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Así fue como el bono de $300 que dio el Gobierno durante la cuarentena fue desviado a la pandilla 18R

La Fiscalía narra, mediante acusación judicial, cómo decenas de pandilleros obtuvieron el bono que el gobierno salvadoreño dio durante la cuarentena por la pandemia. En la investigación hay audios de conversaciones entre imputados, en los cuales se menciona a un alto funcionario del actual gobierno.

Por El Diario de Hoy | Feb 20, 2022- 22:45

El juicio contra un grupo de pandilleros de la 18 y varias vendedoras informales podría finalizar esta semana, según fuentes judiciales. Foto EDH / Archivo

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con decenas de escuchas telefónicas, con autorización judicial, que ha ofrecido como pruebas de cargo contra 43 acusados, entre éstos miembros de la pandilla 18 Revolucionaria y vendedores informales, en el juicio o vista pública que inició el lunes y que está previsto que concluya en un par de semanas.

A través de las escuchas, la Fiscalía asegura que pudo establecer que miles de dólares que el Gobierno de Nayib Bukele entregó a través del bono de 300 dólares durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 a la mayoría de familias salvadoreñas, fueron desviados hacia la pandilla 18 Revolucionaria que tiene presencia en el llamado Centro Histórico de San Salvador, específicamente en y alrededores de la Plaza Libertad.

VER: Testigos confirman que pandilleros cobraron ilegalmente $300 del bono en cuarentena, según Fiscalía

En el listado de acusados también destaca un nombre: el de Norma Elivania Aguirre, una mujer de 58 años, oriunda de Ahuachapán, en cuya casa, el día de que la capturaron, las autoridades encontraron 15,853.60 dólares, según documentos judiciales a los que El Diario de Hoy tuvo acceso.

Ella está acusada de varios delitos graves: extorsiones, conspiración para cometer homicidios, homicidios agravados y casos especiales de lavado de dinero. Eso indican los documentos judiciales.

VERSIÓN DEL MINISTRO

El Diario de Hoy consultó al ministro de Trabajo Rolando Castro, su opinión sobre por qué en unos audios se lo menciona. Esta fue su respuesta: El ministerio de Trabajo nunca ha estado asignado para entrega de bono. No tenemos hasta este día (miércoles 16 de febrero pasado) ningún tipo de subsidio. Literalmente a nadie. Cuando vi la noticia (publicada en un matutino) NO encontré nada lógico porque el Ministerio de Trabajo no maneja ningún tipo de subsidio. He pedido información a las diferentes jefaturas y en efecto hay presencia de unos vendedores esos días, pero es por un trámite que tiene que ver con una solicitud de legalización de un sindicato. Y por supuesto, en cualquier trámite de legalización de un sindicato, se piden los documentos donde comprueben su calidad. Eso es lo que ha pasado y LPG junto con el actual fiscal del caso han querido vincular al Ministerio en un tema que nada tenemos que ver.

De acuerdo con los documentos que son parte del proceso judicial, Norma Aguirre es propietaria de una venta de jugos denominada “El Levantón”, ubicado sobre la Cuarta calle Poniente y Segunda avenida Sur, en el centro de San Salvador.

Ella está siendo enjuiciada por el delito de “casos especiales de lavado de dinero”. La investigación dirigida por la Fiscalía detalla que Norma Aguirre realizó compras por más o de 252 mil dólares entre el 2012 al 2019.

Eso indican los reportes hechos al Ministerio de Hacienda por proveedores que en ese lapso realizaron ventas a la imputada.

Plática de Norma, Darío y Dasen

En la acusación que la fiscalía ha presentado en este caso, destacan las llamadas entre Norma Elivania Aguirre, vicepresidenta de la Organización de Vendedores Independientes (OVI) y , supuestamente, los pandilleros Miguel Ángel Morales Flores (Dasen o Snoopy) y José é Darío Saravia (Daddy Yankee) mediante las cuales hablan sobre cómo iban a gestionar la ayuda gubernamental, bien que fuera canalizada a través de la alcaldía de San Salvador o por medio del bono de 300 dólares que el gobierno entregaría a cada familia que no tuviera un ingreso mensual fijo durante la cuarentena por COVID-19.

