La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió a la Fiscalía General que investigue al Ministro de Salud y al Director General de Migración para determinar si incurrieron en responsabilidades penales derivadas de la “obstaculización del trabajo institucional de la PDDH”, y que también establezca si hubo “responsabilidades estatales por los efectos de la violación al derecho humano a la salud y derechos conexos”.
En su resolución, la PDDH establece que los referidos funcionarios gubernamentales le violaron el derecho a la salud a las personas retornadas y confinadas en siete centros de contención y que “resultaron contagiadas por el virus COVID-19 o que han sufrido otros detrimentos en su salud durante su restricción de libertad”.
Estos centros de retención se encuentran en las colonias Ciudad Satélite y Monserrat; el Pedro Pablo Castillo (sobre el Bulevar Venezuela), CAIPEM –no especifica el qué lugar-, el ubicado en la calle 5 de Noviembre, el Katya Miranda –en complejo de la Alcaldía de San Salvador, y el San Francisco.
Señala la PDDH que “determínase responsabilidad por dicha violación al Órgano Ejecutivo, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, y del Ministerio de Salud, en razón de la ejecución de las acciones y omisiones señaladas”, dice la resolución.
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También se responsabiliza al Director de Migración de haber violado la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en “razón a las directrices giradas a personal bajo su cargo para no brindar información requerida por personal de PDDH Y ante su omisión directa de informar lo requerido”.
En ese sentido, la PDDH recomienda al presidente Nayib Bukele que verifique el actuar de cada uno de los funcionarios bajo su cargo, con el fin de que cumplan con los requerimientos que realizan los organismos de control y fiscalización de orden constitucional.
Le sugiere además que gire las directrices pertinentes a los diferentes titulares de las carteras de Estado, para que cumplan con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de la PDDH.
Al ministro Alabi le recomienda que revise y adecúe los diferentes lineamientos, protocolos, y cualquier otro tipo de instrumento que contenga normas en materia de salud para la atención de la emergencia, de “manera que sean respetuosos y garantes de los derechos fundamentales de la persona humana”.
Asimismo, le sugiere que garantice que el personal de Salud a cargo de los centros de retención, proporcione información sobre el estado de salud de cada persona, las fechas previstas para la toma de muestras y para la obtención de los resultados de las pruebas PCR, fechas de salida y cualquier otra información relevante.
También deberá de asegurar la adecuada atención psicosocial de las personas en los centros de confinamiento y de manera particular, a “aquellas que enfrentan estancias prolongadas bajo las mencionadas condiciones”. En las últimas semanas la Procuraduría denunció que el Estado violenta derechos de personas al mantenerlas por más de 30 días. Esto ha llevado a que varios retenidos se organizaran y reclamaran que les realizaran las pruebas o que los llevaran a sus casas. Varios fueron trasladados a centros de retención fuera de San Salvador, luego de plantear sus demandas.
Al director de Migración le sugiere que facilite la comunicación de forma eficaz, entre la Dirección de Migración y la PDDH, para garantizar el flujo de información de forma expedita, certera, precisa, y oportuna; estableciendo un canal de comunicación, designado para que se proporcione información periódica sobre las condiciones de personas retornadas en los centros de contención.
#ProcuradorDDHH #ApolonioTobar emite resolución de responsabilidad y de medidas cautelares, en relación con las condiciones en las que se encuentran los centros de contención habilitados para personas retornadas de Estados Unidos. pic.twitter.com/fXa8q9AFa0
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) May 26, 2020
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