El presidente Nayib Bukele, envió a la Asamblea Legislativa 23 propuestas de reforma a leyes orgánicas de distintas autónomas y empresas descentralizadas del país, con las que pretende marginar la representación del sector privado en dichas instituciones.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, confirmó esta mañana en una entrevista televisiva con el Canal 12 que las iniciativas de Bukele serán aprobadas hoy en el pleno.
A las 6:00 p.m., los diputados del oficialismo votaron para expulsar la representación de gremiales privadas del ISSS. La ley actual indica que son dos representantes del sector privado en el ISSS de un total de 12. "Dentro de la estructura orgánica del Seguro Social se encuentra que existe un Consejo Directivo integrado por 12 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, los cuales son electos de acuerdo con lo establecido en dicho cuerpo legal, entre los cuales se encuentran dos miembros representantes del sector patronal", dice la ley actualmente.
Luego, los diputados oficialistas procedieron a votar por la marginación de gremiales privadas de ANDA. La reforma también fue aprobada, y hubo 63 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones.
Luego, los diputados del bloque oficialista procedieron a sacar la representación privada del FOVIAL , así como de otras instituciones autónomas.
Temprano, Ernesto Castro secundó un tuit de Bukele en el que afirma que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ya no tendrá poder de decisión en las instituciones mencionadas.
"Ahora la ANEP ya no va a tener el mando que ha tenido como siempre, como queriendo manipular todo y queriendo imponer sus reglas en un lugar en donde no tienen que imponer. ¿Qué tienen que estar haciendo la ANEP poniendo sus reglas en donde están las instituciones públicas, las instituciones autónomas y semi autónomas, que al final nos debemos al pueblo salvadoreño, ellos ya no van a poder seguir bloqueando lo que han estado bloqueando durante años, todo eso se les va a acabar este día, afirmó Castro en rueda de prensa.
Sin embargo, aclaró que el sector privado siempre va a existir y formará parte de las Juntas Directivas, la diferencia es que de ahora en adelante las propuestas para pertenecer a esas instancias podrán llegar desde cualquier gremial empresarial y de cualquier sector empresarial que no necesariamente esté ligado a la ANEP.
"Ya no serán esas imposiciones que la ANEP ha estado acostumbrado a hacer", manifestó Castro.
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Más temprano en una entrevista televisiva, Castro había adelantado la decisión que el pleno tomará este jueves. “Ahora, en la plenaria vamos a cambiar la forma en cómo se han estado manejando las instituciones autónomas y descentralizadas. Este vía va a ser un día histórico para la verdadera democracia”, apuntó Castro.
Esta medida viene justo un día después de que el 1 de junio Bukele advirtiera que el quinto paso para tomar el control total del poder del Estado es haciendo “la batalla en contra del aparato ideológico”.
“Esa oligarquía todavía tiene mucho poder, porque aún controla el aparato ideológico del Estado”, afirmó en su alocución en el Salón Azul.
Para diferentes organismos sociales el quinto paso al que Bukele se refiere es imponer una nueva ideología y una nueva oligarquía con Nuevas Ideas. Así como el objetivo de implementar una Asamblea Constituyente como forma de crear una “nueva República” en el marco del bicentenario de la Independencia que se celebrará este año el 15 de septiembre.
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Las modificaciones a las leyes orgánicas de las autónomas y oficinas descentralizadas del gobierno también contemplan un reforzamiento de las causales para que un delegado del consejo directivo de alguna de esas instituciones pueda ser destituido.
“Dicha reforma busca establecer de manera expresa causales de remoción de dichos miembros cuando éstos se aparten de la legalidad en su actuar o acaezcan otras circunstancias que ameriten su separación del cargo; todo con el propósito de velar por la eficaz gestión y realización de los negocios públicos, lo que impele a introducir las pertinentes reformas a dichos efectos”, reza parte de las reformas planteadas en cada una de las propuestas de reforma.
