En el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 24 de diciembre, los diputados hicieron una reducción de $450.12 millones a diferentes instituciones de Gobierno, los cuales fueron reasignados a entidades que tenían una reducción de fondos.
En el caso de la Presidencia de la República, Hacienda había solicitado fondos por $101.4 millones, pero la Asamblea redujo $47.1 millones desglosados por $16.5 millones a Inteligencia del Estado, $16.3 millones de la administración general, $5.5 millones de la Secretaría de Innovación, $1 millón de la Secretaría de Prensa, $3 millones a gastos de funcionamiento y $4.8 millones a la Secretaría de Comunicaciones.
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También hubo reducción al ministerio de Hacienda, por un monto de $27 millones, desglosados en $6 millones a Fopromid, $14 millones en apoyo al comercio exterior y $7 millones de gastos varios.
Otras reducciones son para Defensa con $27.6 millones, que iban para bienes y servicios; $15 millones a Relaciones Exteriores para bienes de uso y consumo; $1 millón de gastos varios en Gobernación; $8.9 millones para Justicia y Seguridad desglosados en $2 millones para compra de vehículos de turismo y $6.9 millones para compra de materiales de defensa.
Redujeron $3 millones a Economía, que serían transferidos al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (Cifco), además de cortar $1 millón al INDES, que pretendía abrir nuevas plazas, y $22 millones a ANDA que serían para indemnizaciones.
A estas reducciones se suman $7.91 millones que iban dirigidos para publicidad del gobierno y una reducción de $25.6 millones para consultorías, que los diputados sostienen que no fueron justificadas por los representantes de las carteras del Estado, cuando llegaron a la comisión de Hacienda.
La Asamblea redujo también de todas las instituciones públicas un monto de $264 millones de inversión pública, a excepción de Salud, Educación, Fodes y la Universidad de El Salvador (UES).
“Lo que se dice es que de la inversión pública se va a invertir fondos a organizaciones, y es el gobierno quien va a definir en qué rubros va a hacer los recortes”, explica el diputado Víctor Suazo, del FMLN.
Aumentos a entidades
La Asamblea hizo también aumentos a instituciones por un monto de $285.9 millones. Dentro de estos se incluye un refuerzo de $17.1 millones para organizaciones no gubernamentales y para obras municipales, donde detalla el monto solicitado por las fundaciones y alcaldías, y las carteras del Estado que deberán transferir los fondos de forma directa.
Entre estos aumentos están también fondos para el Órgano Judicial al que la Asamblea le dio lo que le toca por ley, que es el 6 %, donde le aumentó $51.8 millones en el presupuesto; y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (Fodes) a las alcaldías, que por ley deben recibir el 10 % del presupuesto.
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También aumentaron $20 millones a la UES; $5 millones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para cobertura de gastos para medidas bioseguridad de las elecciones de febrero; $5 millones para la Procuraduría General de la República (PGR), y $5 millones para la Corte de Cuentas de la República (CCR) como refuerzo presupuestario.
Otros aumentos son de $7 millones a la Fiscalía General de la República (FGR); $5 millones al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG); $5 millones para Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como refuerzo presupuestario de las entidades; $10 millones para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) para la ampliación de la pensión básica universal, que beneficiará a las personas mayores de 70 años; y $60 millones a Gobernación para transferirlos al Instituto de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes.
Asamblea “demasiado generosa”
Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), señala que no está de acuerdo en el incremento que se he hecho al presupuesto del 2021. “Creo que la Asamblea fue demasiado generosa porque ya teníamos el presupuesto más alto de la historia, y cuando se compara lo que mandó (el Ejecutivo) y lo que la Asamblea le aprobó, hay cosas mejores, no se puede quejar el presidente (Nayib Bukele)”, opina.
Indica que lo positivo es la disminución a entidades que ha venido manejando el gobierno para atacar y hacer propaganda gubernamental.
“Le recortaron a lo innecesario, a lo que no es útil para la población, a la Organización de Inteligencia del Estado, que no es útil porque los organismos funcionan más para espiar a los ciudadanos y no para la seguridad. Le bajaron a Defensa, porque no estamos en guerra, y ya es uno de los presupuestos más altos de Centroamérica; le bajaron a Gobernación, porque tampoco es algo productivo”, dice Rubio.
Sostiene que la Asamblea cumplió con la ley al dar el Fodes completo a las alcaldías y la asignación correcta a la Corte Suprema de Justicia.
“Y algo muy importante, le suben a las instituciones de control a las que Bukele les había bajado con la intención de que nadie lo supervise, para que nadie vea el manejo de fondos que hacen, en ese reinado de la opacidad en la que se han venido moviendo. La Asamblea lo que ha hecho es corregirle la plana, mejorarlo, y refuerza a las instituciones de control”, señala Rubio.