La Policía Nacional Civil (PNC) es una de las instituciones que más ha cometido agresiones contra la prensa. Así lo denunció ayer la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en conferencia de prensa.
A través de su centro de monitoreo, la APES ha registrado 173 agresiones contra periodistas, desde el 1 de enero hasta el 30 de agosto 2021. De estas, 33 han sido ejecutadas por agentes de la PNC.
“Vemos con preocupación cómo desde la policía se está alentado un discurso antimedios y este discurso se traduce por desgracia en agresiones físicas contra compañeros, como vimos el otro día”, señaló el presidente de la APES, César Castro Fagoaga.
Castro Fagoaga hizo alusión a las agresiones ocurridas en el mercado San Miguelito el 20 de agosto, cuando investigadores policiales agredieron al fotoperiodista Gabriel Aquino, de Diario El Mundo, junto a su colega del noticiero de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), Kevin Castillo, y el camarógrafo de esa red de canales, Nelson Rodríguez.
En ese mismo sentido, el presidente de APES recordó la agresión de un policía hacia el periodista de este medio, Jorge Beltrán Luna, ejecutada el pasado 7 de julio.
En la conferencia se destacó que ante dichas agresiones no hubo pronunciamiento de condena por parte de funcionarios del Gobierno. Al contrario, lo avalaron.
Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), en su cuenta de Twitter declaró “Héroe de la patria” al policía agresor, mientras que el director de la PNC guardó silencio.
Al respecto, el presidente de APES pidió un pronunciamiento de la Policía. “Hacemos un llamado a la PNC para que se pronuncie, para que no se calle, porque callarse es equivalente a acompañar esta impunidad, necesitamos que la institución se pronuncie y se realice una investigación seria para que estos hechos no queden impunes”, dijo.
Además, exigió a la Inspectoría de Seguridad Pública iniciar una investigación ejemplarizante sobre las recientes agresiones.
Castro Fagoaga también señaló el caso de Mario Gómez, quien fue detenido por la Policía el miércoles 1 de septiembre sin orden de captura emitida por la Fiscalía.
“Vemos cómo la Policía está olvidando sus deberes constitucionales y está actuando casi como la vigilancia privada del Gobierno, la policía por Constitución debe ser apolítica, no debe meterse y lo que vemos ahorita es actuaciones totalmente arbitrarias”, indicó.
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Más riesgos para periodistas
Ante este panorama, Castro Fagoaga no dudó en subrayar que la Policía se extralimita en sus funciones y que esto implica un grave riesgo para los periodistas.
Consideró que el caso de Mario es importante porque demuestra que las arbitrariedades van a ser generales y una constante.
De igual manera, expresó preocupación por que no haya un discurso desde la dirección de la PNC hacia abajo donde se exija respeto al derecho de los periodistas.
“Preocupa que esto se vaya normalizando cada vez más, especialmente con los policías que están en la calle, que vean esto como algo normal y que está bien agredir a periodistas, un poco copiando el mensaje de odio oficial”, manifestó.
Serafín Valencia, relator de prensa de la APES, opinó que en ya no es momento de guardar silencio y señaló más agresiones.
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“El miércoles al momento del traslado del señor Mario Gómez, sacaron a los periodistas que estaban en la cobertura, los sacaron de un espacio público, les impidieron la realización de su trabajo, y además los policías salieron a cerrar el portón” , criticó.
Valencia razonó que eso da continuidad a lo que ocurrió en el mercado San Miguelito, con la diferencia de que los agentes no les quitaron ni les dañaron el equipo, como sí hicieron el 20 de agosto.
Por otra parte, expuso que a estos graves incidentes se suma la política de opacidad implementada en la Asamblea en el sentido de limitar el trabajo periodístico.
“La Asamblea no solo ha puesto un cerco para evitar que la bancada oficialista sea cuestionada por la prensa, sino que ha tratado de ocultar información. Los funcionarios públicos no deben esquivar su obligación de rendir cuentas”, señaló la Mesa de Protección a Periodistas, formada por Arpas, APES, Fespad, la UCA y la Colectiva de mujeres.
“No habrá libertad de expresión bajo la violencia, la opacidad y la censura”, destacaron en el escrito.
Según la APES, en 2018 hubo 65 agresiones a periodistas, 77 en 2019, 135 en 2020 y en 2021, van 173.
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