El procurador de derechos humanos, Apolonio Tobar, presentó este jueves en la Asamblea Legislativa un informe de labores que incluye las acciones generadas por la militarización de esa institución el 9 de febrero.
“En El Salvador ni tengo que explicarles la cantidad de ataques que se generan a la institución y al procurador, particularmente desde la presidencia (de la República), desde donde he sido estigmatizado como defensor de criminales”, expresó Apolonio, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en la entrevista de Canal 21.
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El funcionario, acudió hoy a la Asamblea Legislativa a presentar un informe de labores sobre su gestión, agregó que en el país “en este momento ser defensor de derechos humanos es ser altamente discriminado, atacado y vilipendiado” por las funciones que el cargo le demanda.
Tobar explicó que la institución ha generado unos 80 pronunciamientos sobre diferentes temáticas que están recopiladas en el informe, entre ellas están las afectaciones que ha sufrido la ciudadanía por el manejo que el Gobierno ha hecho de la pandemia del COVID-19. También se ha pronunciado sobre los sucesos ocurridos el pasado 9 de febrero, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó militarizar el Congreso horas antes de que él irrumpiera en el recinto para amedrentar a los legisladores si no le autorizaban un préstamo de $109 millones para ejecutar la fase III del Plan Control Territorial.
Este hecho fue duramente criticado por diferentes sectores del país y la comunidad internacional, pues lo fue calificado como un “intento de golpe de Estado”.
“Hubo un intento de golpe de Estado, de disolver la Asamblea. Eso solamente lo había visto en Venezuela y Nicaragua”, expresó, en su momento, Mario Ponce, presidente del Legislativo.
El funcionario pidió al Ministerio Público que investigara esos hechos. Días después, el fiscal general, Raúl Melara, aseguró que ya se habían iniciado las indagaciones, pero más de cinco meses después aún no ha presentado el resultado de la investigación.
Otros temas que contiene el informe de labores de la Procuraduría de Derechos Humanos son el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado y la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras.
Durante la presentación en la Asamblea agregó que se han hecho orientaciones legales, asistencias inmediatas y se han recibido más de 1,000 denuncias durante la pandemia del COVID-19.
Uno de los 120 pronunciamientos que emitió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el último año tiene que ver con la militarización del Órgano Legislativo que ordenó el presidente de la República, Nayib Bukele, el 9 de febrero pasado, para amedrentar a los legisladores para que le autorizaran un préstamo de $109 millones para ejecutar la fase III del Plan Control Territorial.
“Consideramos importante que el Estado debe dar garantía a la población salvadoreña de que las violaciones generadas en el conflicto armado no deben repetirse y es necesario generar una defensa férrea del estado constitucional y democrático de deberes”, expresó al respecto el procurador Apolonio Tobar.
El funcionario hizo este pronunciamiento este jueves en el pleno de la Asamblea Legislativa, a donde acudió para rendir un informe de las labores realizadas entre junio de 2019 y mayo de 2020.
#ProcuradorDDHH #ApolonioTobar entregó hoy ante la Asamblea Legislativa de El Salvador su informe de labores periodo 2019-2020. pic.twitter.com/rtxx0b9NSb
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) July 23, 2020
En la misma sesión también comparecieron los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General y los ministros de Bukele.
La toma de la Asamblea por parte de militares y policías fue un acto duramente criticado por diferentes sectores del país y por la comunidad internacional, pues fue calificado como un “intento de golpe de Estado”.
En su intervención ante los diputados, Tobar explicó que la institución que dirige también se ha pronunciado en temas como la falta de acceso a la justicia, las afectaciones al medio ambiente, la violencia contra grupos vulnerables, entre ellas mujeres, menores de edad y la comunidad LGTBI. También contra la supresión de plazas en el sistema público, los desplazamientos forzados y los migrantes.
En el marco de la pandemia por el COVID-19, la Procuraduría ha recibido 1,560 denuncias relacionadas con la vulneración de derechos de ciudadanos y agentes de seguridad pública.