Patrimonio de 78 funcionarios en la mira de la Corte este año

Esas declaraciones caducarán este año. 15 casos de exaltos funcionarios ya prescribieron. Finalizaron informes como los de Ana Vilma de Escobar, Guillermo Gallegos y Sigfrido Reyes.

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De informes de Probidad de la Corte Suprema han surgido indagaciones de exfuncionarios como Mauricio Funes. A él la Fiscalía le determinó la comisión de delitos como lavado de dinero por $351 millones. Foto EDH / Archivo

Por Mirella Cáceres

2019-02-13 9:29:39

Unas 15 declaraciones patrimoniales que altos funcionarios presentaron ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya prescribieron porque pasaron los diez años que da la ley para ser analizados y resueltos. Esto significa que a lo mejor nunca sepamos si estos exservidores públicos tuvieron algún incremento justificado o injustificado de su patrimonio.

Además, para este año hay un listado de 78 declaraciones de bienes que están por prescribir.

Según el magistrado de la Corte Suprema y miembro de la Comisión de Ética y Probidad, Óscar Alberto López Jerez, debido a que no quieren que caduquen como ha sucedido con los otros, se han propuesto echar adelante esos 78 casos y están dejando para después los que han llegado últimamente.

El magistrado dice que no puede dar nombres de los casos prescritos, nada más dice que son declaraciones que presentaron altos funcionarios los que ya caducaron. “Hemos descubierto tantos casos que han prescrito, lo cual no es correcto, porque mire, (son) funcionarios de primer nivel. ¿Por qué los dejaron prescribir?”, lanza.

Para López Jerez, de haberse hallado y comprobado alguna irregularidad en esos casos prescritos, se habría recuperado dinero para el Estado. Para evitar que eso se repita, asegura, con la comisión de Ética y Probidad están dando prioridad a los que están por prescribir.

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“Estamos agarrando los casos que están por prescribir y después vamos a seguir con los que están, de funcionarios actuales”, añade López Jerez, quien junto a sus colegas Leonardo Ramírez Murcia, Sergio Luis Rivera Márquez, Paula Patricia Velásquez y Roberto Carlos Calderón, integran la nueva comisión.

De los casos que caducarán este año ya fueron asignados 22 para ser analizados.

El artículo 240 de la Constitución establece la obligación para los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones de patrimonio al inicio como al final de su gestión ante la Corte Suprema de Justicia y que será esta la que tiene “la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración…”.

En el último inciso del referido artículo dice que “los juicios de enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo, cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”.

El análisis y comprobación de la información que presentan los funcionarios sobre su patrimonio y el de su grupo familiar cuando inician su gestión y cuando la acaban, se vuelve vital para detectar posibles indicios de corrupción en el Estado, ya que así se corrobora que los servidores del Estado no han mentido o no se han enriquecido de manera ilícita a costa del Estado.

Según López Jerez, hay casos en los que el declarante dice que ha recibido sobresueldos, pero que esto debe ser comprobado no con recibos simples firmados por los receptores, sino que deben presentar documentación firmada por el Presidente de la República u otro funcionario que avaló la erogación. “Aquí tiene que responder el funcionario que lo entregó… porque allí sí voy a valer yo, porque entonces sí conozco el destino y de dónde vino el dinero”, afirma.

El protagonismo de Probidad

La relevancia que ha cobrado la Sección de Probidad desde la Corte anterior comenzó con algunos hechos como el levantamiento de la restricción a Probidad para hacer investigaciones bancarias que había impuesto la administración de Agustín García Calderón.

En junio de 2015 aceptó una resolución del IAIP de entregar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Mauricio Funes, Antonio Saca y Francisco Flores. Pero en julio de 2017, la Corte le pone reserva a los informes de los investigados.

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De las investigaciones de Probidad han derivado procesos civiles en tribunales y en algunos ya existen condenas de exfuncionarios por enriquecimiento ilícito, entre ellos el expresidente Funes. Además del exdirector del ISSS, Leonel Flores (fue condenado) y el expresidente de la Corte Suprema, García Calderón a quien enviaron a juicio por no justificar 173,951 dólares.

El juicio civil a Saca aún está pendiente. Está acusado junto a su esposa de no haber justificado el ingreso de $4.5 millones.

López Jerez asegura que como comisión se han propuesto hacer un trabajo objetivo, profesional y no de acuerdo a colores ni venganzas políticas, sino con base en números, todo bajo nuevos criterios.

Uno de los criterios que, dice, toman en cuenta, es que están midiendo con igual parámetro a los investigados, y pone de ejemplo los casos de exfuncionarios que ya quedaron fenecidos con los que aún están bajo el lente. “Entonces, qué sucede, todos esos casos prescribieron, esos funcionarios salieron bien, ¿y los que están ahora? Estos no se han dejado que prescriban. A eso es lo que voy yo: esto tiene que ser parejo”, asegura.