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“Perseguir y acosar las voces críticas al Gobierno es persecución política”, afirman organizaciones de la sociedad civil

Varias organizaciones afirman que "las recientes acciones son una muestra de la política de persecución, intimidación y acoso por parte del Gobierno, que considera como 'enemigos' a sus críticos y a todo aquél que lo cuestione y le demande rendir cuentas".

Por Juan Carlos Mejía | Jul 08, 2021- 18:55

Foto EDH / archivo.

Varias organizaciones de la sociedad civil difundieron esta tarde un comunicado en respuesta a las últimas acciones autoritarias que se han gestado desde el gobierno de Nayib Bukele, mismas que han significado agresiones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en El Salvador.

Según las organizaciones, “las instituciones del Estado están siendo manipuladas para callar las voces que exigen el cese a los atropellos a la Constitución y al orden democrático”, por lo que agregaron que “sin la posibilidad de garantizar el derecho de acceso a un sistema judicial independiente e íntegro, se vuelve imposible defender todos los demás derechos inherentes a la persona humana”.

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En el comunicado titulado “Perseguir y acosar las voces críticas al gobierno es persecución política”, las organizaciones señalan algunas de las acciones cometidas por las instituciones oficiales durante los últimos días, como lo es la expulsión del periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien se encontraba laborando en el país como editor del periódico digital El Faro, medio al cual el gobierno ha tratado de amedrentar en múltiples ocasiones.

Asimismo, hace mención sobre el proceso sancionatorio que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha iniciado contra el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, quien ha sido crítico hacia el Gobierno por las constantes violaciones que se han cometido contra la Constitución, y a quien se le pretende sancionar por “mala conducta profesional”, según confirmó el mismo Anaya.

El anuncio sobre el proceso de sanción contra el abogado se realizó apenas unos minutos después de que el constitucionalista publicara su columna de opinión en El Diario de Hoy, en la cual cuestionó la reelección del magistrado impuesto como presidente de la CSJ, Óscar López Jerez. “Empieza la represión judicial”, sentenció Anaya.

Desde el inicio de su gestión, Nayib Bukele se ha caracterizado por tener una conducta confrontativa hacia
la prensa. Foto: EDH / Yessica Hompanera / Archivo

Además, las organizaciones también hacen eco de la serie de amenazas y difamaciones que ha sufrido el director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, a quien el Gobierno ha tratado de amedrentar por las constantes denuncias sobre corrupción que ha realizado en el contexto de la lucha por la transparencia en la administración pública.

Solo ayer, desde el aparataje estatal se cometieron diversas vejaciones hacia la libertad de prensa, pues además del caso del editor de El Faro, un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) cometió una clara agresión contra el periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna. Ante esto, el Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, afirmó que no podía “basarse en lo que se ve en redes sociales” para poder hacer algo al respecto.

“Los hechos antes mencionados no son aislados”, continúa el comunicado, y agrega que “se suman a casos previos de acoso en redes sociales a periodistas y activistas”, por lo que hace mención de la instrumentalización que el gobierno de Nayib Bukele hizo del Ministerio de Hacienda el año pasado cuando se inició una “investigación” tributaria por supuestamente tener indicios de lavado de dinero en la empresa Trípode S.A. de C.V., propietaria del periódico El Faro.

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“Las recientes acciones son una muestra más de la política de persecución, intimidación y acoso por parte del Gobierno de El Salvador, que considera como ‘enemigos’ a sus críticos y a todo aquél que se atreva a cuestionarle y que demande rendición de cuentas”, sostiene la misiva.

Por ello, las organizaciones exigen a la Fiscalía General y al Gobierno que respeten la libertad de expresión, a la vez que solicitan que se abstengan de todo tipo de acción que busque intimidar a las organizaciones de la sociedad civil y del periodismo, y agregan: “si, por un lado, la justicia deja de ser independiente y la misma CSJ actúa para intimidar a quien critica los ataques contra la democracia, no hay esperanza de protección del resto de derechos de las demás personas”.

“Si, por el otro lado, se acosa y se obstaculiza el periodismo, no solo se viola el derecho de los medios a comunicar, sino el de todas las personas a informarse libremente”, añaden.

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Asimismo, las organizaciones también también hacen un llamado a la comunidad internacional, especialmente al relator especial de la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, así como a la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, “para que estén atentos por las violaciones a la libertad de expresión en El Salvador”.

Por último, el comunicado cierra con un llamamiento a las organizaciones y movimientos sociales a “cerrar filas” y no callarse ante los ataques que buscan “intimidar, callar y disminuir” las luchas ante el autoritarismo y la corrupción “que se abren paso cada día con más fuerza en El Salvador”.

Entre las organizaciones que acompañaron el comunicado están la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), entre otras.

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