El pasado 17 de marzo, Bianka Rodríguez se convirtió en la primera mujer transgénero del país en cambiar su nombre, de acuerdo a su identidad de género.
En una entrevista exclusiva con El Diario de Hoy, la activista explicó el largo, burocrático y engorroso camino para realizar ese proceso mediante la vía judicial.
¿Cómo se siente ahora que ha podido realizar este proceso del cambio de nombre?
Ha sido un proceso de tristeza, pero sobre todo de alegría, dignidad y emoción. El reconocimiento a nuestro derecho por fin va dando fruto. Ha sido un proceso largo, tedioso, donde hemos tenido que hacer mil y una cosas para poder demostrar la realidad que enfrentamos las mujeres trans, al no contar con un reconocimiento a nuestra identidad y expresión de género. Ha sido muy duro enfrentar a un sistema machista, patriarcal, homofóbico, transfóbico.
Actualmente, las personas trans en el país no tienen acceso al cambio de nombre de forma “sencilla” o administrativa. ¿Cómo fue que lo logró usted?
Este es el fruto del trabajo articulado de la Mesa por una Ley de Identidad de Género, donde hemos tratado de hacer acciones de incidencia a nivel nacional, en aras de acceder a los mecanismos nacionales y a otros mecanismos internacionales, ante la negativa de los legisladores y las legisladoras, tanto de la anterior como la nueva asamblea de legislar sobre la necesidad de contar con una ley.
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Decidimos presentar diversas demandas en el juzgado de familia en el año 2020. Se presentaron cuatro demandas acá en San Salvador y una en Santa Ana. Lastimosamente, la de Santa Ana no tuvo fruto, el sistema le negó a la compañera trans poder acceder a este cambio de nombre. Esto terminó en diciembre de 2021.
¿Nos puede detallar más sobre su proceso judicial que determinó que esto fuera posible?
Fue un proceso de demanda ante el Juzgado de Familia de San Salvador a través de los abogados de Fespad, Kerlin Belloso y Héctor Carrillo, que fueron los que nos han acompañado en este proceso y forman parte de la mesa.
Nos basamos en la Ley del Nombre vigente, que en el artículo 23 habla de tres considerandos del derecho a cambiarse de nombre. La demanda se generó por ser lesivo a la dignidad humana.
Tratamos de demostrar ante los juzgados esa lesividad que a Bianka el tener un nombre masculino (en sus documentos) le afectaba en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el acceso y goce de los derechos que tenemos por ser ciudadanos y ciudadanas de esta nación.
Nos enfrentamos a un tribunal que nos denegó la demanda en primera instancia. Luego, acudimos a la Cámara de Familia para poder demostrar que realmente había una afectación de derechos por no poder obtener un nombre de acuerdo a nuestra dignidad, nuestra percepción. En ese sentido, la Cámara de Familia resolvió a favor, mandató al juzgado a que debía conocer sobre nuestro proceso.
Sin embargo, luego de presentar toda la documentación nos rechazan nuevamente. Volvimos a ir a la Cámara y le dio, nuevamente al juzgado, que debía de conocer sobre nuestro proceso. Nos dieron audiencia para el 9 de diciembre de 2021.
¿Cómo fue esa audiencia?
Tuve que verter toda la prueba documental y testimonial de todas las afectaciones que he sufrido como mujer transgénero, de las arbitrariedades que he vivido en las instituciones públicas que me niegan derechos y servicios esenciales, de toda la violencia que he sufrido desde la niñez y que incluso ni siquiera ahora, siendo defensora de derechos humanos reconocida, se me garantizó el derecho a la justicia por parte de la fiscalía cuando se me privó de libertad por ser mujer trans activista.
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¿Qué expectativas tienen cuando el actual presidente se ha mostrado en desacuerdo de reconocer derechos para las poblaciones LGBTI y en el legislativo hay mayoría del partido que él ha formado y que, prácticamente, gestionan lo que se les manda de Casa Presidencial?
Hablar de derechos de la población trans es hablar de derechos humanos. Nos es sobre valores morales, éticos o hablar de principios religiosos. Este es un tema de derechos humanos. Es imperante. La sala no ha resuelto solo por ser buena con el movimiento LGBTI o trans, sino porque ya hay jurisprudencia sentada de estos casos que logramos conseguir en diciembre. Aclaro que los papeles en la alcaldía los presenté el 4 de enero y se tardaron casi tres meses en marginar mi partida con mi nombre femenino. Se habla de no discriminación en estos espacios, pero al no reconocer de inmediato la sentencia que emite el juzgado de familia, permite que se siga generando esa violencia que he venido viviendo. La ley establece quince días y se tardaron casi los tres meses. El gobierno de Nayib Bukele habla de nuevas ideas, pues estas son las nuevas ideas que deberían apostar en tema de derechos. Legislaturas pasadas no hicieron nada. En 2018 que introdujimos el anteproyecto de ley, pero no tuvo mayor avance.
La población trans en El Salvador, enfrenta problemas relacionados a la violencia y la falta de oportunidades, ¿Cómo se relaciona esto con no contar con una ley de identidad?
Es que la violencia es estructural. Aunque venga desde el aparato social, también está permeabilizada dentro del aparato institucional. Muchas mujeres trans se han visto obligadas a desplazarse por violencia y persecución en razón de su identidad y expresión de género. Es violencia ejercida por pandillas e incluso por agentes de seguridad pública. En muchas ocasiones, cuando se accede a mecanismos de denuncia no son positivos para las personas trans porque existe mucho prejuicio. Es un ciclo sistémico de violencia y negación porque las personas trans, por ejemplo, en algo tan sencillo como cuando he querido arrendar una casa propia o incluso, para la organización a la cual represento los arrendatarios tienen hermetismo y te dicen “acá aparece usted con un nombre masculino, yo por qué le tengo que arrendar a usted, se puede cambiar de apariencia y quién me va a pagar después”. Tenemos que llegar al punto de explicar y sensibilizar a las personas que hemos vivido así por años, pero que en el país no se reconoce el cambio de nombre. Y hay otras personas que directamente te dice que “yo a ustedes no les arriendo”. Cuando vas a pasar atención médica en un hospital, hay hospitales en área rural que les gritan el nombre (masculino) a las mujeres trans, aunque existan normativas como el decreto 202 que prohíbe toda discriminación el ramo de salud para las personas LGBTI, pero hace caso omisos.