La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), instituciones que velan por la defensa de los derechos civiles, tendrán menos fondos para realizar su labor el año entrante, una situación que preocupa a organizaciones de sociedad civil por el énfasis del Gobierno de Nayib Bukele en la militarización, al asignarle más fondos a la Fuerza Armada.
La PDDH contó este año con $15.421 millones, pero en el proyecto de presupuesto para 2022, el Ejecutivo le asigna $12.421 millones, es decir $3 millones menos, 19% menos respecto al ejercicio en curso.
Aunque la PDDH ha bajado su perfil desde el 1 de mayo en que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, su titular, Apolonio Tobar, fue el único funcionario que rechazó ante los diputados la reforma de perseguir casos ya fenecidos hace pocas semanas, algo que no fue del agrado de la bancada cyan.
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La PGR, otra institución que tutela derechos civiles, contará con una reducción similar. Para 2021, contó con un presupuesto de $38 millones, mientras que lo destinado por el Ejecutivo para la PGR en 2022 es de $35 millones, es decir $3 millones menos.
Mientras tanto, la Corte de Cuentas de la República (CCR) mantendrá su presupuesto de $48.709 millones. Si bien no tiene recortes como las dos anteriores, su capacidad de fiscalización de fondos no podrá ampliarse, una limitante que han denunciado los magistrados en tiempos pasados.
La Corte de Cuentas es la única institución de control que ha hecho reparos a la gestión del Ejecutivo durante los gastos efectuados durante la pandemia de covid-19, de hecho ha pasado a juicio de cuentas a los titulares de Salud y Obras Públicas por gastos irregulares en la reconstrucción y equipamiento de hospitales de la red nacional.
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Por el contrario, el ministerio de Defensa tendrá un incremento del 16% el año que viene pues su presupuesto actual es de $220 millones, mientras que el asignado para 2022 es de $256 millones, es decir, $36 millones más, algo que las organizaciones de sociedad civil han criticado por el ascenso del militarismo en tiempos de paz.
Población sin garantías
“Consideramos que es lamentable que en el caso de una institución como la PDDH, que es la principal institución de protección en la materia y que atiende bastantes víctimas se reduzca el 19% en el presupuesto. En 2021 la PDDH había sido incrementada en $5 millones respecto del 2020. Esta reducción significa una regresión”, manifestó el Director de Litigios de Cristosal, Abraham Ábrego.
Esta reducción no llamara tanto la atención si el gasto en militarismo no se fuera incrementando de manera gradual en los últimos años, considera.
“Eso contrasta con el incremento progresivo en el presupuesto de Defensa Nacional que pasa más allá de los $250 millones, por lo tanto se puede observar acá un énfasis en el tema de militarización, de seguridad pública en detrimento de otras áreas importantes como la atención a víctimas”, abundó Ábrego.
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A juicio de la periodista y defensora de derechos humanos Celia Medrano, desde que entró al poder en 2019 el gobierno de Bukele ha puesto el énfasis en la publicidad y militarización, algo que a su ver queda patente en la forma cómo se han distribuido los fondos en los dos primeros años de gestión.
“Las prioridades de los grupos de poder que controlan el ejecutivo han estado claras desde junio 2019: publicidad y militarismo. Dentro de publicidad se incluyen acciones populistas de efecto a corto plazo en la población como distribución de bolsas de alimentos y contratación masiva de equipos de difusión inmediata de cualquier actividad realizada”, manifestó Medrano.
A su juicio, es notorio que en casi todas las obras del gobierno “hay un numero casi igual de fotógrafos y operadores de redes sociales que personal asignado a realizar actividades concretas”.
La experta en derechos humanos coloca un ejemplo: “La entrega de una caja de comida a una familia tiene más fotografías que en, conjunto con el personal que opera publicitar esa acción, tiene mayor costo que los alimentos que se regala con fondos públicos”.
Pero a su juicio, la parte más sensible dentro del plan de ingresos y egresos del Estado para 2022 es la cantidad de fondos que se están entregando a los uniformados.
“En la lógica de la militarización incluye destinar recursos para vigilancia en estructuras del organismo de inteligencia del estado, cuyo presupuesto es secreto de Estado desde el primer decreto ejecutivo emitido por la actual gestión gubernamental”, dice.
A juicio de Medrano, “mantener esas dos prioridades (publicidad y militarización) es altamente caro y ambas líneas prioritarias exponen a la ciudadanía a graves violaciones a los derechos humanos”.
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De igual forma, la experta en derechos humanos considera que la reducción a las instituciones que defienden los derechos humanos es congruente con las actuaciones del actual gobierno.
“Los presupuestos destinados para continuar la escala militarista incluyen la reducción de fondos para la única instancia estatal con mandato constitucional de proteger a la población de violaciones a derechos humanos cometidas por el mismo Estado”, resumió Medrano.