El presidente Nayib Bukele se negó a dar el informe de su primer año de gestión ante el Órgano Legislativo, alegando que no hay un artículo que lo obligue a asistir a la sesión plenaria que estaba programada para este 1 de junio. Ante la emergencia por las lluvias, la Asamblea decidió suspender la sesión plenaria.
El primer año de gestión de Bukele ha estado marcado por constantes críticas a su irrespeto a la institucionalidad, los enfrentamientos con el Legislativo y la Sala de lo Constitucional. Además de la falta de claridad de un plan de nación.
Despidos masivos y supresión de secretarías
Entre las acciones más polémicas que marcaron el inicio de su gestión fueron los despidos de empleados públicos de diferentes carteras de Estado alegando que eran familiares del expresidente Salvador Sánchez Cerén o de sus funcionarios.
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Según Nidia Díaz, diputada del FMLN, en el primer mes de gestión fueron despedidas más de 1,000 personas.
Además, a través del decreto Ejecutivo N° 1 Bukele suprimió cinco secretarías sumando 736 despidos, la distribución es la siguiente: 25 en la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos, 67 en la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, 51 en la Secretaría de Gobernabilidad, 427 en la Secretaría de Inclusión Social y 166 en la Secretaría Técnica y de Planificación, según el informe brindado por el ministro de Hacienda Nelson Fuentes a la comisión de Hacienda de la Asamblea.
Bukele también creó el ministerio de Vivienda y el ministerio de Desarrollo Local antes Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (Fisdl).
El plan emblemático de su gestión, en materia de seguridad ha sido el Control Territorial y la reducción de los homicidios, según las estadísticas del Ejecutivo.
A continuación se exponen las principales actividades del Ejecutivo en el ámbito de seguridad, salud, educación y economía.
Foto EDH/ Archivo
Seguridad
$ 2.8 millones para uniformes
Una de las primeras decisiones de Bukele fue solicitar a la Asamblea la reforma a la Ley de Presupuesto de 2019 para transferir recursos de diferentes ramos del Sector Público por un monto de $ 2, 800,000.00 para uniformes de policías y soldados. Pidió un nuevo diseño para los uniformes de la Fuerza Armada con “camuflajes digitalizados”, hasta la fecha los efectivos siguen usando el mismo diseño que data de los años ochenta.
Estado de emergencia centros penitenciarios
Una segunda acción fue decretar estado de emergencia en 28 centros penitenciarios del país por el asesinato de policías y soldados. El periodo inicial fue del 5 de junio al 5 de julio. Esta acción incluía el traslado de reos de alta peligrosidad a cárceles con mayor rigurosidad.
Plan control territorial
El 2 de julio Bukele solicitó a los parlamentarios le aprobaran $ 91 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial, llamada “Oportunidad”.
Es en este punto que las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo empiezan porque Bukele presiona a los parlamentarios para la aprobación: “Nosotros tenemos un presupuesto que hemos tabulado que ya se va empezar a ejecutar a partir de mañana (hoy), queremos un refuerzo presupuestario que vamos a solicitar, queremos un financiamiento a través de la Asamblea Legislativa de 91 millones de dólares”.
El 5 de julio se aprobó al Gobierno $30.9 millones para reforzar a la Policía y a la Fuerza Armada. El dinero provenía de $21.6 millones de remanente del impuesto para la seguridad y $9.8 millones de excedentes de ingresos tributarios.
El 12 de julio el Ejecutivo anuncia la Fase II de plan Control Territorial para la que requería $158 millones.
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El 14 de diciembre de 2019 la Asamblea Legislativa aprobó el préstamo de $91 millones para financiar la Fase II del plan de seguridad que impulsa el Gobierno Central. Los fondos provenían del contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las condiciones del préstamo por $91 millones serán a 20 años plazo, mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas, con los montos, las fechas y tasa de interés que el BCIE determine, según el decreto aprobado ayer.
