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Proyecto de ley de Agua del gobierno no contiene ningún artículo que proteja a los consumidores del agua potable

El diputado René Portillo Cuadra señaló que en la propuesta del gobierno hay 27 artículos que son similares a los proyectos anteriores que la Asamblea ya estaba analizando y que fueron descartados por la actual legislatura.

Por Eugenia Velásquez | Jun 21, 2021- 12:27

Diferentes sectores de la sociedad han trabajado propuestas para que el país tenga una ley integral para la gestión de los recursos hídricos. Foto EDH / archivo

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, enfatizó en que si bien el proyecto de Ley de Agua presentado por el gobierno a la Asamblea el viernes pasado contiene apartados importantes; también adolece de algunos aspectos que deben ser incorporados, como el de diseñar un Capítulo completo para regular la protección al consumidor del agua, ya que en la propuesta del Ejecutivo no hay ningún artículo referente a eso.

“Esta es una ley de administración del recurso hídrico más amplia que la Ley de Aguas que se estaba discutiendo en legislaturas pasadas, tiene aspectos importantes, pero hay otros que se pueden mejorar, por ejemplo, agregar un capítulo de Protección al Consumidor del Agua Potable, porque no hay ningún artículo que regule eso, este tema requiere de mayor desarrollo”, afirmó el diputado arenero.

Además, le preocupa la discrecionalidad con que han quedado las autorizaciones para la explotación del agua de los vertidos y de las cuencas hidrográficas.

VER: Ambientalistas analizan incongruencias en el proyecto de Ley de Agua

Pero, además, señaló que en la propuesta del gobierno hay 27 artículos que son similares a los proyectos anteriores que la Asamblea ya estaba analizando y que fueron descartados por la actual legislatura.

En la entrevista matutina de Frente a Frente, el diputado mencionó que esos 27 artículos “son exactamente iguales de lo que se mandó al archivo versus lo que se presentó de parte de la Presidencia de la República el pasado viernes”, a los que estaban en discusión en la Comisión de Medio Ambiente.

Esa comisión llevaba 111 artículos consensuados de varios proyectos que llegaron provenientes de organizaciones sociales y de la anterior ministra de Medio Ambiente.

Uno de los puntos que habían sido acordados era la conformación del ente rector, compuesto por instituciones del gobierno, el cual había sido la piedra de tropiezo del por qué la ley había tardado más de una década en ver la luz.

De acuerdo a Portillo Cuadra, las similitudes con normativas anteriores y desventajas que contiene la nueva propuesta por el gobierno son: que se cambia el nombre del anteproyecto a “Ley de Recursos Hídricos”, lo que no tiene ninguna incidencia en los derechos que se quieren proteger.

Se cambia el nombre de la entidad rectora, de Autoridad Nacional del Agua “ANA” por Autoridad Salvadoreña del Agua “ASA”. Esto es incongruente con el cambio de nombre de la Ley, que se refiere a recursos hídricos.

Cambia la estructura administrativa, reduciéndola a un Presidente nombrado por el Presidente de la República y una Junta Directiva integrada mayormente por representantes de entidades estatales, eliminando la Dirección Ejecutiva y tres organismos zonales de cuencas que dependerían de la Dirección Ejecutiva.

VEA: Ley contra el Tráfico Ilegal de Personas y proyecto de Ley de Agua son enviados al archivo por diputados de Nuevas Ideas

Aumenta de 7 a 12 miembros la Junta Directiva, incorporando a CEL, MITUR, Universidades, ANDA, Sociedad Civil, quedando integrada por 10 representantes del gobierno y 1 de universidades y uno de la sociedad civil.

Deja la facultad de establecer la organización interna vía Reglamento Interno; la propuesta del Ejecutivo reduce las atribuciones de la Junta Directiva a 15 de las 38 planteadas en la propuesta original.

No define quien asumirá las atribuciones de la Dirección Ejecutiva y los tres organismos zonales.

Elimina el derecho de participación, al suprimir el Comité Consultivo, integrado en la propuesta de la sociedad civil por representantes de las Juntas de Agua, sector agroindustrial, cooperativas agrícolas, ONG ambientalistas, organizaciones de mujeres, UES y COMURES.

Establece autorizaciones para el uso de cuerpos de agua de tres clases: asignaciones públicas, autorizaciones, autorizaciones de los bienes establecidos en el artículo 5 de la propuesta de ley y permisos de exploración y vertidos.

Los organismos de la administración pública, centralizados o descentralizados y que pretendan aprovechar recursos hídricos, podrán tener permisos hasta por 5 años.

Para uso industrial se podrá autorizar a particulares el aprovechamiento de determinada cantidad y calidad de agua superficial o subterránea hasta por 15 años.

La propuesta del gobierno ha tomado de base el anteproyecto de ley con 111 artículos que fueron aprobados en la legislatura anterior.

Por lo que Portillo Cuadra, estima que un 85% de su contenido ha sido tomado de ese anteproyecto. Que en su mayoría se toman los artículos íntegros, en algunos se cambió el verbo inicial por un sinónimo y cambiado y el resto del artículo se ha copiado fielmente, en otros se ha cambiado el orden o han recortado disposiciones de un artículo para luego hacer artículos nuevos con esas disposiciones.

La propuesta contiene 164 artículos, resultado de recortar muchos artículos para crear nuevos, pero retoma toda la propuesta inicial, incluyendo el Tribunal Sancionador del Agua.

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