Rosendo, nombre ficticio, tiene 62 años de edad y el 7 de abril pasado iba a comprar alimentos al mercado en San Miguel para su familia.
Al llegar a la intersección de la en la avenida José Simeón Cañas y 21a. calle Oriente, vió que tres policías “llevaban arrastrados a dos mujeres y dos hombres”.
A uno de ellos, quien es su vecino, lo llevaban esposado y lo habían obligado a cargar su bicicleta con el manubrio en su cuello.
En ese momento, Rosendo comenzó a grabar video con su teléfono celular de la forma de como los llevaban detenidos a sus vecinos. De repente, un policía con el ONI 05269 lo tiró al suelo y comenzaron a golpearlo en su cuerpo.
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Luego lo esposaron con abrazaderas plásticas con las manos hacia atrás y lo obligaron a llevar su bicicleta en su cuello, de la misma manera que su vecino. En esa condición los obligaron a caminar cuatro cuadras y luego los llevaron en un carro patrulla hasta la delegación policial.
Ahí lo intimidaron a él y a las otras personas detenidas para que firmaran hojas de papel con la fecha y hora de su detención, pero no les permitieron que las leyeran.
Luego lo metieron en una de las celdas policiales donde habían tres personas en ropa interior, incluida una joven. Los policías le decían al afectado: “ahí te vas a quedar a comer m… con los mareros”.
La víctima les dijo que si le permitían llamar a su familia para decirles donde estaba, pero lo mantuvieron diez minutos en la celda hasta que llegó un agente a pedirle que firmara la hoja y la leyó rápidamente. Vió que era un acta en la que él aceptaba que había violado la cuarentena domiciliar y que daba su aval para que lo llevaran a un centro de retención.
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Ese mismo día lo llevaron a Ciudad Mujer de El Divisadero, Morazán, en donde al hacerle el chequeo médico le descubrieron golpes en el muslo derecho, rodillas, en la parte baja de la espalda, en el cuello, y en la clavícula por cargar la bicicleta.
La encargada del albergue le dijo que se fuera para su casa, pero desde que fue liberado, el carro patrulla 916-422 pasó no menos de cuatro veces diarias por su casa.
A las otras cuatro personas, entre ellas las mujeres, las detuvieron cerca de sus casas con el pretexto de que habían violentado la cuarentena domiciliar. Sin embargo, los afectados argumentaron que habían salido a comprar alimentos para sus familias.
Por lo anterior, la oficina de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de San Miguel determinó que las cinco personas fueron víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes; intimidaciones y retenciones arbitrarias. En ese sentido les violaron derechos como a la integridad física, a una vida libre de violencia, a la libertad personal, y a la libertad de expresión y de pensamiento, según la PDDH.
Los agentes a quienes les atribuyen las violaciones a los referidos derechos son: José Margarito Martínez Chicas, Óscar Ernesto Hernández, Wilfredo Berríos Santos y Óscar Alexander Mejía Beltrán; quienes están destacados en el Departamento de Áreas Especializadas Operativas de la Policía en San Miguel.
En ese sentido, la Procuraduría pidió a la Fiscalía General y a la Inspectoría de la Policía que hagan las investigaciones correspondientes para establecer si los cuatro policías incurrieron en algún delito al detener ilegalmente, torturar, someter a maltrato y por denigrar; así como a intimidar a las cinco personas.