Reducción de homicidios
Uno de los mayores logros que se le atribuyen a este Gobierno es la baja de homicidios.
El promedio al inicio de la gestión eran de nueve homicidios por día, esa cifra se redujo a un promedio de cinco diarios en los primeros cien días de su mandato, según los datos de la Policía Nacional Civil.
Durante los primeros días de mayo de este año, el promedio fue de dos por día, según los datos oficiales.
“Entre el 1 y el 10 de mayo de 2020, la PNC registró 25 homicidios, comparado con los 94 contabilizados el año anterior. En los datos estadísticos se detalla que el pasado viernes 8 de mayo hubo cero homicidios en el país, mientras el 3, el 6 y el 10 de mayo hubo dos homicidios en cada uno de esos días. Hay un promedio de 2.5 homicidios diarios en el país en los primeros 10 días del mes. En mayo del año pasado, el promedio de homicidios fue de 9.4 asesinatos cada día, según detallan las estadísticas policiales”, destaca presidencia.
Abril de este año cerró con 144 homicidios. La cifra está por debajo de los 326 asesinatos contabilizados durante abril de 2019. Es decir, fueron 184 homicidios menos en abril de 2020.
Economía
Partida secreta
Una de las propuestas de Bukele cuando era candidato de la presidencia fue la eliminación de la partida secreta de gastos reservados. En agosto del año pasado confirmó su acción a través de su cuenta de Twitter: “Sobre la partida secreta: por supuesto que la vamos a eliminar. Fue una promesa y la vamos a cumplir”.
Sin embargo, Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, dijo que en lugar de eliminarla se debía de auditar porque había gastos necesarios que salían de ese fondo.
El 9 de octubre Fuentes afirmó que la partida secreta se había eliminado: “Hay posición presidencial al respecto y es de que se elimina la partida secreta, se eliminan los gastos reservados, se elimina la partida 54315, nadie puede entrar a esta partida, eso sucedió y el que no lo crea que abra los ojos”, dijo.
Bonos para presupuesto
Otra de las acciones que destacan de este Gobierno son los $1,097 millones en bonos para presupuesto y deuda colocados para un plazo de 30 años y con una tasa de interés de 7.12 % para completar el presupuesto estatal de 2019 y pagar deuda soberana.
Se utilizarían para cubrir el déficit fiscal por 297 millones de dólares y amortizar 800 millones en Eurobonos.
El Presupuesto 2020 incorpora 1,886 plazas más para Seguridad, Fiscalía y Salud
Las tres carteras de estado sumaban un total de 1,886 plazas adicionales a las incluidas en el presupuesto votado de 2019.
El ramo de Salud es el que más plazas aumentaría con 1,230 en total. El proyecto del presupuesto sumaba 651 en el Ministerio más otras 579 plazas en las instituciones descentralizadas adscritas a este ramo tales como los hospitales públicos. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reportaba 341 adicionales mientras que la Fiscalía 315 más.
Revisión de salario mínimo
En julio de 2019 se reactivó el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), se tenían ocho propuestas, pero en marzo de este año se acordó que la revisión terminaría en junio próximo para aprobar un nuevo ajuste salarial en el segundo semestre de este año.
La propuesta final para incrementar el salario mínimo se entregará al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), que deberá autorizar y enviar a Casa Presidencial para su aprobación y publicación en el Diario Oficial para entrar en vigencia el segundo semestre de este año.
Educación
El 9 de junio de 2019 Bukele ordenó despedir a 15 directores de educación porque fueron asignados a plazas ejecutivas y sus salarios aumentados antes que terminara la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Cuatro días después, el ministerio de Educación nombró a 12 directores departamentales interinos ad honorem para los 14 departamentos. Los funcionarios estarían a cargo de las direcciones departamentales de manera temporal con el fin de dar seguimiento a los proyectos educativos
Gobierno incrementó a la cartera de Estado 42 millones de dólares respecto al presupuesto de 2019.
