"Cuando ellos (Gobierno) no aceptan investigar las plazas ad honorem que también ha recibido sobresueldos, lo que nos parece es que quieren buscar venganza, atacar a la oposición, a los que ya fueron gobierno pero no quieren atacar su propia corrupción".
Así cuestionó el jefe de fracción de ARENA la creación de la comisión especial que investigará la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
Bajo estos cuestionamientos de la oposición, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, juramentó en la sesión plenaria número 11 al diputado Jorge Castro como presidente de dicha comisión, a Raúl Castillo como secretrario; a Rebeca Santos como relatora; a Walter Coto, William Soriano y Marcela Pineda como vocales (todos de Nuevas Ideas). Asimismo, al diputado Juan Carlos Mendoza de GANA y Rosa Romero de ARENA como vocales.
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El diputado Cuadra dijo que la corrupción debe seguirse "venga de donde venga" y en ese sentido propuso que también se incluya a funcionarios del Gobierno actual en estas investigaciones debido a que hay señalamientos de corrupción contra algunos de ellos.
"La corrupción debe seguirse venga de donde venga, al final son los fondos públicos, existe información de funcionarios de este Gobierno de que si han recibido sobresueldos, el sueldo que reciben de acuerdo a la Ley del Salario es diferente a lo que a ellos les ingresa y lo que el Gobierno les está pagando", señaló el legislador y en ese sentido agregó que "sería sano por parte de este Gobierno de que también se incluyera este tipo de investigaciones".
Además, explicó que como partido formaran parte de dicha comisión esperando que se busque no la verdad partidaria sino que la verdad que los salvadoreños esperan conocer.
"Vamos a integrar esta comisión con todo el buen deseo de que esta comisión busque la verdad, no la verdad partidaria, sino la verdad que los salvadoreños están esperando, todo pago al margen de la ley es un pago irregular que debe de observarse por la Corte de Cuentas, así como el pago de lobistas en esta administración, no hay ninguna partida presupuestaria en este presupuesto que habilite al Gobierno a pagar lobistas en Washington para mejorar la imagen, ese es un pago la margen de la Ley", apuntó.
Cuadra indicó que ARENA espera que también se indague en la "Ley Alabí" con la cual a su juicio se le quiere tapar mucho dinero que se utilizó en la pandemia. Añadió que esperan que esta comisión investigue "las compras de botas a familiares, las compras de maíz a Sinaloa por parte de un funcionario que fue separado pero que no sabemos estas investigaciones en que han terminado, queremos que se investigue lo señalado por la CICIES".
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En ese mismo sentido opinó el jefe de fracción del FMLN, quién anunció que su partido no integrará dicha comisión debido a que "no hay garantía de la imparcialidad al no incluir a funcionarios del actual Gobierno".
"Queremos dejar en firme que estamos de acuerdo en cualquier tipo de investigación que tenga que ver con los sobresueldos y prácticas que están señaladas en el tema de corrupción, también queremos comentar a la presidencia de la Asamblea que nos vamos a abstener de participar en la comisión, porque consideramos que no hay garantía de la imparcialidad ya que no se integra en la investigación a posibles casos de corrupción y sobresueldos de la actual administración dejando entrever a la especulación que esto tiene que ver a un tema de revanchismo político", criticó.
El diputado de Nuestro Tiempo, Jonny Wrigth Sol, dijo que apoyaría esta iniciativa de buena fe y con el deseo que se haga justicia, que se respete el debido proceso, que se siga una metodología clara, que se actúe de manera abierta y transparente.
Sin embargo, instó a atacar el problema de raíz. "Dediquémosle nuestro esfuerzo a reformar la Ley de Servicios Públicos , a reformar todo lo que tiene que ver con la función pública en el país, porque si no recurriremos a partidas secretas, a nuevos mecanismos en donde hay funcionarios que su salario público no lo cobran, se declaran ad honorem y reciben su compensación por otra parte, de una manera perfectamente legal, pero en mecanismos evolucionado que no está acorde a lo ético", concluyó.