De acuerdo a las solicitudes que este jueves conocerá el pleno y que han sido publicadas en el sitio web de la Asamblea, se trata de propuestas de reforma a las leyes orgánicas de las autónomas para que la representación del sector privado en los consejos directivos no necesariamente vengan del área patronal, adicionando un texto que dice “los proponentes de los candidatos no estarán obligados a pertenecer a gremiales del sector privado”.
Entre las autónomas que sufrirían cambios si es que la Asamblea procede hoy mismo a aprobar dichas enmiendas con dispensa de trámite, es decir, sin discusión de la comisión de trabajo legislativa, son: el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO); el Banco Central de Reserva; el Sistema Salvadoreño para la Calidad; la ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa.
El Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa); la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur); la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget); la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda); Aviación Civil; la Autoridad Marítima Portuaria (AMP); el Fondo de Conservación Vial (Fovial); el Fondo Salvadoreño para Estudios de Pre Inversión; el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
Así como el Fondo Social para la Vivienda (FSV); el Fondo Nacional de Vivienda Popular; el Fondo de Inversión Social de El Salvador; el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto Salvadoreño de Turismo; el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp); entre otros.
MÁS DEUDA
Se estima que este día también los diputados del oficialismo respalden con sus votos la emisión de $561 millones adicionales en créditos, con la cual el nivel de deuda de El Salvador alcanzará $3,381 millones en un mes desde que la nueva Asamblea tomó posesión el 1 de mayo pasado.
Los diputados lograron consenso para emitir dictamen sobre tres créditos: uno de $245.8 millones para el proyecto de construcción del Viaducto y Ampliación de la Carretera Los Chorros; otro por $200 millones para el Programa “Mi Nueva Escuela”; y un tercero de $115.2 millones para el proyecto de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos, que será administrado por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).
A la comisión de Hacienda asistieron los ministros de Hacienda, Alejandro Zelaya; la de Educación, Carla Hananía de Varela; y el presidente del INDES, Yamil Bukele, a explicar el uso que darán a los recursos.
Además, Zelaya informó de otro préstamo de garantía soberana por $40 millones del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) para la generación de energía sostenible y apoyar a las PYMES. Este crédito quedó pendiente de más estudio.
Sin embargo, con el nuevo paquete de préstamos que se prevé sean aprobados este jueves en la plenaria, El Salvador estaría incrementando su deuda a más del 93% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos que maneja la oposición política. Esto, sin contar que falta por aprobar los $40 millones que van para Bandesal.
El titular de Hacienda justificó que parte de los préstamos acordados estaban pendientes desde la legislatura pasada.
“Estos créditos forman parte de la mora de todos los créditos que habían sido expuestos y que no habían sido aprobados en la anterior legislatura. Forma parte de nuestras estimaciones de deuda, los créditos tienen un periodo de gracia que oscila entre los 4 y 7 años. El índice de nuestra deuda es de 82.8 por ciento”, enfatizó Zelaya, respecto de la preocupación que existe de seguir adquiriendo nuevos compromisos económicos.
Desde que inició el 1 de mayo la legislatura actual, en cada plenaria han venido aprobando deuda, por paquetes de hasta $600 millones y así sucesivamente.
El recuento de los créditos aprobados según el FMLN son: $91 millones para el Plan Control Territorial Fase II por $91 millones; Plan Control Territorial Fase III por $109 millones; Proyecto económico para el programa “local resiliente” por $200 millones; préstamo de OPD para apoyar las acciones de políticas públicas por $250 millones.
Además de $45 millones para el fortalecimiento de la resiliencia de los bosques cafetaleros; $15 millones para dar respuesta ante el COVID-19; $20 millones para programas de crédito para la micro y pequeña empresa; $200 millones para el programa de Acceso al Crédito; $250 millones para el Proyecto Creciendo Saludables Juntos; $250 millones para el Proyecto Crecer y Aprender Juntos; $100 millones para el programa de mejora de la calidad educativa.
También otros $640 millones para el Fideicomiso de rescate de la caficultura; y $650 millones para el Fideicomiso de Rescate del Sector Agropecuario.