El objetivo del gobierno de Bukele con las anunciadas “reformas profundas” a los ahorros de pensiones es estatizarlos, para disponer de cada una de las cuentas privadas de los trabajadores en las AFP, advierten especialistas en economía y pensiones consultados.
Según la Superintendencia de Pensiones, hasta mayo de 2021 el patrimonio de los trabajadores en las AFP era de $12,812 millones.
El 80% de ese monto, es decir, un aproximado de $9,500 millones, están invertidos en títulos del gobierno y el resto está distribuido en depósitos a plazos, en bancos, acciones de empresas, titularización de activos y algunas inversiones en valores extranjeros.
Si estatiza los ahorros de los trabajadores, el gobierno de Bukele podrá borrar esa deuda de $9,500 millones que le debe al sector laboral a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y disponer del resto.
Ante la falta de información y certidumbre de hacia dónde irán las reformas anunciadas por el presidente Nayib Bukele, los economistas y expertos en materia de pensiones han hecho cálculos fiscales y no les queda duda de que el fin primordial que persigue el gobierno es asegurarse de borrar el saldo de la deuda que tiene el Estado con los trabajadores, no de mejorar las pensiones como lo han hecho ver el presidente Bukele, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya o el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.
¿Cómo lo harán?
De hecho, los especialistas consideran que no son muchas reformas que haría la Asamblea, al menos a unos tres artículos de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, para que los fondos de los trabajadores pasen a manos del Estado y convertir al INPEP en una especie de AFP pública aprovechando la infraestructura instalada.
Yanira Escobar, abogada y especialista en pensiones, reveló a El Diario de Hoy que tiene conocimiento fidedigno de que el gobierno ya está preparando al INPEP para el traslape de sus nuevas funciones y que pueda recibir fondos. Las AFP no desaparecerán de inmediato. Al igual que ha hecho Bukele con el Plan Control Territorial, las reformas se irán realizando en etapas, pero la más inmediata y principal de todas es “nacionalizar las pensiones”, bajo un “enfoque político”, en el cual le será difícil aumentar el monto de las pensiones , dado el alto endeudamiento que enfrenta El Salvador.
“En el INPEP ya están probando los sistemas, tienen pruebas de procesos, llegaron de Casa Presidencial a capacitar al personal del INPEP, pero como no conocemos las propuestas y solo lo hacen a nivel de comerciales y slogan, la verdadera reforma no se conoce; por lo tanto, se especula, lo cierto es que no dejarán de pagar pensiones, pero no habrá mejores pensiones”, afirmó Escobar.
El Gobierno está insolvente
El economista Rafael Lemus subraya que si la intención del gobierno es mejorar las pensiones tendría que poner más dinero de sus arcas, pero en este momento la hacienda pública es insolvente.
“Los trabajadores no creo que estén a favor de estatizar los ahorros a cambio de las mismas pensiones o un aumento chiquito”, explicó Lemus.
Al principio el gobierno de Bukele anunció que después de las elecciones municipales y legislativas de marzo de 2021 llevarían a la Asamblea un proyecto de ley totalmente nuevo de pensiones, pero hace pocos días en vallas y mupis publicitarios que el gobierno ha colocado en las calles del país anuncian que van “por una verdadera reforma de pensiones”, sin dar mayores detalles.
Los expertos consultados al respecto valoran que el Ejecutivo no enuncia en qué consisten porque realmente el trasfondo de todo es echar mano de las pensiones bajo el slogan de que el gobierno las mejorará, pero las condiciones financieras del Estado no dan para eso; al contrario, los ahorros serán el salvataje del gobierno y las pensiones se quedarán igual, afirman los especialistas.
Gobierno se beneficiará con los ahorros de los trabajadores
Uno de los expertos explica que al hacerse con los fondos de pensiones, el gobierno borra su deuda de $9,500 millones con los trabajadores y al mismo tiempo se ahorra cerca de $400 millones en pago de intereses este año, lo cual le favorece grandemente.
Dice que la jugada maestra del gobierno no es aumentar las pensiones, sino tener una alternativa para financiar el déficit fiscal de este año y del próximo y que por eso le urge estatizarlas.
Tomando como base los datos del compromiso previsional del Estado hasta febrero de 2021, al desaparecer la deuda que tiene con los trabajadores que ronda actualmente en $9,500 millones, quedaría una diferencia de $3,312 millones, tomando en cuenta que el acumulado de los ahorros de los trabajadores hasta mayo de 2021 es de $12,812 millones.
De los $3,312 restantes habría que quitar el 20% del fondo actual que está invertido en valores privados, que son alrededor de $2,250 millones, en el caso de que decidiera mantenerlos, con lo que el gobierno dispondría de unos $1,100 millones para usarlos en lo que él quiera.
Esto pondría al gobierno en una situación favorable, con un margen bastante amplio para seguirse endeudando y proyectando un crecimiento económico conservador del 4.5%, dijeron los especialistas consultados.