Ayer, la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó una solicitud de eliminar el programa que obliga a los migrantes a esperar en México su cita ante tribunales para poder solicitar asilo en ese país norteamericano. Por ende, este programa debe restablecerse desde hoy, 25 de agosto.
Este programa, conocido como Migrant Protection Protocols (MPP) o “Quédate en México”, ha dejado a miles de migrantes solicitantes de asilo varados en México y vulnerables ante grupos criminales que operan en la zona.
Este programa instaurado en la administración Trump empezó a revertirse en el gobierno actual de Joe Biden mediante la vía judicial, pero el 24 de agosto se denegó la solicitud, por lo que las autoridades estadounidenses deberán ejecutarlo.
En una conferencia de prensa con periodistas del Triángulo Norte y México, Emily Mendrala, secretaria adjunta del Buró de Asuntos Estratégicos de Estados Unidos, afirmó que acatarán la orden judicial y procesarán a las personas que lleguen a la frontera sur estadounidense de acuerdo con las normas vigentes. Además, reiteró lo que otros funcionarios han dicho: que los migrantes que lleguen de forma irregular a la frontera serán devueltos a sus países de origen.
Mendrala agregó que el interés de su país es abordar las causas fundamentales de la migración irregular, entre ellas la creación de oportunidades económicas.
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Sin embargo, la funcionaria no detalló cómo el gobierno de su país abordará los retos humanitarios que dejó el cuestionado programa MPP. Al ser cuestionada por periodistas sobre la situación de menores no acompañados, mujeres en vulnerabilidad y la grave situación de derechos humanos expuesta por instituciones como Human Rights Watch, se limitó a decir que “estamos trabajando con organizaciones internacionales para intentar encontrar medidas para mitigar los desafíos humanitarios”.
Cuando se buscó más detalles al respecto, simplemente dijo que eso habría que preguntárselo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta es la entidad a cargo de aplicar las leyes fronterizas y migratorias en Estados Unidos.
Ante la insistencia de los medios, Mendrala afirmó: “Subrayo que estamos comprometidos con un sistema de migración seguro, ordenado y humano que defienda nuestras leyes y valores”, pero no ofreció detalles y reiteró: “Las preguntas (sobre los datos específicos de protección de derechos humanos) deberían referirse a los colegas de DHS porque son ellos los que van a manejar lo operacional”.
Además, declinó revelar el resultado de conversaciones diplomáticas con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras o México sobre el restablecimiento de este programa “Quédate en México”.
El DHS respondió a través de un comunicado que no están de acuerdo con la decisión del tribunal, la cual han apelado, pero que cumplirán la orden.
"El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) discrepa respetuosamente de la decisión del tribunal de distrito y lamenta que la Suprema Corte haya declinado emitir una suspensión. El DHS ha apelado la orden del tribunal de distrito y continuará impugnándola enérgicamente. Sin embargo, mientras el proceso de apelación continúe, el DHS cumplirá con la orden de buena fe", indicó.
Añadió: "Junto a nuestros socios interinstitucionales, el DHS ha comenzado a entablar pláticas diplomáticas con el Gobierno de México en torno a los Protocolos de Protección al Migrante (MPP)".
Un programa lesivo para los derechos humanos
Un informe extenso de Human Rights Watch da cuenta de los peligros del MPP. En su documento titulado “Como si me estuviera ahogando” (título que recoge el testimonio de una mujer hondureña varada en Mexico), esta organización sostiene que “la gente ubicada en el MPP está en riesgo de serios daños en México, incluyendo abuso sexyal y otros tipos de ataques violentos, como robos armados y extorsión, a menudo de parte del crimen organizado y en ocasiones, de parte de agentes migratorios mexicanos y la policía”.
Además, sostienen que el programa va en contra de las obligaciones adquiridas por Estados Unidos bajo los Protocolos de Refugiados, la Convención contra la Tortura, la Alianza Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el derecho internacional.
“El programa ‘Permanecer en México’ ha expuesto innecesaria y previsiblemente a menores y adultos a un alto riesgo de violencia y otros daños”, recalcó Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de Human Rights Watch y autor del informe en cuestión.
En su momento, Human Rights Watch pidió suspender este programa y dejar que los solicitantes de asilo lo hagan dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, y en vista de estas dudas humanitarias, el gobierno estadounidense aún no detalla cómo apelará la decisión de la Corte Suprema o cómo abordará los desafíos humanitarios que el programa “Quédate en México” ya evidenció en su primera etapa.
Y ante las dudas, la secretaria adjunta Mendrala solo reconoció que hay retos humanitarios, se comprometió con un sistema “seguro, ordenado y humano” y refirió las preguntas sobre la implementación al Departamento de Seguridad Nacional.