El 3 de octubre el Gobierno informó que el Ministerio de Educación invertiría 28 millones de dólares en infraestructur escolar, de los $1,039 millones de la partida que el Ejecutivo ha contempló asignarle dentro del presupuesto general del país para 2020.
Salud
Salud cambió 15 jefaturas de la red nacional hospitalaria las jefaturas serían para el Hospital Rosales, Hospital Nacional Benjamín Bloom, Hospital Nacional de Chalchuapa, Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional General “Arturo Morales”
En agosto del año pasado Bukele anunció la creación de una Dirección Nacional de Salud Preventiva y lanzó el Plan Nacional de Salud sin dar mayores detalles. Además se habilitaron 620 plazas en diferentes especialidades del sector: 120 médicos especialistas, 200 enfermeras hospitalarias, 200 auxiliares de enfermería, 100 tecnólogos en anestesia, auxiliar de farmacia.
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En este mismo mes el Ejecutivo dijo que invertiría $9 millones en medicinas para abastecer el sistema de salud público, esto después que se anunciara el desabastecimiento de medicamentos por algunos sindicatos y que el mismo Minsal reconociera después de asumiera las riendas de la cartera de Estado que hospitales públicos como Rosales, Bloom, Zacamil y el Mazzini en Sonsonate tuvieran escasez de fármacos e insumos. La acción está contemplada dentro del Plan Nacional de Salud.
El 15 de septiembre el Gobierno volvió hacer una nueva compra de fármacos por $2,000,000. Los fondos para la compra eran parte de la partida de gastos reservados del Gobierno de 2019. En total eran 111 diferentes medicamentos los adquiridos hasta el momento.
Los trabajos para el nuevo hospital Rosales comenzaron en septiembre con la demolición del inmueble del hospital de Maternidad. Bukele pidió $120 millones más para la construcción del área que funcionaría para la Consulta Externa y área ambulatoria del Rosales.
En junio de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) por $170 millones distribuido en el Sistema Integrado de Salud II y la remodelación del Rosales. Para el hospital el monto fue $89 millones, pero Bukele dijo que no era suficiente para el diseño que había solicitado.
“Pedí un diseño de $120 millones para que sea el mejor de Centroamérica”, declaró el mandatario. El diseño incluye tres torres, una de las cuales estaría en el terreno de maternidad, otra en el espacio que ocupa el Laboratorio Max Bloch (en la Alameda Roosevelt) y el tercero en la zona donde, actualmente, está el área de Especialidades del Rosales.
En noviembre del año pasado Bukele prometió dos programas para combatir la tuberculosis y la desnutrición en los centros penales, pero advirtió que estos serían suspendidos si el número de homicidios aumenta. La decisión fue anunciada cuando hubo una alza de homicidios durante octubre, pues en 30 días se registraron 111 muertes violentas, equivalente a un promedio de cuatro crímenes diarios.
Cierres de Mister Donut
El 1 octubre de 2019, los ministerios de Trabajo y Salud empezaron de forma sorpresiva a cerrar restaurantes del Mister Donut alegando “una violación a los derechos laborales y por la falta de cumplimiento a normas de seguridad y salud ocupacional al existir un riesgo latente en perjuicio de las personas”.
Algunas de las sucursales cerradas fueron: La Campana, Unicentro Soyapango, las sucursales situadas en la 29a. Calle Oriente en el Barrio San Miguelito, la del Paseo General Escalón, la de la plaza San José en el centro de San Salvador.
Esto desencadenó una serie de protestas frente a Casa Presidencial por parte de los trabajadores de los diferentes restaurantes que fueron cerrados. También le supuso a Bukele críticas por su “intolerancia” con las críticas, en especial hacia el empresario Adolfo Salume.
Mientras que Salume denunció la acción como “un acoso gubernamental” luego de que desde varias instancias del Ejecutivo se le realizaran más de 20 inspecciones a siete de sus empresas de manera simultánea.
