"El periodismo está bajo ataque, este gobierno ataca al periodismo porque ataca la transparencia, porque aborrece la transparencia", fueron parte de las palabras de cierre del presidente electo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga en rueda de prensa en la que dieron una evaluación de la situación que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en el país.
Este día la presidenta saliente de la APES, Angélica Cárcamo, deja su cargo tras dos años de ejercerlo, tiempo durante el cual afirma, no ha sido fácil, ya que el país se enfrentó a una pandemia que afectó al mundo, pero también a los periodistas a un “gobierno bastante hostil”.
“En mi caso no fue fácil tener una presidencia en los dos últimos años, en primer lugar, porque nos tocó enfrentar una pandemia a nivel mundial y en segundo, porque también nos estamos enfrentando a un gobierno bastante hostil hacia los y las periodistas”, afirmó Cárcamo.
La periodista deja este día 31 de julio su cargo en la dirección de la APES, para que asuma su colega César Castro Fagoaga, Jefe de Redacción de la Revista Factum.
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En su último día de dirección, Cárcamo hizo un recuento del aumento de casos de agresiones a periodistas en su labor diaria y de candados que el Ejecutivo ha puesto a la información pública.
“No hay mucho que celebrar en el día del periodista en El Salvador. Agresiones registradas desde 2018: 65; 2019: 77; 2020, 125; y al 29 de julio de 2021: 167 (la mayoría de agresiones generadas por el Estado)”, publicó Cárcamo en su cuenta de Twitter.
Los datos han sido recopilados en el centro de monitoreo de agresiones a periodistas de la APES.
En la conferencia de prensa una de las directivas de la APES, Susana Peñate dio a conocer detalles del tipo de vulneraciones que reciben los periodistas mientras ejercen su labor diaria.
De acuerdo a los datos recopilados, los casos se han duplicado en comparación con años anteriores y especialmente en relación al número de violaciones reportadas en los primeros siete meses de 2021 versus los 12 meses de 2020.
"En 2020 teníamos 125 vulneraciones, si hacemos el comparativo del 1 de enero al 31 de julio de 2021, tenemos 167 casos, en el mismo periodo de 2020 teníamos 73, prácticamente se han duplicado", manifestó Cárcamo.
También se destaca que el principal agresor es el gobierno y sus funcionarios públicos, así como desde los gobiernos locales, ejercidas ya sea de forma directa como el reciente caso de agresión física en contra de un periodista de El Diario de Hoy y en redes sociales con frases estigmatizantes y discriminativas, amenazas verbales e intimidación con mucha carga misógina en contra de las mujeres periodistas.
"Desde sus cuentas de redes sociales, hacen alusión despectiva hacia los periodistas o medios de comunicación que no publican las notas como quisieran verlas o que les hacen cuestionamientos que no les agradan", apuntó Peñate.
Cárcamo detalló que hay otros tipos de agresiones que no se habían visto anteriormente, citó casos de periodistas que cubren la Asamblea Legislativa que son acosados e intimidados mediante toma de fotografías y videos durante sus coberturas, con la idea de "perfilar" a los comunicadores, una práctica que era común en la época del conflicto armado, pero que ya había sido superada.
"La Asamblea Legislativa ha acreditado a jóvenes que no necesariamente son periodistas, los hacen pasar como comunicadores institucionales, pero el trabajo que hacen es acosar a periodistas, tenemos casos de compañeras que han sido perseguidas hasta los baños, tenemos fotografías de eso. A los colegas les toman fotografías constantemente. Ese tipo de prácticas es como un tema de perfilar a periodistas", manifestó Cárcamo.
Cárcamo también se refirió a la reunión que tuvo el presidente Nayib Bukele anoche con organizaciones de la sociedad civil. Cárcamo lamentó que el Ejecutivo no invitó a la APES a participar de ese encuentro, siendo que se comprometió a respetar la libertad de expresión.
"Nos sorprendió las declaraciones donde decían que el presidente se comprometía a defender la libertad de expresión, para nosotros más que palabras son los actos. ¿Cómo puede garantizar la libertad de prensa? para empezar que elimine los discursos de odio que promueve cada vez que tiene oportunidad en redes sociales. Los discursos de odio hacia la prensa deben ser eliminados de la vocería en los funcionarios públicos", exhortó Cárcamo.
Además, dijo que si de verdad Bukele quiere respetar la libertad de expresión y de prensa debe promover en la Asamblea una iniciativa de ley en su defensa y no ordenar que archive el proyecto de ley que la APES presentó en el Congreso.
También frenar el retroceso en el acceso a la información pública desde las reformas impulsadas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) por el gobierno para declarar en reserva información que es pública y oficiosa y dejar de usar la pauta publicitaria como un medio de "castigo" a los medios de comunicación que lo cuestionan.
“Desde APES seguiremos defendiendo la libertad de prensa en un contexto en el que el buen periodismo no es grato para el poder”, afirmó Cárcamo.
Fagoaga quien desde mañana presidirá la APES también recordó que el respeto al ejercicio periodístico debe seguir existiendo, ya que gracias a investigaciones realizadas por distintos medios se logró conocer sobre los sobresueldos que cobraban ex funcionarios de gobiernos anteriores y otros casos de corrupción.
"Gracias al periodismo este país ha conocido casos de corrupción grandes que afectan a este país, gracias al periodismo se conoció corrupción del expresidente (Elías) Saca y de (Mauricio) Funes y del presidente actual, se mencionaron nombres que están en investigación ahora mismo. A veces se olvida la fuente de esa información, nos parece importante recalcar a la población que se conoció gracias a eso", expresó Fagoaga.
En cuanto a periodistas mencionados por Saca de recibir sobresueldos también desde Casa Presidencial; Fagoaga señaló que era información que también lograron conocer mediante las investigaciones y que ellos así como el resto de citados expresidentes, vicepresidentes y sus exsecretarios privados, deberán someterse a un debido proceso.