Ejecutivo “desmantela” las instituciones fiscalizadoras con recorte de $1.7 millones

En el proyecto de presupuesto de 2021, instituciones como la CCR, IAIP, TEG, PGR y PDDH reflejan una disminución en sus asignaciones presupuestarias, de entre $100,000 hasta $600,000.

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Por Eugenia Velásquez

2020-10-01 9:30:10

En el proyecto de presupuesto del próximo año presentado a la Asamblea por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se contempla una reducción de $1.7 millones en el gasto asignado a instituciones que fiscalizan el desempeño y uso de los fondos públicos por parte de los funcionarios de gobierno.

También hay disminución en la asignación presupuestaria de entidades encargadas de garantizar el acceso a la información pública, de velar por los derechos legales de los ciudadanos y de vigilar que los funcionarios no se valgan de sus cargos para favorecerse personalmente.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, Transparencia Internacional, explicó que con las reducciones del gasto a las entidades contraloras del ejercicio gubernamental, el Gobierno pretende “desmantelar” a las instituciones que velan por la probidad y la transparencia.

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“Lo que está haciendo es desmantelándolas poco a poco. Es una forma de reducir su margen de actuación, disminuir sus posibilidades de ejecutar sus atribuciones. La reducción de esa plata va asociada o termina repercutiendo en recursos humanos, auditorías, veedurías y acceso a la información”, explicó Sandoval.

En el documento que Zelaya llevó a los diputados el pasado miércoles se observa que instituciones responsables de controlar que los fondos del Estado no sean malversados, como la Corte de Cuentas de la República (CCR), han sufrido una drástica disminución en la asignación de fondos para su funcionamiento del próximo año.

A la Corte de Cuentas le fue asignado un presupuesto de $44.3 millones para que operara en 2020, sin embargo, según el documento presentado, se revela una asignación de $43.7 millones, es decir, una reducción de $600,000.

Durante la pandemia la CCR ha informado que en las auditorías realizadas al ministerio de Agricultura con la entrega de paquetes alimentarios para familias afectadas por el COVID-19 y el de Obras Públicas, con la edificación del nuevo Hospital El Salvador, se han topado con negación y obstáculos por parte de ambos titulares de dichas instituciones para acceder a información de los gastos.

Y no solo la Corte de Cuentas refleja una baja en la asignación presupuestaria, también hay entidades encargadas de garantizar que la población tenga acceso a la información pública, como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Para el caso, al Instituto le fue asignado en 2020 un gasto para su funcionamiento de $1.9 millones; mientras que para 2021, el Ejecutivo ha dispuesto darle $1.8 millones, lo cual representa una reducción de $100,000.

El IAIP ha sufrido una intromisión sistemática de parte del Ejecutivo desde que el presidente Nayib Bukele asumió el poder el uno de junio de 2019, que va desde la colocación de comisionados afines al gobierno e intenciones de mantener bloqueada a la institución con nuevas normas digitales para que no haya acceso a la información del Gobierno.

La Procuraduría General de la República (PGR), una entidad dedicada a servir a la población de escasos recursos económicos en representación legal ante procesos judiciales relativos a la niñez y otros, también lleva un recorte de fondos.

Para 2020, la PGR tiene $34.3 millones, en cambio, para 2021 el gobierno quiere darle $33.7 millones, lo que implica $600,000 menos para su funcionamiento. Es de las instituciones con mayor reducción para el próximo año.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), otra entidad con la que Bukele mantiene constante fricción por el desacuerdo del actuar del procurador Apolonio Tobar, en señalar “violaciones a los derechos humanos” durante la pandemia, registra una disminución de $300,000 en su gasto para 2021.A la PDDH le habían asignado en 2020, un monto de $10.7 millones, pero para 2021 se proyecta un presupuesto de $10.4 millones.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), una entidad dedicada a velar porque los funcionarios no se aprovechen de sus cargos para beneficio propio y que tiene en ciernes varias denuncias en contra de funcionarios del gobierno, lleva una reducción de $100,000 para 2021.