Ricardo, nombre ficticio, fue víctima de una detención arbitraria por parte de policías. Él relató que los agentes, al momento de levantar las actas de detención en flagrancia, les agregan hechos delictivos que no han sucedido.
“La policía siempre se limita, tiende a hacer a un lado de las personas y empieza a tirar, inclusive, las actas de captura en flagrancia, agregando hechos a las actas que no han sucedido. Ellos afirman que inclusive han visto lo que ha sucedido cuando ellos no estaban ahí”, según dijo Ricardo al ser entrevistado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) para el estudio “La Radiografía sobre el Derecho a la Libertad Personal en El Salvador 2021”.
Tomando como base este testimonio y las cifras de las detenciones en flagrancia de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General es que el OUDH considera que la corporación policial ha hecho un uso abusivo de la detención en flagrancia.
El período de investigación del estudio comprende de enero de 2019 a junio de 2021, es decir, incluye los primeros dos años del gobierno de Nayib Bukele.
“Se establece que las detenciones realizadas por la Policía Nacional Civil en el período de 2019-junio 2021, la mayoría ha sido realizada bajo la modalidad de flagrancia con un porcentaje de no menos del 70 por ciento”, señala el informe.
Agrega que lo anterior “refleja un claro patrón sobre el abuso de esta modalidad de detención, en la cual existe un riesgo real de que en la práctica sean detenciones arbitrarias e ilegales”.
El referido organismo defensor de derechos humanos señala que la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 86,376 personas detenidas por distintos delitos entre enero de 2019 y junio de 2021.
Para el año 2019 hubo 41,112 detenidos; en 2020 registraron 30,956 y para el primer semestre de 2021 hubo 14,308 capturas.
Destaca el informe que el 71 % de las detenciones ocurridas en 2019 fueron hechas en flagrancia. De ese total, 3,921 fueron capturas por asociaciones ilícitas y 3,921 por resistencia.
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Para el año 2020, el 73 % de las detenciones fueron bajo la modalidad de flagrancia. Solo el 18 por ciento de las capturas se hicieron con orden administrativa y el 9 por ciento con orden judicial.
Mientras que en el primer semestre de este año, de las 14,308 detenciones registradas por la Policía en ese período, el 70% (10,016) se hicieron bajo modalidad de flagrancia, un 16.89 % con orden administrativa y el 12.94 % con orden de algún juzgado.
Para este período se tiene que 965 personas fueron capturadas por asociaciones ilícitas y 834 por resistencia.
Otro de los señalamientos en el informe del OUDH es que hay un buen porcentaje de que las detenciones en flagrancia que realiza la Policía correspondan a delitos como asociaciones ilícitas y resistencia.
Aunque la detención en flagrancia está contemplada en el artículo 323 inciso 2 del Código Procesal Penal, señala que procede la captura “cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después de haberlo consumado o cuando se le persiga por las autoridades o por particulares o dentro de las 24 horas siguientes al hecho”.
El Observatorio indica que este tipo de detenciones están fundamentadas en el criterio del agente que realiza la detención, es decir, el juicio inmediato del agente de seguridad,
“por lo que su legalidad podría ser cuestionada en el contexto de los casos de abusos que se registran por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública”.
Un claro ejemplo de ese accionar de la Policía se dio la noche del 29 de junio de 2019 con las capturas en “flagrancia” de tres personas como sospechosas de haber robado y violado a pasajeras de un bus de la ruta 202 en El Congo. Al final no fueron acusados de esos hechos sino por delitos menores.
Otro ejemplo fue la captura en “flagrancia” de un supuesto pandillero por su presunta participación en la masacre de seis personas, en octubre de 2020, en una cervecería cerca de La Tiendona en San Salvador. Al final fue acusado de resistencia pero luego quedó en libertad.
Durante la pandemia, las autoridades detuvieron a más de 2,400 personas de forma arbitraria e ilegal por haber incumplido el encierro obligatorio por la pandemia, las cuales estarían contempladas en el número de capturas en flagrancia que realizó la Policía en ese período.
La anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frenó esas detenciones ilegales al amparar a muchas de las víctimas. Dicha Sala fue destituida en un procedimiento señalado de inconstitucional por la Asamblea afín a Bukele.
De acuerdo a los datos de la Policía, en 2020 se experimentó una reducción de detenciones con respecto a 2019.
“Esta reducción puede explicarse parcialmente debido a la implementación de la cuarentena domiciliar obligatoria que restringió la circulación de las personas para reducir la posibilidad de contagio del COVID-19”, destaca en el informe.
Fiscalía registra pocas condenas por agrupaciones y resistencia
Por otro lado, los registros de la Fiscalía General dan cuenta que 20,213 personas han sido detenidas por agrupaciones ilícitas y resistencia de enero 2019 a junio de 2021. De ese total, 11,308 imputados (55.9 por ciento) corresponden a agrupaciones ilícitas y 8,905 (44 %) por resistencia.
En el informe se destaca un dato interesante con respecto a la edad de los imputados. Del universo de detenciones por agrupaciones ilícitas y resistencia, 12, 521 imputados tenían entre los 18 y 30 años (61.95% ).
De los más de 20,000 detenidos, 18,577 eran hombres, lo que representa el 91.91 % de los acusados.
Además, sólo 3,022 fueron condenados por esos dos delitos, es decir, un 14.95 por ciento del total.
“Estas detenciones no se traducen en una mayor eficacia en la penalización delictiva, pues aproximadamente por cada 20 casos que ingresan a la Fiscalía General, solamente un promedio de 3 obtiene una condena”, concluye el OUDH.
Con relación a los sobreseimientos, la Fiscalía reportó que del universo de las 20, 213 personas acusadas de agrupaciones ilícitas y resistencia, 4,238 fueron exonerados de esos cargos porque los fiscales no presentaron las suficientes pruebas que demostraran la participación del imputado en el hecho delictivo.
De ese total, 3,419 fueron sobreseídos de forma definitiva y 819 de manera provisional. En este último caso se entiende que la Fiscalía General tiene un año para presentar las pruebas necesarias que demuestren que el acusado es responsable del hecho delictivo que le acusa para que se reabra el proceso judicial.
“Un importante porcentaje que bien podría dar indicios de la efectividad en la persecución de estos delitos, o bien podría estar relacionado al abuso de estas figuras a la hora de imputar cargos, los cuales no se logran sustentar durante la tramitación de proceso penal”, según el OUDH.
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