Líderes de organizaciones de sociedad civil, analistas, periodistas y diputados de oposición denunciaron el intento de intervención de iPhones por parte del Estado salvadoreño.
El 23 de noviembre, usuarios de esos teléfonos denunciaron haber recibido una alerta de que personajes “patrocinados por el Estado” estaban dirigiendo ataques a sus celulares (ver imagen al final de la nota).
Al respecto, el presidente de la Fundación DTJ, José Marinero, señaló que “aunque nos falta información, todo sugiere que el gobierno de Bukele está espiando a ciudadanos con finalidades claramente represivas”.
Destacó que esto no sorprende porque ya se evidenció que le incomodan profundamente el periodismo independiente y las voces críticas desde la sociedad civil.
Manifestó que “es obvio que se está utilizando de manera ilegal recursos públicos para financiar un espionaje sofisticado” que utilizan regímenes autoritarios y abiertamente dictatoriales. “Bukele habría entrado de lleno en la misma liga de tiranos represores que temen el pensamiento crítico de la prensa y de la ciudadanía informada”, dijo.
¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS?
Líderes de organizaciones de sociedad civil, como el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, o Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, entre otros.
Figuras políticas de oposición: El diputado de Nuestro Tiempo Johnny Wright Sol, la diputada de ARENA, Silvia Ostorga, y Héctor Silva, concejal de la alcaldía de San Salvador.
La Asociación de Periodistas de El Salvador también informó que registra 24 denuncias periodistas de diferentes medios de comunicación afectados por este aparente intento de espionaje.
Según Marinero, esto no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón de estigmatización, ataque e incluso criminalización contra la prensa y la sociedad civil que viene desde el mismo Bukele y que se reproduce “obedientemente” por sus funcionarios y ejército de troles.
“Por si le quedaba duda a Bukele y necesitaba saberlo nuevamente: sí creemos que su gobierno es corrupto, incapaz y autoritario y no hacía falta que nos espiara para saberlo”, agregó.
Marinero expresó su solidaridad con “las otras organizaciones, medios y personas que posiblemente también han sido espiadas desde el aparato gubernamental”.
La jefa jurídica de Cristosal, Ruth Eleonora López, señaló que el gobierno salvadoreño no solo demuestra “su baja catadura moral” con estas acciones, sino que “desnuda el miedo inmenso a perder el poder” ante la posibilidad de que la ciudadanía conozca y juzgue sus altos niveles de corrupción.
“El gobierno de Bukele hará cualquier cosa por mantenerse en el poder, aun cuando esto implique desangrar las finanzas públicas pagando millones por tecnología para espionaje, nada nos debe extrañar”, subrayó la jurista.
A juicio de López, es vergonzoso el desprecio por sus propios funcionarios al revelarse que también varios de ellos son sujetos de espionaje, evidenciando las diferencias entre algunos diputados que poco a poco van reclamando transparencia en el uso de fondos de la bancada y la falta de apoyo para la ejecución de proyectos locales a los que se comprometieron cuando eran candidatos.
“Muchos a estas alturas ya comprendieron que son descartables y no continuarían en un próximo periodo, lo que representa un riesgo para un gobierno que necesita seguir concentrando poder y desarticulando los controles”, indicó.
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El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, planteó que se trata de una alerta seria y que debería causar reacciones por parte de las autoridades competentes.
“Esto podría estar implicando una vulneración ilegítima e inconstitucional a nuestros derechos ciudadanos y la utilización indebida de fondos públicos” para espionaje, concluyó Sáenz.
Alerta recibida por las posibles víctimas de hackeo
