"La Policía de Medio Ambiente está en proceso de extinción", dice juez medioambiental de San Miguel

El juez de Medio Ambiente de San Miguel, Eli Díaz Álvarez, considera necesaria una unidad medioambiental de la PNC en cada departamento o, en caso contrario, los puestos existentes deben ejercer ese tipo de acciones.

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La investigación de incendios forestales es uno de los delitos que la Policía de Medio Ambiente deja de procesar por falta de recursos. Foto EDH / Imagen de carácter ilustrativo y no comercial tomado de la cuenta de Twitter: @Cezserrano

Por Iliana Ávila

2021-04-10 7:00:32

“La Policía (División ) de Medio Ambiente está en peligro de extinción. A veces tienen vehículo, a veces no”, expresó el juez de Medio Ambiente de San Miguel, Elí Díaz Álvarez. En la zona oriental del país, la División de Medio Ambiente está integrada por ocho policías.

“De parte de este servidor, de mi salario, he tenido que ayudarles para que arreglen los vehículos (de la Policía),  y a veces amigos que tienen talleres les han arreglado el vehículo porque el gobierno de El Salvador brilla por su ausencia”, manifestó el juez Díaz Álvarez.

Además, consideró que los ocho agentes asignados a esa unidad son pocos y que “debe haber un puesto de Medio Ambiente en cada departamento, pero hay un puesto en la zona oriental y está ubicado en Nueva Guadalupe (San Miguel). Solo yo los tengo ocupado en muchas cosas, no digamos la Fiscalía y otras instituciones”, expresó el juez.

En la zona oriental han sido asignados dos grupos de policías para atender las emergencias medioambientales. Uno ubicado en el municipio de Puerto el Triunfo, Usulután, con ocho elementos policiales que se encargan de velar por la Bahía de Jiquilisco. El segundo está en Nueva Guadalupe, San Miguel.

Actualmente, el vehículo, año 2008, identificado como unidad 032040 y asignado a los policías de Medio Ambiente, en Nueva Guadalupe, se encuentra con desperfectos mecánicos en la caja de velocidades. En ocasiones sus ocupantes deben de empujarlo para hacerlo funcionar.

Hace cuatro años, la unidad 032043, antes asignada a otro grupo policial, se encontraba tirada en el taller de la PNC. Los policías ambientales tomaron el vehículo y luego de un ajuste de motor funcionó perfectamente por dos años; hoy ya presenta múltiples problemas.

Los comentarios del juez Díaz Álvarez van en sintonía con una serie de señalamientos que realizó en torno a  incendios forestales, tala de árboles y bosques, depredación de vida silvestre o casería de animales silvestres, desechos sólidos, aguas negras y grises.

Díaz Álvarez explicó que ha iniciado una investigación de oficio para dar con las personas responsables del incendio ocurrido en el sector de Arambala, límite con Perquín, en Morazán. El siniestro inició el domingo 28 de marzo y fue extinto el jueves 1 de abril. El fuego consumió cerca de 2 kilómetros de zona boscosa.

Díaz Álvarez considera que existe falta de interés, de parte de algunas instancias, para encontrar a los responsables de los incendios forestales. Expuso que, aun cuando la división de Medio Ambiente no cuenta con la capacidad instalada, el resto de puestos policiales podría apoyar para prevenir delitos ambientales.

“Lo que pasa es que ellos (PNC) son tapadera de los delincuentes ambientales, también las alcaldías son tapaderas de los delincuentes ambientales y la gente, cualquier achaque ponen, no existe la cultura de la denuncia, de la investigación”, reclamó.

El juzgador dijo desconocer si ya existe denuncia en la Fiscalía en contra de los posibles responsables de iniciar el incendio forestal en Morazán, pero aseveró que este caso lo ha tomado de oficio por los daños ocasionados.

 “Tiene que haber un nombre y si no lo tengo, no tengo a quien responsabilizar, dicen que fueron unos colmeneros, pero esos colmeneros tienen nombre, no hay voluntad de investigación”, sentenció el juez Medioambiental.