado, hecho público en sus redes sociales, que realizó “las evaluaciones técnicas correspondientes” para este tipo de exámenes.
Las pruebas de antígenos, también llamadas rápidas, necesitan de una muestra vía hisopado nasofaríngeo de las personas. Luego, dicha muestra es colocada en un test, similar a una prueba de embarazo, y de acuerdo a la reacción química en dicha prueba, la persona conoce si en su cuerpo hay restos de anticuerpos que su organismo generó ante la presencia del virus.
Sin embargo, esta prueba no indica con precisión si el virus permanece activo, o no, en la persona. Para un resultado en tiempo real, siempre sería necesaria una prueba PCR-RT.
El precio de estas pruebas de antígenos no ha sido determinado por la DNM, ni tampoco qué marcas o fabricantes sí cumplen con los estándares de calidad. Según un sondeo hecho a inicios de año por El Diario de Hoy, y pesar de que estas pruebas no contaban aún con esta autorización sanitaria, ya hay varios laboratorios privados ofreciendo este servicio, que ronda entre los 70 y 100 dólares.
En el caso de Costa Rica tienen un costo de unos $60, y de $40 en Guatemala, según información en internet de laboratorios que las ofrecen.
La ventaja de este tipo de prueba es que se tiene la respuesta entre 20 a 45 minutos de hecho el tamizaje.
Las pruebas rápidas han sido una opción para las ciudadanías de diversos países a nivel mundial durante meses, como en Estados Unidos, México y Guatemala, por mencionar casos cercanos.
En El Salvador, inspectores de la DNM retiraron del mercado pruebas de este tipo que encontraron en dos ventas farmacéuticas el pasado 26 de noviembre de 2020.
La postura de la institución ha cambiado, porque en agosto de 2020, el recientemente designado como director nacional de Medicamentos, Noé Geovanni García, declaraba que esta institución no había autorizado este tipo de pruebas rápidas para COVID-19, porque las mismas “no garantizan que los resultados sean fiables”.
Como antecedente, según un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta entidad distribuyó cientos de miles de pruebas rápidas de antígenos para COVID-19 y medir su eficacia en cuatro países de Latinoamérica: El Salvador (40,000), Ecuador (80,000), Honduras (40,000) y Surinam (30,000).