Crisis del agua
A principios de enero habitantes de diferentes municipios de San Salvador denunciaron que estaban recibiendo agua con mal y sucia, ante esto el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), Frederick Benítez dijo que la proliferación de algas en río Lempa provocó el mal olor y sabor del agua.
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Sin embargo, con el pasar de los días, ni el presidente de ANDA ni otra autoridad de Gobierno, de Medio Ambiente o de Salud brindaron más detalles técnicos que dieran la certeza de lo ocurrido.
El 18 de enero Gobernación declaró la emergencia por la contaminación del agua y el 20 de enero el presidente Nayib Bukele pide disculpas a la ciudadanía por considerar que el agua potable de Anda no era bebible a raíz de las algas e informó que se compró sulfato de cobre para el problema de las algas.
Esta decisión fue cuestionada por los parlamentarios, la academia, organizaciones de derechos humanos y otros sectores porque este es un químico que puede ser tóxico si se consume en grandes cantidades. El mandatario dijo que por recomendaciones de técnicos internacionales utilizarán cuatro miligramos de Sulfato de cobre por cada litro de agua.
El 30 de enero los diputados aprueban interpelar a la entonces ministra de Salud Ana Orellana Bendek, y al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez Cardona. Tras interpelar a Frederick Benítez, diputados señalaron que no es apto para el cargo y recomendaron a Bukele destituirlo del cargo.
Mientras que después de la interpelación de Ana Orellana Bendek, los parlamentarios emitieron un dictamen y recomendó a Salud que supervise la calidad del agua que suministra la ANDA y elaborara un plan de contingencia y control a raíz de la crisis generada cuando los capitalinos recibieron agua de color oscuro, con mal olor y sabor.
Crisis en la Asamblea
Uno de los primeros eventos que dio pie a este evento fue la convocatoria del presidente Bukele para que la Asamblea se reuniera el domingo 9 de febrero para votar por el préstamo de seguridad de 109 millones de dólares, fondos para la fase III del Plan Control Territorial.
Mario Ponce convocó a los diputados para el viernes 7 de febrero argumentando que las plenarias en domingo son solo para cuando el país entra en Estado de calamidad por desastres naturales.
También convocó a plenaria para el sábado 8 a las 8:30 de la noche, pero ante la falta de quórum de diputados para la plenaria, esta fue cerrada se convocó una nueva para el lunes 10 de febrero a las 12:30.
El domingo 9 de febrero (fecha conocida como el 9F por el evento ocurrido) Bukele militariza el órgano legislativo. Miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil rompieron cadenas e ingresaron sin autorización al Salón Azul. Bukele también convocó a la población a la plenaria, algunos de sus simpatizantes llegaron y se aglomeraron fuera de las instalaciones del parlamento.
El objetivo de Bukele era ejercer presión para que los parlamentarios aprobaran los 109 millones de dólares para financiar la fase III del Plan Control Territorial.
La acción del Ejecutivo fue criticada por organizaciones y analistas nacionales, así como organismos internacionales como el Gobierno de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidad (ONU), Organización de Estados Americanos, Centro Woodrow Wilson en Washington DC, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Los diputados consideraron la acción como “un intento de golpe de Estado”.
Finalmente el 10 de marzo la Comisión de Hacienda de la Asamblea tras semanas de discusión aprobó dictamen favorable para autorizar al Gobierno a suscribir un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el monto solicitado por el Gobierno..
Sin embargo, quedó pendiente porque Ponce explicó que no se tenían las firmas suficientes y el Ejecutivo quería hacer consultas, por lo que el dictamen volvió a la Comisión.
Emergencia sanitaria por COVID-19
El 26 de enero se empezaron a instalar controles sanitarios en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
El 30 de enero declaró al país en “emergencia por prevención contra el coronavirus” y suspendió la entrada de vuelos de China e Italia. También informó que se disponían de $8.6 millones para dar respuesta a la emergencia sanitaria.
