Varios investigadores de la policía relataron, este miércoles en el juicio contra 43 supuestos pandilleros, cómo mareros de la pandilla 18, haciéndose pasar como vendedores informales, cobraron ilegalmente el bono de $300 en plena cuarentena obligatoria por el covid-19.
Los investigadores, quienes declararon como testigos, son los que llevaron las indagaciones sobre un grupo de pandilleros de la 18 que operaba en el parque Libertad y sus alrededores de San Salvador, y que se dedicaban a extorsionar a por lo menos 34 comercios formales, rutas de autobuses y cooperativas de taxis.
Los investigadores relataron que se dieron cuenta a través de las escuchas telefónicas que supuestos vendedores, pero que eran pandilleros, llegarían a un negocio en el centro de San Salvador para entregar sus DUI con el propósito de ser beneficiados con el bono de $300.
Luego las copias de los documentos de identidad eran llevadas al Ministerio de Trabajo.
VER: Pandilleros en juicio por cobrar ilegalmente bono de $300 durante la cuarentena
“Estos pandilleros utilizan el ardid de que son vendedores del sector del parque Libertad. Corroboramos y se verificó esa situación de que realmente eran miembros de pandillas los que salieron beneficiados como cualquier ciudadano utilizaron ese mecanismo”, dijo uno de los fiscales en el juicio.
En las investigaciones fiscales se señala que la imputada Norma Elivania Aguirre era la encargada de recoger los documentos personales de los pandilleros que serían beneficiados con el bono. “Esta señora les había prometido sacarles los $300”, dijo uno de los testigos basado en las escuchas.
Agregó que “ella lo hacía a través de una persona que estaba en el Ministerio de Trabajo”. El testigo no reveló la identidad de la persona que trabaja en el Ministerio de Trabajo. Al respecto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo ayer a El Diario de Hoy que dicho ministerio no tuvo nada que ver con la entrega del bono.
Aguirre, quien es dirigente de una asociación de vendedores informales, es acusada de extorsión continuada y de lavado de dinero. En el allanamiento que los policías le hicieron en su casa encontraron $15,853 en efectivo, sin que justificara la procedencia legal del dinero.
Los documentos de identidad eran llevados al Ministerio de Trabajo, según los testigos, por Marco Ulises Landaverde Cárdenas y el supuesto pandillero Carlos Alberto Álvarez, apodado el Blazer.
En una ocasión cuando intervinieron a Landaverde y a Álvarez, cerca del Ministerio de Trabajo, les encontraron un folder con las fotocopias de varios DUI, sin especificar la cantidad de documentos que llevaban.
José Manuel Arucha, defensor de Aguirre y Landaverde, cuestionó a los investigadores de la policía.
“A las preguntas que la Fiscalía les hace, los testigos responden ‘no me acuerdo’, ‘no sé’, ‘no me fijé’. En lo personal, me extraña que un investigador venga en ese son. Han preguntado de una forma tan desordenada que ni siquiera han hecho un lineamiento como para señalar directamente a una u otra persona”, dijo Arucha.
Con respecto a las acusaciones en contra de sus defendidos, el abogado Arucha aseguró que “lo que están haciendo ver es que la niña Norma se puso de acuerdo con la 18 para que les diera un listado completo como lo manejó la Fiscalía en su acusación para el famoso bono.
Afirmó que como Aguirre es dirigente de una asociación de vendedores, entonces “la alcaldía de San Salvador cuando se da esta situación le dice a ella que haga un listado de sus vendedores a quienes pueden favorecer con los $300, una relación alcaldía con ella, eso es lo que ha sucedido realmente”.