La pandemia del COVID-19 amenaza con desbordarse en el sistema penitenciario; autoridades confirmaron este viernes que 142 reos dieron positivo a la prueba y que 945 más son sospechosos de estar infectados.
Los reos contagiados guardan prisión en penales La Esperanza (Mariona), centro de detención menor de Mariona, San Vicente, Quezaltepeque y el pabellón de reos en el hospital Psiquiátrico, en Soyapango.
A pesar de que las autoridades penitenciarias afirmaron que aplicaban un riguroso proceso de prevención en el sistema penitenciario, el COVID-19 los ha sorprendido en la última semana.
Fue el lunes que el ministro de Salud, Francisco Alabí, confirmó a los periodistas de los primeros 25 reos contagiados en el penal de San Vicente, pero ese mismo día, se publicaba en la revista Forbes declaraciones de él de que el sistema penitenciario salvadoreño no reportaba casos.
El director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, confirmó después el comportamiento de la pandemia en el sistema penitenciario con estas cifras: en el penal de San Vicente se reportaban 39 casos positivos; en Quezaltepeque 11, en Mariona 34 y en el pabellón de reos del Psiquiátrico 58.
A los confirmados se suman 297 casos sospechosos en San Vicente, 135 en Quezaltepeque, 475 en el penal de Mariona y38 en el centro de detención menor en Mariona.
¿Cómo fue que el virus se coló y propagó en los penales de manera tan rápida? A este planteamiento, el director de Centros Penales respondió que por más medidas que se impulsen siempre habrá vulneraciones y citó como ejemplo el personal de custodios y administrativo que no vive en los penales pero que trabaja allí 21 días corridos y descansa la misma cantidad de días.
En ese ir y venir de su casa al penal y viceversa, hace uso del transporte colectivo y en su tiempo libre se desplaza a cualquier lado, circunstancias que contribuyen a un posible contagio, es la lectura de Luna.
La situación se complica cuando la transmisión del virus en el país está en su etapa más crítica. Es cuando en mayor proporción el personal penitenciario corre el riesgo de contagiarse y peor aún si es paciente asintomático en esa condición ingresa al centro penitenciario. Con esto se vulnera los protocolos y tanto colegas como reos corren riesgo.
El infectólogo Jorge Panameño afirmó que a esa vulneración se suman otros factores como el hacinamiento carcelario, lo que impide el distanciamiento social que se requiere para minimizar la pandemia.
La sobrepoblación del 150 % en las prisiones salvadoreñas es problema viejo y en esta pandemia se vuelve un fundamental factor de riesgo.
“Había que mantener una vigilancia extrema que va más allá de prohibir las visitas a los reos, separar por edad y factores de riesgo, pero además tener especial control en el personal de custodios y administrativo de los penales que están en contacto con la comunidad”, afirmó el experto.
“En esto se vuelve importante el tema de los asintomáticos que para minimizarlo hay que someter a pruebas a todos los trabajadores que están en contacto con los reos. Esto es así porque desde cuatro días antes que presenten síntomas, estas personas ya están propagando el virus”, explicó el doctor Panameño.
Con los pacientes asintomáticos, por más medidas como lavado de manos y por más dispositivos de seguridad que se aplique, sí está en contacto a menos de un metro con otra persona el virus se esparce, ya sea al hablar, al toser o estornudar.
De ahí la necesidad de ir a buscar a los sintomáticos a la comunidad porque ellos diseminan el virus y en los penales, delegaciones policiales u otros centros de detención, recomiendan los especialistas.
“El problema son los asintomáticos porque si no se establecen protocolos para detectarlos, no habrá forma de detener la propagación”, sostiene el infectólogo Panameño.
Eso obliga, según el especialista, a que el personal de Centros Penales, de la Policía, del Ejército, a que periódicamente sean sometidos a la prueba del COVID-19.
La condición de los contagiados
En cuanto a la condición en que están los reos a los que se les ha confirmado el virus y los que están en condición de sospechosos, el sistema no registra aún si son casos moderados o grave, sino que son leves y el 90 % sin síntomas de la enfermedad, según las autoridades.
“Pero esta enfermedad evoluciona y vamos a tomar las medidas y controles para contenerla, sin embargo, es clave que la transmisión se detenga fuera de la prisión”, sostuvo el director de Centros Penales.
Según el funcionario, el punto es que no solo luchan contra una enfermedad, sino con el tema de la delincuencia en general, así como requisas e inteligencia con que se investiga planes delincuenciales.
El ministro de Salud, Francisco Alabí manifestó ayer que frente a esta realidad es necesario que se comprenda y se tomen todas las medidas necesarias para limitar y cortar la transmisión de la enfermedad.
“Esto no solo va afectar a las personas que incumplan la cuarentena, porque consideramos que de un grupo familiar, un 80 por ciento cumpla su cuarentena, pero ese 20 % o esa persona de la familia que probablemente no lo cumpla, sale de la casa y se expone, va a ser el que en algún momento va a llevar la enfermedad al hogar y generar que uno de sus familias se complique”, sostuvo Alabí.
El ministro aseguró que no se trata que se infunda temor o pánico en la población, sino que se comprenda y se cumpla las medidas.
Procurador y director discrepan sobre manejo de situación
El director de Centros Penales afirmó que ante la entrada de este virus silencioso a algunos de los centros penitenciarios, están aplicando el mismo aislamiento que se recomienda a la población en general y así detener esta escalada de contagios.
“Se ha dado un aislamiento oportuno y eficaz por los protocolos que estamos llevando”, aseguró Luna.
Sin embargo, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, demandó de las autoridades penitenciarias un plan de intervención para atender oportuna y diligentemente los casos en crisis que se presenten en cumplimiento al derecho a la vida y la salud que el gobierno está obligado a salvaguardar.
Pero no solo eso, Tobar Serrano criticó el nivel de hacinamiento de los penales, que se vuelve un caldo de cultivo del virus; como ejemplo citó el caso del penal de Quezaltepeque que tiene capacidad para 500 reos y en la actualidad hay 1,980.
El procurador también apuntó que la directriz del gobierno de unir reos de distintas pandillas en las mismas celdas pudo influir en el surgimiento de reos contagiados.
Sin embargo, el director de Centros Penales afirma que para el aislamiento de los reos sospechosos o positivos del virus de los sectores normales se ha habilitado cuatro centros de tratamientos de COVID-19 tanto en penales como en bartolinas.
“En todo esto hemos tenido asesoramiento y capacitación técnica y de manera para el manejo de la enfermedad del Ministerio de Salud con personal médico y de enfermería de forma presencial con el equipo especial de bioseguridad”, explicó Luna.
A ese esfuerzo, dice que se sumará el sistema de la telemedicina en las prisiones para dar un tratamiento con especialistas. “Se están tomando las medidas, protocolos y todo lo necesario para contener el tema de salud y los privados de libertad”, aseguró el director de Centros Penales.