Presunto feminicida de agente policial Carla Ayala lleva prófugo un año

Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de privar de libertad y asesinar a la policía Carla Ayala cumple mañana un año de evadir la justicia. La orden judicial para que la Policía Internacional (Interpol) lo ubique y arreste en los 192 países miembros de la organización, así como el ofrecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) de una recompensa de $5,000 a quien brinde información que permita encontrarlo, no han dado resultados.

La razón que llevó a “Samurái” -el indicativo que Castillo usaba en la institución- a lesionar de muerte a la víctima, la madrugada del 29 de diciembre de 2017, continúa siendo un misterio.

El director de la Corporación policial, Howard Cotto, y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, han asegurado varias veces que las investigaciones están avanzadas. Que hay “fuertes indicios” de que el imputado está vivo y podría estar oculto en México, Honduras o Guatemala.

Aunque los funcionarios sostienen que han realizado gestiones con las autoridades de esas naciones, aún no hay pistas concretas sobre el expolicía a un año del feminicidio que causó un sufrimiento prolongado a la familia de Ayala.

Los dolientes pasaron nueve meses sin saber qué fue de Carla, hasta que la primera semana de septiembre sus restos fueron localizados en una tumba clandestina en el cantón Los Hornos, de San Francisco Javier, Usulután. De ese lugar es originario Castillo Arévalo y propiedad de un pariente de este el terreno en el que hallaron la osamenta.

La muerte violenta de la agente de 38 años, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa y era madre de dos adolescentes, también desencadenó un hecho sin precedente en El Salvador: la desintegración de Grupo de Reacción Policial (GRP), la principal unidad elite de la Corporación, cuyos agentes recibieron formación especializada por expertos internacionales.

Este caso además destapó una red de corrupción dentro de la institución policial que, a la fecha, mantiene tras las rejas a una decena de agentes, entre ellos jefes, que presuntamente ayudaron a escapar a ‘Samurái’ tras cometer el crimen.

A eso se suma que el Fiscal General, Douglas Meléndez, señaló pocos meses después del feminicidio que había complicaciones en la investigación debido a que los involucrados son policías que conocen cómo se trabajan estos casos, saben borrar evidencias y dejó entrever que se estaban encubriendo.

La madrugada del feminicidio

La noche del 28 de diciembre del año pasado, los agentes del ex-GRP hicieron una fiesta navideña en el inmueble donde funcionaba dicha unidad élite, en la colonia San Fernando, al sur de San Salvador.

Fuentes policiales manifestaron que la autorización para hacer la celebración la dio por escrito el comisionado Orlando Parada Batres, jefe en funciones de la Unidad de Áreas Especializadas de la PNC, ya que su jefe, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, estaba fuera del país.

 

Ayala asistió al festejo invitada por una compañera. En la velada, además de cenar y bailar, participaron en rifas de canastas, botellas de vodka y de wisky. Los regalos fueron entregados por el jefe del ex-GRP, el subcomisionado Julio César Flores Castro y su invitado especial, el comisionado Parada Batres.

En la madrugada del 29 de diciembre, Ayala pidió irse a su casa, en el municipio de Apopa, y los jefes autorizaron a que los agentes Ovidio Pacheco, Wilfredo Deras y Juan Josué Castillo Arévalo la llevaran en una patrulla.

Tres meses después, por orden del Juzgado Sexto de Instrucción, se hizo una reconstrucción de la escena para intentar esclarecer lo que pasó. Pacheco y Deras relataron al juez Roberto Arévalo Ortuño, fiscales, querellantes y abogados que participaron en la diligencia que Ayala y Castillo iban en el asiento trasero del carro.

Cuando circulaban por el bulevar Constitución, cerca de la Residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo habría recibido un mensaje en su teléfono que lo hizo enojar: “Eso quería esta perra”, es lo único que le escucharon decir a “Samurái” antes de que le disparara a Ayala.

Ellos aseguraron que no sabían si la mujer estaba herida o muerta, pero contradictoriamente señalaron que Castillo les pidió ayuda para “deshacerse del cuerpo”.

Los policías aseveraron que no neutralizaron a Castillo porque él supuestamente los llevaba amenazados. Incluso, sostuvieron que le apuntó con la pistola al que manejaba para que no se detuviera y aunque le sugirieron que llevaran a su compañera a un hospital, él se negó.

Pese a que los agentes manifestaron que iban amedrentados, al llegar al redondel Integración decidieron retornar a la base para reportar lo que había pasado y pedir ayuda a sus colegas para arrestar a Castillo.

Otro dato que dieron y genera duda es que a pocos metros antes de llegar a la base del GRP, Castillo les dio un arma y él se quedó con otra. Luego le dijo a su compañero que manejaba que siguiera la marcha. Al llegar, los agentes se bajaron del pick up y entraron a reportar el hecho, pero dejaron las llaves puestas. Castillo huyó en el carro con Carla.

Así se habría fugado “Samurái”

Irónicamente, la base del ex-GRP estaba dentro de una residencial que tiene pluma, portón y vigilante privado. Todos esos obstáculos no impidieron que Castillo se fugara.

La Fiscalía y el mismo juez señalaron que era inconcebible que policías entrenados para hacer intervenciones en situaciones difíciles contra delincuentes no hayan podido neutralizar a su compañero.

Según los imputados, unos policías salieron en persecución de Castillo cuando iba por la carretera El Litoral hacia San Francisco Javier, Usulután, a donde habitaba. Al llegar a la zona conocida como El Pedregal, en El Rosario, La Paz, los agentes hallaron a unos colegas y les preguntaron si habían visto pasar un carro policial y, como dijeron que no, regresaron a la capital.

La Fiscalía señaló en la acusación que tras huir, Castillo habló por teléfono con un compañero y le dijo que “ya había tirado del vehículo a la señora (Ayala)”.

Horas después, Castillo volvió a dejar la patrulla al GRP, pero por segunda vez sus compañeros no lo detuvieron, pese a que entró y se tomó el tiempo para entregar las llaves y decirle a sus compañeros: “Ya no soy más del GRP”.

Después se marchó en un vehículo particular acompañados por dos parientes. La Policía los interceptó en el redondel Árbol de La Paz, en el bulevar Los Próceres, y hubo un tiroteo. En la confusión, Castillo se les volvió a escapar.

En junio, el director de la PNC aseguró que el acusado se mantuvo todo el 29 de diciembre en San Salvador e hizo contactos con colegas y familiares para que le ayudaran a marcharse a San Francisco Javier. A las 6:00 p.m., cámaras de vigilancia captaron que Castillo regresó a Usulután en un vehículo mientras era escoltado por personas que iban en otros dos carros.

El 21 de septiembre, 266 días después de ser asesinada, Ayala fue sepultada en un cementerio privado. Dos semanas antes, sus restos fueron hallados en una fosa del cantón Los Hornos, de San Francisco Javier. La Fiscalía señaló que Castillo junto con otras personas la enterraron primero en una tumba cercana, pero cuando vieron que las autoridades los tenían en la mira trasladaron las osamentas a otro sitio dentro de la misma propiedad.