En noviembre del año pasado, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a algunos ministro de Gobierno y el presidente de CEPA, presentaron a la Asamblea Legislativa una reforma a la ley de concesión del puerto, que buscaba ampliar a 50 años prorrogables el plazo de concesión (en la anterior ley eran 30 años) y no ponía límites en el monto de inversión inicial (antes eran $30 millones).
Dicha reforma se aprobó a inicios de enero de este año.
A la par de dicho proyecto el gobierno presentó el Proyecto de Ley de la Zona Económica Especial (ZEE) de la Región Suroriental del País, supuestamente para fomentar las inversiones.
Así era el desarrollo que se planeaba para el puerto de La Unión sin la presencia de China
Es un puerto con 10 años de abandono, nula movilidad de contenedores y pérdidas millonarias.
Y así de repente el Gobierno comenzó a moverse para que empresas de China Popular tuvieran presencia en La Unión, pobladores de las islas adyacentes afirman que funcionarios juntos a empresarios chinos han llegado para mostrar su interés en comprar 123 hectáreas de la zona, incluyendo la isla Perico.
Además, funcionarios de alto nivel del Gobierno han viajado a China a negociar acuerdos que no se han transparentado con la población, y en donde tampoco se han invitado a los empresarios.
Algunos analistas se preguntan qué se ha negociado con China, qué se ha hablado en términos de cooperación o que se negoció en el tema del puerto La Unión; pues lo único que se conoce es que se rompió el acuerdo comercial con Taiwán y que no ha habido transparencia, sobre todo ahora que el Canciller de la República ha dicho que desde mayo pasado se establecieron relaciones diplomáticas.
Empresa china se define como “militar”, pero Economía defiende interés en La Unión
Su razón empresarial fue modificada ayer por la tarde en su página web.
También llama la atención, dicen los analistas, que en las Zonas Económicas Especiales no podrán participar salvadoreños, y que se ha elaborado específicamente para favorecer a los chinos.
Economistas como Manuel Enrique Hinds sostienen que el problema no es que ingresen compañías chinas sino que salvadoreños o de otras nacionalidades no puedan participar en las ZEE, y que también se perdería soberanía al ser una junta directiva en esa zona la que tome las decisiones, y no el Estado salvadoreño, aparte de que dentro de dicho recinto es muy probable que no opere la legislación nacional.
Advierte que las zonas económicas se deberían ampliar a todo el trerritorio nacional y no solo a oriente; pero mientras todo esto se define, el Gobierno tendrá que seguir pagando anualmente unos $10 millones por mantener una terminal marítima en la que apenas han llegado alrededor de 200 barcos desde que fue construido hace 10 años.