Juan José Alas Castro se incorporó a clases de educación básica hasta que cumplió quince años. Hasta esa edad recibió las asignaturas correspondientes al primer grado. Él es una persona con discapacidad en sus extremidades inferiores y eso le impidió desarrollar su vida escolar de forma tradicional.
“En la familia no viví discriminación, pero en la sociedad sí”, declara, ahora, Juan José, frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda, en San Salvador, mientras protesta por el poco presupuesto e interés en velar por que se ejecute la Ley Especial de inclusión para personas con discapacidad. Él no ha conseguido un empleo, a pesar de la existencia de la ley, en vigencia desde enero de 2021.
“Me formé en computación, pero nadie me quiso contratar”, recuerda Juan José y confirma que una de las mayores dificultades que enfrenta es no tener dinero para ayudar en su hogar, en donde también vive su madre: una mujer mayor de edad.
La situación de Juan José es similar a la de 400,000 personas con discapacidad congénita o adquirida a nivel nacional, según Leticia Espinoza de la Asociación de Personas con Discapacidad de Tonacatepeque, también usuaria de silla de ruedas que asistió a la protesta frente al Ministerio de Hacienda.
Junto a ellos, otras 30 personas se concentraron en ese lugar para exigir respuesta a una carta presentada al ministro Rodolfo Zelaya, hace un mes, según declaran.
En dicha carta, solicitan conocer cómo se ha trabajado para garantizar la inclusión de personas con discapacidad y la inclusión de aporte presupuestario inicial para el Consejo Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad, CONNAIPD, para el año 2022.
Exigieron, además, pronta respuesta del ministro Zelaya y una actitud coherente con el sector por parte del presidente de la República. Puesto que, según las asociaciones que se manifestaron, las personas con discapacidad y sus familias no han percibido mejoras en defensa de sus derechos humanos durante su presidencia.
Juan José Alas afirma que las personas con discapacidad no tienen un ente rector que pueda defenderlos de discriminación y vulneración de sus derechos, pues, ni ellos reciben ayuda directa para el sustento de sus familias, ni el CONNAIPD dispone de los recursos necesarios para actuar en defensa de las personas con discapacidad.
Como parte de las acciones tomadas este 30 de agosto, a través de un comunicado, piden al Estado “Realizar acciones de coordinación y supervisión en las instituciones del Estado, que dicho ministerio tiene a cargo, a fin de hacer cumplir lo establecido en el artículo 10 y 27 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad”.