El sábado 8 de marzo Bukele ordenó prohibir el ingreso a El Salvador de personas provenientes de Alemania y Francia como medida preventiva por la epidemia de coronavirus. La medida se suma a la que días atrás impuso el gobierno para viajeros procedentes de China, Corea del Sur, Italia e Irán. Este mismo día anunció que las personas que provinieron de estas naciones tendrían que hacer una cuarentena de 30 días, para esta fecha a habían 90 personas en el primer centro de contención que se habilitó.
El 14 de marzo se aprobó el primer Estado de Excepción con con 58 votos para un plazo de 15 días.
El 17 de marzo se cerró el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero a vuelos comerciales y se permitirían solo vuelos de carga.
El 18 de marzo Gobierno propone suspender pago de agua, energía y créditos para población directamente afectada por pandemia de coronavirus. Los beneficios estaban dirigidos a personas que pierdan su trabajo y personas enviadas a casa sin sueldo, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas que hayan bajado considerablemente sus ventas; artistas, odontólogos y otros profesionales que demuestren caída de ingresos, bares, restaurantes, cafés, comedores, meseros, todos los que demuestran afectación directa.
El presidente Bukele también planteó entregar a partir de marzo un bono de $150 mensuales a empleados del gobierno que trabajan en Salud, el Seguro Social, ISNA; CONNNA y FOSALUD, así como los de otras carteras de Estado que estén apoyando de forma directa a combatir la pandemia.
El 21 de marzo se declaró la primera cuarentena domiciliar obligatoria por 30 días y estableció que solo saldría una persona por familia para hacer compras necesarias. Además de empleados de medios de comunicación, transporte público y servidores públicos; permanecerán abiertas farmacias y restaurantes con modalidad a domicilio.Para esta fecha ya se tenían tres casos confirmados de coronavirus.
Luego, el 27 de marzo los diputados ampliaron las medidas de restricción por 15 días más.
Un día después, el 28 de marzo la Sala de lo constitucional ordena que las personas detenidas por violar la cuarentena regresen a sus casas y manda al Ejecutivo a no retener a las personas. Sin embargo, el Gobierno hace caso omiso a la resolución de la Sala.
Este periodo de la emergencia sanitaria causada por el COVID -19 ha estado marcada por las constantes enfrentamiento del Ejecutivo con la Sala de lo Constitucional, pero sobre todo el Órgano Legislativo.
Un claro ejemplo ha sido la última la usurpación de poder que Bukele ejerció el sábado 16 cuando a través del decreto ejecutivo 18 amplió el estado de emergencia por 30 días más. Sin embargo, el 17 de mayo la Sala lo suspendió.
“Decrétase medida cautelar en el sentido de que se suspenden inmediata y provisional los efectos del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 427, de 16 de mayo de 2020”, dictaba la resolución.
Luego, toda la semana pasada el Ejecutivo con el Órgano legislativo se reunieron para llegar a un acuerdo para reactivar la economía. No obstante, en la mesa de dialogo los funcionarios representantes del Gobierno aseguraron que no estaban de acuerdo con las decisiones tomadas por el parlamento.
Finalmente, con 56 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, los diputados aprobaron en la sesión plenaria el Dictamen N °648 que contiene la Ley Especial Transitoria de Emergencia por COVID-19 Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura de la Economía. Bukele de inmediato amenazó con vetar la normativa, incluso antes de su aprobación.
La apertura económica en 4 fases, el sector privado desde el próximo 8 de junio, bajo las medidas sanitarias establecidas en la ley, y el sector público el 15 de junio.
Pero Bukele ha continuado con el discurso confrontativo hacia el Legislativo y recordó que toda ley “no tiene ninguna legalidad”, si no tiene el visto bueno del Ejecutivo. Esto pese a seis días de negociación entre emisarios del Gobierno y los diptuados.
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