José Apolonio Tobar, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó ayer su preocupación por una democracia en un proceso de debilitamiento en El Salvador.
El procurador expresó que la popularidad de la que goza el presidente, Nayib Bukele, ha generado una actitud de desprecio a las instancias que están para controlar su gestión y prevenir excesos de poder.
“Esta alta popularidad en la administración pública puede ser perjudicial en tanto que instituciones de control en un sistema democrático están siendo mal vistas, como defensores de lo antiguo, partes de lo ‘mismo de siempre’, ‘vendidos’” o palabras más ofensivas, previno.
Lejos de utilizar su alto capital político para saltarse las reglas, explicó Tobar, en un sistema democrático la popularidad no puede ser vista como una herramienta para ignorar los controles. “Ningún nivel de aprobación habilita a ninguna persona a desconocer la legalidad”, enfatizó.
Estas opiniones fueron vertidas en un conversatorio virtual sobre la importancia de los límites en un sistema democrático, coorganizado por la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y El Diario de Hoy.
En este panel, el procurador también manifestó su preocupación por el debilitamiento de una de las libertades más fundamentales del ciudadano, la de expresión. A su juicio, el grupo afín al presidente Bukele ha logrado subir el costo del disenso y las posturas críticas por medio de acoso e insulto.
“La gente tiene miedo a expresarse y opinar de una forma diferente a la del gobierno, o si opinamos sabemos que ‘nos va a llover’”, lamentó el funcionario.
Transparencia “en cuarentena”
Liduvina Escobar, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, lamentó que otro de los derechos fundamentales en riesgo en la actualidad es el de conocer cómo gestiona el gobierno los recursos públicos, pues la administración Bukele sigue haciendo esfuerzos por entorpecer la transparencia con la excusa de la emergencia por el COVID-19.
A su juicio, el gobierno malinterpreta la popularidad como un cheque en blanco para hacer lo que ellos consideren sin control. Y esto lleva a que la ciudadanía “no sepa si se están destinando los recursos a lo más necesario y prioritario”.
Como muestra, dijo, un estudio reciente de la UCA afirmó que el 80% de las personas que han salido de los centros de contención no tiene información sobre las pruebas que se le realizaron.
En el conversatorio también participaron las expertas en políticas públicas Aída Betancourt y Leonor Selva, quienes advierten que en época de crisis los gobiernos asumen más funciones y limitan derechos, pero previenen que una democracia tan limitada no debe volverse la normalidad.