En las escuchas telefónicas, los pandilleros confirman que muchos puestos de ventas informales son propiedad de esa pandilla, aunque están a nombre de testaferros.

“No, se los van a dar a ustedes, personales, para la gente que está ujum ujum ujum ujum.... Pero la otra semana, no dijeron fecha. Solo que hay algo, ponga atención: Si a caso no nos saliera nada esta semana me voy con todos los poderes a tocar las paredes; ahí está el Colocho todo el listado y está viendo lo que le mandé a Rolando Castro...” fue la respuesta que Norma dio cuando un pandillero le pregunta si la plata sería canalizada a través de los alcaldes.

Luego, la misma conversación transcurrió en dejar en claro cómo serían desviados esos fondos hacia las arcas de la Pandilla 18 Revolucionaria que opera en parte del centro de San Salvador.

“Nosotros tenemos puestos que son de la familia (pandilla), Vaya, entonces, eso mismo me manda a hacer ver el licenciado de allá abajo, que usted no se vaya olvidar que si son 25 o 50 puestos esa cucharada nos tiene que llegar a nosotros”, le dice Dasen, el pandillero a Norma.

Ante lo cual, ella comentó: “Ahí no hay falla. Aquí están los nombres. Bley (pandillero alias Bleyser) los está viendo. Óigame lo que le voy a decir: del dinero que les van a dar, si son 50 puestos, que les llegue a ustedes ¿Así? Por ejemplo, el dinero se los van a dar a ustedes”, se escucha decir a Norma en uno de los audios.

“Vos podes tener un puesto que es del barrio, que es de nosotros, de la familia (pandilla), vaya, entonces, ese dinero qué se va a hacer: nos tiene que llegar a nosotros. Nosotros no le estamos pidiendo ni más ni menos. Si son 25 puestos, pues entonces nos va a llegar 300 dólares por cada puesto que es de la familia...”, se escucha en una conversación tripartita, entre Dasen, Norma y Daddy Yankee.

Llevaron documentos al ministerio de Trabajo

En los seguimientos que investigadores policiales realizaron, determinaron que en varias ocasiones, sujetos a los que señalan en el proceso judicial como miembros o colaboradores de la pandilla 18, visitaron las oficinas del Ministerio de Trabajo, supuestamente para entregar la lista de los “vendedores” para que recibieran el beneficio del bono de $300.

En el dictamen de acusación de la Fiscalía, en la declaración de un testigo se lee: “...posteriormente realizaron miles (sic) y seguimiento del señor Marcos Ulises Landaverde Cárdenas y a Carlos Alberto Álvarez Leal blazer en momentos que se trasladaron al ministerio de trabajo y previsión social (sic) y estos habían manifestado que llevaban documentación a la señora licenciada Yasmín Calderón quien la asistente del despacho del ministro de trabajo señor Rolando Castro a fin de ser incluidos en el beneficio económico de la emergencia”.

El Diario de Hoy consultó, a través de mensajería directa, su versión al ministro de Trabajo Rolando Castro, sobre la mención que se le hacía en algunas conversaciones entre supuestos pandilleros y una vendedora.

El funcionario respondió que el Ministerio de Trabajo nunca ha estado asignado para entrega de bono y que la cartera de Estado que dirige, no tiene ningún tipo de subsidio para entregar a nadie (ver recuadro).

Posteriormente, por la misma vía, se le requirió su opinión, sobre el porqué los pandilleros y la vendedora lo mencionaban en las conversaciones y por qué se mencionaba en el dictamen de acusación, que los supuestos vendedores habían entregado documentos a la asistente de su despacho. Sin embargo no hubo respuesta.

La investigación fiscal no solo ha puesto al descubierto la forma cómo fueron desviados fondos públicos (Bono de $300) hacia las finanzas de la pandilla 18 revolucionaria que opera en los alrededores de la Plaza Libertad.

En las escuchas telefónicas, los mismos miembros de pandillas confirman que muchos puestos de ventas informales son propiedad de esa misma pandilla aunque están a nombre de testaferros de ese grupo criminal. Además, pone al descubierto prácticas monopólicas de la pandilla, en cuanto que prohíbe a otros vendedores, comercializar los productos que la organización criminal distribuye en sus puestos.

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