La persecución, acoso, bloqueo a la prensa y el arresto de voces críticas por parte del aparato estatal se agudizaron este 2021, luego que el gobierno de Nayib Bukele consolidara el poder al obtener la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa y esta diera el golpe al judicial el 1 de mayo.
Pese a que el 30 de julio, Bukele se comprometió en una reunión con organizaciones de la sociedad civil a no perseguir a las voces críticas, esta promesa no se cumplió, pues los ataques para los que se pronuncien en contra de su forma de gobernar se han arreciado. Esto es común en las intervenciones públicas del mandatario o en sus mensajes en Twitter, donde tiende a arremeter contra los que considera sus opositores, sean estos políticos, organizaciones civiles, periodistas, abogados y activistas.
En el discurso del pasado 15 de septiembre con motivo del Bicentenario, Bukele reprendió a la comunidad internacional, a la que acusó de “financiar a la oposición”, la cual calificó de “perversa”, y dijo que no permitirá injerencia de ningún tipo.
De esa manera, en cadena nacional el gobernante intentaba restar importancia a las masivas manifestaciones contra los abusos de poder de su administración.
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Dos días después del acto de independencia, organizaciones civiles denunciaron ante la comunidad internacional los ataques y estigmatizaciones por parte del presidente Bukele a las voces críticas y a los periodistas.
En el documento señalaban “el continuo uso de medios de comunicación pública, (particularmente Diario El Salvador y Noticiero El Salvador), para difundir ataques y descalificaciones que demuestra que sigue la persecución y criminalización de críticos”.
Incluso, la ex Encargada de Negocios de EE. UU. , Jean Manes, antes de su partida cuestionó los ataques del gobierno de Bukele y sus medios de propaganda a Estados Unidos.
Las ONG han considerado, además, que la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR), esta última dirigida por un titular impuesto, han sido instrumentalizadas para tales fines.
El arresto de Mario Gómez, especialista en informática y crítico del Bitcoin, el 1 de septiembre fue un claro ejemplo de ese tipo de acciones.
Aunque el experto fue liberado tras pasar horas bajo arresto, “los hechos cuentan que fue detenido a base de engaños, sin orden legal, le impidieron comunicación con sus familiares y abogados, y se determinaron actos arbitrarios”, señaló el pasado 5 de diciembre el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA).
Los ataques contra periodistas y medios independientes han sido otra constante de este gobierno, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que hasta el 16 de diciembre registraba 216 agresiones contra dichos profesionales.
Una de las últimas amenazas contra el gremio se suscitó el pasado 13 de diciembre con las declaraciones del asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, ante las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a varios funcionarios de Bukele.
Argueta recomendó a los señalados por el Departamento del Tesoro, de presuntamente mantener negociaciones con las pandillas y en actos de corrupción, demandar a periodistas que han reproducido la investigación.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelado a inicios de noviembre señaló que “los medios El Faro, Revista Factum, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica habrían sido particularmente hostigados y estigmatizados por el presidente (Nayib Bukele) y funcionarios de la administración pública a raíz de sus artículos, coberturas e investigaciones periodísticas”.
El cuestionamiento de la CIDH está sustentado en denuncias que recibió el referido organismo regional, el cual reflejan un creciente ambiente hostil para ejercer el derecho a la libertad de expresión en El Salvador.
Los bloqueos al acceso a la información pública y a las redes sociales de funcionarios e instituciones del Estado son otros de los problemas que enfrenta el periodismo en esta gestión.
La organización Human Rights Watch (HRW) publicó el 16 de diciembre un reporte en el que destacó que el presidente Bukele viola la libertad de expresión al bloquear a sus críticos en redes sociales.
Mientras, la APES informó el 25 de noviembre que había recibido 24 denuncias de periodistas afectados por supuesto espionaje tras recibir una advertencia de la empresa tecnológica Apple de posible infiltración en sus aparatos móviles. Líderes de organizaciones civiles, analistas y políticos también reportaron el intento de intervención de sus iPhones.
La periodista Mariana Belloso confirmó que su teléfono celular fue infectado con Pegasus, un software malicioso utilizado para tal fin.
La APES y organizaciones civiles también han cuestionado algunas normativas promovidas desde el Ejecutivo en un intento por silenciar a los críticos, entre estas las reformas a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos y la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
Otro de los hechos que transcendió hasta nivel internacional es la encarcelación de los exfuncionarios del FMLN, Violeta Menjívar, Erlinda Hándal, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y Hugo Flores por presuntos actos de corrupción en la gestión del expresidente prófugo Mauricio Funes, a quienes sus abogados consideran “presos políticos” y familiares de los acusados han denunciado violaciones a sus derechos .
Además del encarcelamiento del ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a quien expertos en derechos humanos, entre ellos Celia Medrano, han señalado de violentársele el debido proceso por parte del Estado. La CIDH dijo en noviembre pasado que indagaba las condiciones en las que este se encuentra recluido.
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